JOSE ANTONIO COTA ARAIZA Y OTROS

                                VS.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN

REGIÓN: SECCIÓN 21 

1. Escuelas de Tiempo Completo
2. Escuelas en horario discontinuo
3. Escuelas fuera del horario de clase y en fines de semana

1. Ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y todas las vacantes definitivas  por la vía de Concurso Nacional Público de Oposición convocado y dictaminado de manera independiente.
2. El acceso a funciones directivas en el ámbito estatal se realizará por la vía de concursos públicos de oposición.

1. Certificación de competencias profesionales.
2. Fortalecer la profesionalización de los docentes de las escuelas normales y creación de 5 centros regionales de excelencia académica.

1. Reformar los lineamientos del Programa de Carrera Magisterial para que se consideren exclusivamente tres factores: Aprovechamiento escolar (medido a través de instrumentos estandarizados aprobados por el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación), cursos de actualización (certificados de manera independiente) y desempeño profesional.

2. Formación Integral de los Alumnos para la Vida y el Trabajo.

1. Por nivel de aprendizaje.
2. Gestión del centro escolar.
3. Docente, del educando, de padres de familia y tutores.
4. Infraestructura y equipamiento escolar.
5. Medios e insumos didácticos para el aprendizaje.
6. Habilidades y competencias del estudiante por asignatura y grado.

Artículo 78. El Comité Ejecutivo Nacional será electo en Congreso Nacional, así como los suplentes respectivos, de conformidad con lo establecido en este Estatuto, y durará en su cargo cuatro años.  

Artículo 81. Son atribuciones y obligaciones de la Presidencia Nacional, las siguientes:  

I.- Ejercer la representación legal del Sindicato;

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN.

El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

    Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

    Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.

    Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales.

    Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.

    Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.

SINDICATOS GREMIALES. EN LA EXPEDICIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO RELATIVAS A SU PROFESIÓN, SU OPINIÓN DEBE SER TOMADA EN CUENTA SI ESTÁN LEGALMENTE REGISTRADOS Y ACREDITADA SU MAYORÍA, A FIN DE NO VIOLENTAR EL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL.

La libertad de asociación garantiza a los trabajadores el derecho de velar conjuntamente en la mejora de sus condiciones laborales y económicas, siendo la negociación de las condiciones de trabajo su máxima expresión, principios en que se sustenta la libertad sindical en la Declaración de los Derechos Humanos y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por México, interpretación que es compatible con la que ha dado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 43/99, que la consagra en un sentido pleno de universalidad. Ese derecho se ve respetado en el apartado B del artículo 123 constitucional que rige para los trabajadores burocráticos, cuando el titular de la dependencia respectiva fija las condiciones generales de trabajo y toma en cuenta la opinión del sindicato. Por otra parte, en el apartado A del artículo 123 de la Constitución priva el principio de que cuando existe una especialidad profesional, el sindicato tiene capacidad para suscribir y administrar un contrato colectivo propio, precisamente porque existen condiciones de trabajo distintas al resto de los trabajadores. Atento a este marco jurídico y que conforme a la tipología de sindicatos prevista en la fracción III del artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ésta puede ser gremial, es dable concluir que debe tomarse en cuenta la opinión de los sindicatos gremiales, previo cumplimiento a estar legalmente registrados y acreditada su mayoría en el seno de su especialidad, sobre sus condiciones generales de trabajo respecto de su profesión, en razón a que es el que tiene el conocimiento para lograr la eficacia a que se refiere el numeral 88 del ordenamiento antes citado, aunado a que de no ser así implicaría restarles capacidad de defensa y darles un trato diferenciado y discriminatorio que violenta el derecho a la libertad sindical. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

    Amparo directo 21563/2006. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 23 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes. 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. 

….

…

IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA.

Si bien es cierto que las garantías que otorga la Constitución Federal sólo pueden restringirse por disposición de la propia Ley Fundamental o por otra ley a la que la misma remita, también lo es que los conceptos de violación que haga valer el quejoso en el juicio de amparo, respecto al artículo 1o. de la Carta Magna que prevé la garantía de igualdad, sólo pueden entenderse en relación directa con las libertades que la propia Constitución consagra. Esto es, la violación que se produciría, en su caso, al artículo 1o. sólo puede advertirse de un estudio conjunto de dicho ordinal con la correlativa libertad que se arguye violada. 

Amparo en revisión 295/99. Colegio Mexicano de Licenciados en Administración, A.C. 8 de mayo de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José  Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número CXXXIII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil. 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

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…

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A…

I a la III…
 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. 

V a la VIII… 

B...

…

. La Federación, los Estados y los Municipios, para

I…

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

III a la IX...  

…

…

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

La educación que imparta el Estado tenderá  a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y 

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley; 

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

Los mexicanos siempre hemos depositado en la educación nuestros más elevados ideales, la preocupación educativa figura ya en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán en 1814. Pero correspondió a la generación liberal consolidar el avance más significativo en nuestra concepción educativa al establecer tanto la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza primaria, como el laicismo de la escuela pública. En 1857 se incluyó por primera vez en la Constitución, bajo el título de los derechos del hombre, un artículo específicamente dedicado a la educación. Esta inclusión reflejaba la certeza liberal de que la instrucción de los ciudadanos era el medio más eficaz de vencer obstáculos para el progreso nacional en todos los órdenes. 

El proyecto educativo de los liberales alcanzó  mayor relieve el año mismo en que triunfó  la República, al expedir el presidente Benito Juárez la Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal. Dicha ley establecía la obligatoriedad de la educación primaria y, bajo ciertas condiciones, su gratuidad. Estas disposiciones fueron recogidas por la legislación de la mayoría de los Estados de la República, y se conjugó así la fuerza de la soberanía estatal con el principio de la unidad nacional. 

Aun en las precarias condiciones de una nación que debió  invertir su primer medio siglo de vida en la defensa y afirmación de su soberanía e independencia nacional, quedó plasmada la convicción de que la educación primaria debía ser un derecho fundamental del pueblo mexicano. Esta certidumbre explica la pasión con que el Congreso Constituyente 1916-1917 abordó los alcances de la función educativa, al ratificar la concepción liberal de la educación y ampliar su alcance social.

En el curso de ese Congreso Constituyente se debatió  dónde debería incluirse el precepto de primaria obligatoria, si en el capítulo de garantías individuales o sí  bien en el de obligaciones de los gobernados. La decisión del Constituyente fue que en el capítulo segundo, De los Mexicanos, se incluyera como obligación para éstos el hacer que sus hijos o pupilos, menores de 15 años, concurrieran a las escuelas públicas o privadas, para cursar la educación primaria elemental. Esta decisión significa que en la percepción del Constituyente, era en los padres en quienes recaía la obligación de hacer que sus hijos estudiaran la primaria.

En 1934, el Constituyente Permanente incluyó  en el artículo tercero la disposición expresa de que la educación primaria sería obligatoria. De la lectura de la iniciativa, el dictamen respectivo y el debate consiguiente, no es posible discernir ni se trata de la obligación del Estado de impartir educación primaria o de la obligación de los individuos de cursaría, o bien, si sólo se pretendió compilar en este artículo la obligación de los mexicanos ya prevista en el artículo 31 de hacer que sus hijos estudien la primaria. En esta iniciativa se propone esclarecer el alcance de tales obligaciones. 

En México es inobjetable el derecho a la igualdad de oportunidades de acceso al sistema educativo nacional sin más limitaciones que satisfacerlos requisitos expresados en las disposiciones aplicables.

"Esta iniciativa de reforma buscar precisar una garantía individual que se encuentra implícita, con cierta ambigüedad, en el artículo tercero, hoy vigente: la del acceso a la educación. A diferencia de los demás derechos garantizados por la llamada parte dogmática de la Constitución, la educación no aparece como un mandato a la autoridad para que ejecute o permita que se efectúe una conducta determinada. Tampoco se señala quién es el beneficiario de la obligación que tiene el Estado. Así pues, conviene establecer explícitamente en el artículo tercero el derecho de los mexicanos a recibir educación. De este modo, el Estado, además de procurar la impartición de la educación en los términos de esta iniciativa, deberá abstenerse de expedir resolución o realizar acto alguno que impida a todos los individuos, que cumplan los requisitos señalados en las disposiciones aplicables, tenerlas mismas oportunidades de acceso a la educación.

"En la historia de México, la educación siempre ha preparado y apoyado las grandes transformaciones y, en particular en nuestro siglo, cada avance social ha ido acompañado de un renovado impulso a las tareas educativas, afianzándolas, extendiendo sus beneficios y ensanchando así nuestros horizontes. México vive hoy una honda transformación que exige dedicar atención cada vez más creciente a la educación.

"Una preocupación principal de las grandes luchas sociales ha sido lograr el aumento paulatino de la escolaridad considerada necesaria y obligatoria. En 1867, cuando el presidente Benito Juárez introdujo la obligatoriedad de la primaria, ésta correspondía a la llamada educación primaria elemental, consistente en sólo tres años de estudios ya la que seguía la llamada primaria superior. Más tarde la obligatoriedad comprendió una educación primaria elemental de cuatro años y, en 1905, Justo Sierra pugnó porque se extendiera a cinco años. La Ley Orgánica de Educación, promulgada en febrero de 1940, fijó que la educación primaria abarcarla un periodo de seis años. 

"Al establecer el Constituyente de 1917 la obligatoriedad de la primaria en los términos del artículo 31, se logró generar un gran aliento a la obra educativa, que ganaría fuerza durante los años veinte, en especial a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública. En efecto, aun cuando en ese entonces debió parecer remota la posibilidad de extender la primaria a toda la población, su elevación a rango constitucional comprometió el largo esfuerzo de maestros, padres de familia y autoridades que gradualmente fue dando frutos.

"En el curso de siete décadas y, en buena medida, bajo el impulso del mandato constitucional, la escolaridad promedio pasó de uno a más de seis grados y el índice de analfabetismo se redujo de más del 70 por ciento a aproximadamente el 12 por ciento. Hoy en día, uno de cada tres mexicanos está en la escuela, dos de cada tres niños en edad preescolar tienen acceso a esa enseñanza, la atención a la demanda de educación primaria es cercana al 90 por ciento y cuatro de cada cinco egresados de primaria continúan la enseñanza secundaria. En el mismo lapso, la matrícula total del sistema escolar pasó de 850,000 a más de 25 millones, es decir, a una matrícula que es superior a la población entera de cerca de un centenar de naciones de hoy individualmente consideradas.

"Grandes han sido los logros educativos, pero existe también plena conciencia de los rezagos y nuevos retos, El XI Censo General de Población y Vivienda de 1990, permite constatar que todavía hay niños sin acceso a la primaria y jóvenes y adultos que no la concluyeron. 

"El esfuerzo unido de sociedad y gobierno ha logrado que existan hoy condiciones más favorables para abatir los rezagos, disolver las disparidades regionales, avanzar hacia la universalización plena de la primaria y elevar la calidad de la educación de acuerdo a las necesidades de desarrollo del país y al desenvolvimiento de las oportunidades de mejoramiento social. 

"Cada día es más numeroso el acervo de estudios, investigaciones y pruebas científicas que ratifican la importancia formativa de los primeros años del ser humano. En ellos se determina fuertemente el desenvolvimiento futuro del niño, se adquieren los hábitos de alimentación, salud e higiene y se finca su capacidad de aprendizaje. En particular, la motivación intelectual en la edad preescolar -cuatro y cinco años- puede aumentar las capacidades del niño para su desarrollo educativo posterior. Una fuerte evidencia empírica comprueba que la educación preescolar reduce significativamente la reprobación y la deserción en los grados iniciales de la primaria, señaladamente en el primero, y permite ingresar al siguiente ciclo con una disposición mejor formada para la concentración y buen desempeño en las labores escolares.

"Por otra parte, la experiencia internacional revela que una escolaridad adicional, que comprenda la secundaria, impulsa la capacidad productiva de la sociedad; fortalece sus instituciones económicas, sociales, políticas y científicas; contribuye decisivamente a consolidar la unidad nacional y la cohesión social; promueve una más equitativa distribución del ingreso al generar niveles más altos de empleo bien remunerado y elevar los niveles de bienestar; mejora las condiciones de alimentación y salud; fomenta la conciencia y el respeto de los derechos humanos y la protección del ambiente; facilita la adaptación social al cambio tecnológico y difunde en la sociedad actitudes cívicas basadas en la tolerancia, el diálogo y la solidaridad.

"En virtud de estas consideraciones, la presente iniciativa de reforma se propone Precisar en el artículo tercero que el Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria a todo el que la solicite, en los términos que fijen la ley reglamentaria respectiva y demás ordenamientos aplicables. Esta disposición afirmará el compromiso del Estado de proporcionar servicios educativos suficientes para que toda la población pueda cursar los ciclos escolares señalados.

"Es importante precisar que, además de cumplir con la obligación de impartir educación preescolar, primaria y secundaria que, de aprobarse la presente iniciativa, se haría expresa en el artículo tercero, el Estado seguirá cumpliendo sus compromisos respecto a los demás tipos y modalidades de educación incluyendo la superior -y apoyando el desarrollo y difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología. Es propósito firme no sólo mantener, sino incrementar, el apoyo del Gobierno de la República a estas actividades. Así se promoverá tina política integral en materia educativa, cultural, y de ciencia y tecnología. 

"En el progreso educativo de nuestro siglo, la escuela pública ha tenido mérito sobresaliente. El Gobierno de la República tiene un compromiso inquebrantable con esa educación a la que tiene acceso la mayoría de los mexicanos. Por ello, al formular esta iniciativa se ha tomado en cuenta que varias de las reformas propuestas al artículo tercero fortalecerán la importante función social que cumple la escuela pública y, consecuentemente, el Gobierno de la República deberá imprimir nuevo aliento a su política educativa.

"El Estado-federación, estados y municipios- cumplirá  la obligación de impartir educación preescolar, primaria y secundaria conforme al federalismo educativo que, con sustento en el régimen de concurrencia previsto por la Constitución y la Ley Federal de Educación, se convino el 18 de mayo de 1992, para concretar las respectivas responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en la conducción y operación del sistema de educación básica y normal. Además, la impartición de educación primaria y secundaria no quedará limitada en función de la edad de los individuos que las cursen. Corresponderá a las leyes secundarias establecer las distintas modalidades, según se trate de educación para menores o de educación para adultos. 

"Conviene señalar que, en los términos de esta iniciativa de reforma, si bien se precisa la obligación que tiene el Estado de impartir educación preescolar, primaria y secundaria, la obligación de los padres de hacer que sus hijos la cursen sólo se aplica a los dos últimos ciclos citados. Esto es no será obligatorio que nos niños cursen la educación preescolar. Entre las razones para esta limitación sobresale la potestad que deben conservar los padres ya sea de dar directamente en el hogar una instrucción inicial a los niños, o bien, de hacer que la reciban en los planteles adecuados. Sería improcedente que la obligación que recae en los padres acerca de la educación primaria y secundaria, fuese extensiva, en iguales términos, a la educación preescolar. Ciertamente la educación preescolar es muy importante para el desarrollo de las facultades de la persona, pero no sería razonable ni justo que se erigiera como requisito para ingresar a la primaria, sobre todo tratándose de niños mayores de seis años de edad. Con todo, deberá ser un decidido propósito de política educativa promover la educación preescolar. 

"La incorporación en el texto constitucional de la obligación del Estado de impartir educación preescolar, significará  un impulso a ese ciclo formativo. En la actualidad, se atiende casi al 68 por ciento de la población de cuatro y cinco años de edad y conviene tener en cuenta que, en 1970, el porcentaje de atención era menor al 12 por ciento. Este crecimiento revela que existe una dinámica firme y sostenida de las entidades públicas e instituciones de los sectores social y privado, que ha permitido extender rápidamente la atención a la demanda de educación preescolar. Sin duda esa dinámica se ha visto acelerada por la presencia más vigorosa de la mujer en las actividades productivas del país. Esta iniciativa estimulará una creciente participación de la mujer mexicana en el desarrollo de la nación. 

"La obligatoriedad de la secundaria impondrá  esfuerzos complementarios que podernos y debemos realizar, Es necesario hacer efectivo el acceso universal a la primaria, elevar sustancialmente el promedio nacional de alumnos que la concluyen y promover la calidad de los conocimientos que en ella se imparten. Estos propósitos también animarán la labor de la autoridad respecto de la educación secundaria para fincar una correspondencia entre la cobertura y calidad de ambos ciclos. De esta manera podremos satisfacer las necesidades que impone una sociedad diversificada, productiva y participativa como la del México de hoy. 

"Al plantear objetivos cada vez más elevados de desarrollo nacional, los mexicanos tenemos que fijarnos, coherentemente, metas más ambiciosas en el orden educativo. Incluir la secundaria dentro de la escolaridad que deben tener todos los mexicanos significa que sociedad y gobierno asumen el compromiso de unirse en el esfuerzo por alcanzar una mejor educación y una formación más acorde con el mundo en el que habrán de vivir las generaciones que hoy se instruyen.

"La educación enaltece al individuo y mejor a la sociedad. El derecho a la educación lleva implícito el deber de contribuir con el desenvolvimiento de las facultades del individuo, al desarrollo de la sociedad. De aprobarse la presente iniciativa, el primer párrafo del artículo tercero -además de establecer el derecho a la igualdad de oportunidades de acceso a la educación y la obligación estatal de impartirla en los niveles considerados como básicos- precisaría el carácter obligatorio de la educación primaria y secundaria para todos los habitantes de la República. Esto sin perjuicio de la obligación de los mexicanos de hacer que sus hijos acudan a las escuelas a recibir educación, en los términos señalados en la fracción I del artículo 31. 

"Ahora bien, es oportuno puntualizar que la falta de educación primaria o secundaria no deberá ser invocada para justificar disposiciones, medidas o acciones discriminatorias, señaladamente en el empleo. En congruencia con lo dispuesto por el artículo quinto, y demás artículos constitucionales relativos a las garantías individuales, ningún precepto legal podría establecer el haber cursado primaria o secundaria como condición previa para el ejercicio de derechos. En este sentido, dichos niveles de educación no se convierten en requisito para obtener trabajo, ejercer los derechos políticos o ejercer la patria potestad sobre los hijos. Para los individuos, la educación es un deber social cuya recompensa se halla en el progreso individual y colectivo, y cuya única sanción reside en un más limitado desarrollo de la persona. En consecuencia, sería muy conveniente que esta consideración fuese tenida en cuenta al elaborarse la ley secundaria respectiva.

"La educación ha contribuido a labrar una parte fundamental de la identidad nacional y del sentimiento de pertenencia a una patria soberana, independiente y unida. La educación ha sido medio para asegurar la permanencia de los atributos de nuestra cultura y el acrecentamiento de su vitalidad. La educación resume nuestra concepción de la democracia, el desarrollo y la convivencia nacional, y por ello es en el artículo tercero donde el Constituyente ha plasmado los valores que deben expresarse en la formación de cada generación de compatriotas.

"La unidad nacional se verá fortalecida por el acceso de los mexicanos a un mismo conjunto básico de conocimientos en la educación primaria y secundaria. Para lograr ese propósito, en el marco del Pacto Federal, es conveniente reconocer una autoridad única nacional encargada de normar el conjunto básico de conocimientos y vigilar que se observe su enseñanza en todo el país.

"Esa autoridad única nacional velará porque la educación en el país, en los términos que señala la propia Constitución, tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomente en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Igualmente cuidará que la educación esté orientada por un criterio basado en los resultados del progreso científico y luche contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Dicho criterio, además, será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y contribuirá a la mejor convivencia humana, a robustecer el aprecio de la dignidad de la persona, la integridad de la familia, el interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando discriminaciones a partir de raza, de religión, de grupo étnico, de sexo o de peculiaridades individuales.

"El carácter nacional de la educación primaria y secundaria sirve para fomentar la calidad de la enseñanza, precisando claramente los atributos v características que debe cumplir. Asimismo, al implantarse planes y programas similares para toda la República, permitirá que los hijos de familias que mudan su lugar de residencia puedan continuar sus estudios sin contratiempos. 

"En consecuencia, la iniciativa comprende la incorporación en el artículo tercero del precepto, hoy vigente en la Ley Federal de Educación, que faculta expresamente al Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio que deberán ser observados en toda la República en los ciclos de educación primaria, secundaria y normal. La trascendencia de esta iniciativa radica en que asegurará que los mexicanos de todas las regiones geográficas, de todas las procedencias sociales y de todas las condiciones económicas, compartirán una misma educación básica, sin mengua de la inclusión de los acentos locales y regionales que, a propuesta de los gobiernos de los estados, aprobará la propia autoridad educativa nacional. 

"En las reformas introducidas en 1934, se consideró  que la educación de todo tipo y grado que se impartiera a obreros y a campesinos debería quedar, por ese solo hecho, sometida a un régimen jurídico particular. Con el ensanchamiento de las oportunidades de educación, a través de la multiplicación de instituciones de enseñanza media superior, institutos tecnológicos y universidades, tanto obreros y campesinos, como sus hijos, han tenido acceso creciente a la educación que se imparte a todos los sectores sociales. En consecuencia, se propone hacer partícipes a los obreros y campesinos de las condiciones de igualdad jurídica que, en este sentido, disfrutan los demás miembros de la sociedad. 

"En la reforma constitucional de 1934 y ante las circunstancias de entonces, se dispuso que la autorización a los particulares para impartir educación primaria, secundaria y normal -así  como la de cualquier tipo o grado destinada a obreros y a campesinos- puede ser negada o revocada sin que contra tales resoluciones de la autoridad proceda juicio o recurso alguno. Esta medida dio lugar a un régimen de excepción que, a la luz de las condiciones actuales y de conformidad con la tradición jurídica del Estado Mexicano, no es ya consecuente. Una de las exigencias del Estado de Derecho, consiste en que la ciudadanía pueda acudir al Poder Judicial para solicitar se revise la legalidad de los actos de las autoridades. Esto apunta a que el ciudadano se asista de dicho Poder en la defensa de sus garantías y derechos individuales, así como en el discernimiento jurídico de que, en sus actos, las autoridades han respetado y aplicado la ley. Nuestro Estado de Derecho prevé que las controversias jurídicas surgidas acerca de la constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades se resuelvan a través de la función jurisdiccional. La iniciativa propone ampliar la vigencia de este derecho ciudadano. 

"Consecuentemente, se propone suprimir la última parte de la fracción III del artículo tercero actualmente en vigor. A la vez, se propone que en la fracción que señala que para poder impartir educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán obtener previamente autorización expresa del poder público, se adicione la mención de que dicha autorización expresa deberá hacer con apoyo en las disposiciones legales aplicables. La reforma en los términos propuestos dará fin al estado de indefensión que actualmente afecta a los particulares que imparten educación.

"Con el propósito de otorgar mayor seguridad jurídica a los particulares que concurran a la función educativa, la iniciativa de reforma propone agregar que el reconocimiento de validez oficial que confiere el Estado a los estudios que se realicen en planteles particulares, se otorgará y podrá ser retirado de conformidad con los términos que fije la ley. Al otorgar autorizaciones y reconocimientos, las autoridades educativas continuarán vigilando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales que correspondan y, a la vez, podrán revocar las autorizaciones cuando haya causa fundada en la ley. 

"En la fracción V del artículo tercero propuesto, se modificaría el término grados, que se utiliza para referirse a tina estructura interna de los tipos y niveles educativos, por el de modalidades, que alude a la manera escolar o extra escolar de prestar el servicio educativo.

"En congruencia con la obligatoriedad de la secundaria, la iniciativa de reforma incluye una modificación a la fracción I del artículo 31, a fin de que los padres hagan que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria y secundaria, en los términos que establezca la ley. Se corresponsabiliza así a los padres para que sus hijos ejerzan su derecho a la educación.

"Las reformas que contiene esta iniciativa, presentada a la consideración del Constituyente Permanente, se inscriben en el legado educativo de México, amplían el ideario social plasmado en el artículo 3º  y ratifican el compromiso del Gobierno de la República con la educación pública. 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará  a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

LIBERTAD DE TRABAJO. EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE RESTRINGIR ESA GARANTÍA A GOBERNADOS EN PARTICULAR. Del análisis cuidadoso del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el Poder Legislativo puede, al emitir una ley, restringir la libertad de trabajo de una manera general, impersonal y abstracta, determinando que una actividad es ilícita, pero de ninguna manera puede establecer restricciones a esa garantía en relación con gobernados en particular, aunque éstos se mencionen de modo implícito, de modo tal que una vez aplicada a ellos la disposición, ésta pierda su eficacia. La razón radica en que la ley debe tener los atributos señalados y, además, en que el propio precepto constitucional reserva a la función judicial y a la administrativa ese tipo de restricciones personales al determinar que la libertad ocupacional puede vedarse por resolución judicial, cuando se afecten derechos de terceros, y por resolución gubernativa, en los términos que señale la ley, cuando se afecten derechos de la sociedad. 

Acción de inconstitucionalidad 10/98. Minoría parlamentaria de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León. 25 de febrero de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José  Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el cinco de abril en curso, aprobó, con el número 29/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de abril de mil novecientos noventa y nueve. 

LIBERTAD DE TRABAJO. LA GARANTÍA DEL ARTICULO 5o. CONSTITUCIONAL NO IMPIDE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA REGLAMENTAR LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOBRE ESTA MATERIA.

Ha sido criterio firme de este alto Tribunal que la libertad de trabajo sólo puede vedarse mediante una ley en sentido formal y material, es decir, una norma general, impersonal y abstracta, emanada del órgano constitucionalmente investido de la facultad legislativa, y que al Presidente de la República no corresponde hacerlo a través de normas reglamentarias, debiendo entenderse que se veda esa libertad cuando se impone al gobernado la prohibición absoluta de realizar cierta actividad, sea cual fuere la circunstancia o condición en que lo haga. Es en este sentido, que el Presidente de la República no está facultado para reglamentar el artículo 5o. constitucional, puesto que él no tiene atribuciones para vedar la libertad de trabajo, esto es, para imponer sobre el gobernado esa prohibición absoluta de realizar cierta actividad, pero ello no significa desconocer la facultad que tiene de regular su ejercicio dentro de los límites que establezca una ley, porque la reserva legal de orden formal se refiere a la sustancia del derecho, no a las condiciones concretas de su ejercicio, pues la definición de estas últimas corresponde a una regulación concreta y pormenorizada de cada una de las ramas de la actividad, sea comercial, industrial o profesional, de acuerdo con las particularidades del lugar y tiempo y con las exigencias impuestas por la necesidad de conciliarla con otros principios de derecho. La garantía radica en asegurar que el legislador defina el contenido básico de libertad, mas no en impedir que la autoridad administrativa regule su ejercicio, siempre y cuando apoye su potestad reglamentaria en una ley, de acuerdo con el artículo 89, fracción I, constitucional, y sus normas no afecten el contenido esencial del derecho, no desnaturalicen su substancia, ni tampoco disfracen, bajo la apariencia de un requisito, una auténtica prohibición de su ejercicio.

Amparo en revisión 199/90. Martín Otilio Arias Montero y otros. 8 de octubre de 1990. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 

1. Que la libertad de trabajo sólo puede vedarse mediante una ley en sentido formal y material, es decir, una norma general, impersonal y abstracta, emanada del órgano constitucionalmente investido de la facultad legislativa;

2. Que al Presidente de la República no corresponde hacerlo a través de normas reglamentarias, debiendo entenderse que se veda esa libertad cuando se impone al gobernado la prohibición absoluta de realizar cierta actividad, sea cual fuere la circunstancia o condición en que lo haga.

3. Que derivado de lo anterior, el Presidente de la República no está facultado para reglamentar el artículo 5º constitucional, puesto que él no tiene atribuciones para vedar la libertad de trabajo, esto es, para imponer sobre el gobernado esa prohibición absoluta de realizar cierta actividad, pero ello no significa desconocer la facultad que tiene de regular su ejercicio dentro de los límites que establezca una ley, porque la reserva legal de orden formal se refiere a la sustancia del derecho, no a las condiciones concretas de su ejercicio, pues la definición de estas últimas corresponde a una regulación concreta y pormenorizada de cada una de las ramas de la actividad, sea comercial, industrial o profesional, de acuerdo con las particularidades del lugar y tiempo y con las exigencias impuestas por la necesidad de conciliarla con otros principios de derecho.

4.  La garantía radica en asegurar que el legislador defina el contenido básico de libertad, mas no en impedir que la autoridad administrativa regule su ejercicio, siempre y cuando apoye su potestad reglamentaria en una ley, de acuerdo con el artículo 89, fracción I, constitucional, y sus normas no afecten el contenido esencial del derecho, no desnaturalicen su substancia, ni tampoco disfracen, bajo la apariencia de un requisito, una auténtica prohibición de su ejercicio.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

I.  Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.

Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José  Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

Artículo 123.

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las Entidades de la República. 

El sistema diferencial de salarios de acuerdo, con las regiones del país que establece el articulo 123 para los trabajadores de la industria en general debe considerarse aplicable también para los trabajadores al servicio de la federación pues los  servicios y las obras que el emprende para impulsar las regiones menos desarrolladas, debe crear progresivamente el ascenso económico de ellos si introducir en la economía local factor perturbador alguno, muchas veces inflacionario como podría ser la diferencia de sueldos y salarios que se cubrirían al personal del gobierno federal ocupado en dichas tareas frente a los salarios generales de los trabajadores de una región. Cuando la Constitución estableció en la fracción VI del inciso a) del articulo 123 el factor regional en el régimen de salarios, considero justamente el impacto económico que podría crearse en el desarrollo de las regiones, pues si bien es cierto que a un mayor ingreso individual, en términos generales, corresponde un ascenso en el nivel de vida, también es verdad que cuando el ambiente económico local no se encuentra preparado para absorber ese incremento, pueden producirse perturbaciones en los precios que provoquen una presión contraria a los trabajadores de la nación, que por motivos de salarios mas bajos tendrían que representar los perjuicios de los altos salarios de las trabajadores de la Federación. Esta repercusión adversa a los menos favorecidos  seria contraria al espíritu que anima la obra del gobierno federal para el desarrollo uniforme y progresivo de todas las regiones del país y muy especialmente de aquellas que por diversos motivos han quedado rezagadas dentro del proceso económico y social de México. 

VIII.  Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia;

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DE LOS ESTATUTOS SINDICALES. DEBE SUJETARSE A LA REGLA GENERAL DE UN AÑO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

La prescripción es una institución jurídica de orden público acogida por el derecho laboral en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica. En este sentido, el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo establece que prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo; sin embargo, esas acciones no guardan analogía con las previstas en los estatutos sindicales, por tratarse de derechos adquiridos por los trabajadores cuando se encuentran en activo; consecuentemente, tratándose de acciones derivadas de los estatutos sindicales, la prescripción de estas reclamaciones debe sujetarse a la regla general de un año consignada en el artículo 516 de la citada legislación.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 13413/2006. Roberto González Sánchez. 10 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario:

SINDICATOS, ESTATUTOS DE LOS. MEDIOS DE DEFENSA PREVISTOS EN ELLOS. NO HAY NECESIDAD DE AGOTARLOS PARA OCURRIR A LOS TRIBUNALES LABORALES.

Los conflictos que surjan entre trabajadores o entre éstos con sus patrones o sus sindicatos, deben resolverse por los tribunales del trabajo que establece el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución General de la República, sin que se tengan que cumplir más requisitos que los que establece la propia Constitución o su ley reglamentaria, de modo que si los estatutos de un sindicato imponen más requisitos que los establecidos en las normas señaladas, tales disposiciones estatutarias carecen de eficacia, porque implican la privación de los derechos que concede la ley, y por tanto los afiliados no están obligados a satisfacer tales requisitos para conservar sus acciones, las que sólo se extinguen por los medios preceptuados por los ordenamientos legales, fundamentalmente a través de la prescripción.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 84/85. Abel Castillo Vergara. 21 de junio de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

Nota: En el Informe de 1985, la tesis aparece bajo el rubro "MEDIOS DE DEFENSA PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS SINDICALES, NO HAY NECESIDAD DE AGOTARLOS PARA OCURRIR A LOS TRIBUNALES LABORALES.".

Genealogía:
Informe 1985, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 16, página 151.  

AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO. PUEDEN SEÑALARSE COMO RESPONSABLES LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, CUANDO EL AMPARO EN SU CONTRA NO SE PROMUEVE POR VICIOS PROPIOS.-

De una interpretación sistemática de los artículos 107, fracciones III, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional en la vía uninstancial, permite al quejoso impugnar la constitucionalidad de los actos de ejecución exclusivamente en vía de consecuencia, es decir, por considerar inconstitucional la resolución que pone fin al juicio, la sentencia definitiva o laudo reclamados, ya que la vinculación de causalidad jurídica tan estrecha que existe entre éstos y su ejecución, llevan a estimar que en el juicio de amparo directo sí pueden señalarse como responsables a las autoridades ejecutoras, puesto que la declaración de ser contrarios a la Carta Magna los actos de los tribunales de que se trata, igualmente comprenderá los actos de ejecución, pues serán frutos de actos viciados; interpretación que tiene apoyo también en los principios de la indivisibilidad de la demanda, de concentración, y de expeditez o celeridad del procedimiento, establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los actos reclamados se encuentran vinculados estrechamente y forman una unidad que no es jurídicamente conveniente desmembrar para no romper la continencia de la causa, además de que el procedimiento del amparo directo permite llevar a cabo, dentro de un mínimo de actos procesales, todas las determinaciones necesarias para resolver en forma integral la solicitud del quejoso con el propósito de obtener la protección de la Justicia Federal; en caso contrario, se establecería la procedencia de las dos vías de impugnación a través del juicio de amparo: la del directo y la del indirecto, para el conocimiento y resolución de actos que guardan tal dependencia que lo que se resuelva respecto de uno tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, de modo que el Juez de Distrito no podría decidir algo distinto a lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia, en su caso, y a pesar de esa circunstancia se vería constreñido a observar los trámites previstos para la sustanciación del juicio de amparo indirecto, con el consiguiente retardo en la solución integral de la controversia planteada. Da igualmente apoyo a la anterior interpretación, el contenido de la fracción III del artículo 166 de la Ley de Amparo, que dice: "La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: ... III. La autoridad o autoridades responsables; ...", expresión que, al estar empleada también en plural, es indicativa de que la ley de la materia no limita el señalamiento de autoridades a sólo la que emitió el laudo, sentencia o resolución definitivos, sino también permite la designación de la autoridad a quien se atribuye la ejecución de la misma, máxime que la Ley de Amparo, en el artículo 11, dispone: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.". No es obstáculo a la consideración anterior el criterio jurisprudencial visible en la página seiscientos cincuenta y uno del Tomo I de la obra Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA CONCEDERLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE SE SEÑALE COMO RESPONSABLE A LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN.", porque esta jurisprudencia únicamente significa que no existe obligación de señalar a las autoridades ejecutoras pues, aun cuando no se haga, de todas formas los actos de ejecución deben suspenderse; mas no puede derivarse de la misma el que si se señalan a las autoridades ejecutoras en el amparo directo éste sea improcedente, pues la procedencia del juicio de amparo directo se rige por principios independientes al trámite del incidente de suspensión.

Novena Época:

Contradicción de tesis 88/95.-Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.-9 de agosto de 1996.-Cinco votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, página 295, Segunda Sala, tesis 2a./J. 63/97; véase la ejecutoria en la página 296 de dicho tomo. 

DISPOSICIONES LEGALES 

Artículo 1.- Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.

…

Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I y II… 

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español. 

V a la XII… 

Artículo 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece. 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá  por: 

I a la III… 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del Artículo 48; 

II a la XIII… 

Artículo 29.- Corresponde a la Secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias. 

…

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 

I a la XI…  

XII.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.

…

Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el Artículo anterior se sancionarán con: 

I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o 

II.- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente.

La imposición de la sanción establecida en la fracción II no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa. 

Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno-Infantil Maximino Ávila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos.

Artículo 6o.- Son trabajadores de base: 

Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente. 

Artículo 10.- Son irrenunciables los derechos que la presente ley otorga. 

Artículo 11.- En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad.

Artículo 14.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores, aún cuando las admitieren expresamente, las que estipulen: 

I.- Una jornada mayor de la permitida por esta ley;

II…

III.- Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el trabajador, o para la salud de la trabajadora embarazada o el producto de la concepción; 

IV a la V… 

Artículo 15.- Los nombramientos deberán contener:

IV.- La duración de la jornada de trabajo;

V.- El sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador, y

VI.- El lugar en que prestará sus servicios. 

Artículo 22.- La duración máxima de la jornada diurna de trabajo será de ocho horas. 

Artículo 26.- Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de jornada máxima, este trabajo será considerado como extraordinario y nunca podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas.

Artículo 48.- Tienen derecho a participar en los concursos para ser ascendidos, todos los trabajadores de base con un mínimo de seis meses en la plaza del grado inmediato inferior. 

Artículo 49.- En cada dependencia se expedirá un Reglamento de Escalafón conforme a las bases establecidas en este título, el cual se formulará, de común acuerdo, por el titular y el sindicato respectivo. 

Artículo 50.- Son factores escalafonarios

I.- Los conocimientos.

II.- La aptitud.

III.- La antigüedad, y

IV.- La disciplina y puntualidad. 

Se entiende: 

a) Por conocimientos: La posesión de los principios teóricos y prácticos que se requieren para el desempeño de una plaza.

b) Por aptitud: La suma de facultades físicas y mentales, la iniciativa, laboriosidad y la eficiencia para llevar a cabo una actividad determinada. 

c) Por antigüedad: El tiempo de servicios prestados a la dependencia correspondiente, o a otra distinta cuyas relaciones laborales se rijan por la presente Ley, siempre que el trabajador haya sido sujeto de un proceso de reasignación con motivo de la reorganización de servicios, o de los efectos de la desconcentración administrativa aun cuando la reasignación tuviere lugar por voluntad del trabajador.

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las plazas de Directores y Subdirectores de Clínicas, Jefes de División Quirúrgica y de División Médica; Jefes de Servicios de Especialidad Médica y Quirúrgica y Jefes de Laboratorio Médico, serán ocupadas por oposición entre los trabajadores de la misma Institución. Para calificar la oposición, la Comisión de Escalafón se asesorará de las Academias Nacionales de Medicina y de Cirugía, según el caso, las que rendirán el dictamen correspondiente, mismo que servirá de base para la designación. En el caso de que las Academias mencionadas declaren desierto el concurso para ocupar las plazas de Jefes de División de Medicina y Cirugía y Jefes de Especialidad Médica y Quirúrgica, podrá convocarse a oposición abierta entre todos los especialistas de la rama en la República. 

Artículo 51.- Las vacantes se otorgarán a los trabajadores de la categoría inmediata inferior que acrediten mejores derechos en la valoración y calificación de los factores escalafonarios.

En igualdad de condiciones tendrá  prioridad el trabajador que acredite ser la única fuente de ingresos de su familia y cuando existan varios en esta situación, se preferirá al que demuestre mayor tiempo de servicios prestados dentro de la misma unidad burocrática.

Artículo 52.- Los factores escalafonarios se calificarán por medio de los tabuladores o a través de los sistemas adecuados de registro y evaluación que señalen los reglamentos. 

Artículo 53.- El personal de cada dependencia será clasificado, según sus categorías, en los grupos que señala el artículo 20 de esta ley. 

Artículo 54.- En cada dependencia funcionará una Comisión Mixta de Escalafón, integrada con igual número de representantes del titular y del sindicato, de acuerdo con las necesidades de la misma Unidad, quienes designarán un árbitro que decida los casos de empate. Si no hay acuerdo, la designación la hará el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en un término que no excederá de diez días y de una lista de cuatro candidatos que las partes en conflicto le propongan. 

Artículo 56.- Las facultades, obligaciones, atribuciones, procedimientos y derechos de las Comisiones Mixtas de Escalafón y de sus Organismos Auxiliares en su caso, quedarán señalados en los reglamentos y convenios, sin contravenir las disposiciones de esta ley.

Artículo 58.- Al tener conocimiento de las vacantes, las Comisiones Mixtas de Escalafón procederán desde luego a convocar a un concurso, entre los trabajadores de la categoría inmediata inferior, mediante circulares o boletines que se fijarán en lugares visibles de los centros de trabajo correspondientes. 

Artículo 59.- Las convocatorias señalarán los requisitos para aplicar derechos, plazos para presentar solicitudes de participación en los concursos y demás datos que determinen los reglamentos de las Comisiones Mixtas de Escalafón. 

Artículo 60.- En los concursos se procederá por las comisiones a verificar las pruebas a que se sometan los concursantes y a calificar los factores escalafonarios, teniendo en cuenta los documentos, constancias o hechos que los comprueben, de acuerdo con la valuación fijada en los reglamentos. 

Artículo 112.- Las acciones que nazcan de esta Ley, del nombramiento otorgado en favor de los trabajadores y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes:

Artículo 113.- Prescriben:

I.-En un mes:

a) Las acciones para pedirla nulidad de un nombramiento, y

b) Las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar la plaza que hayan dejado por accidente o por enfermedad, contado el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo.

II.-En cuatro meses:

a) En caso de despido o suspensión injustificados, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la Ley concede, contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador, del despido o suspensión.

b) En supresión de plazas, las acciones para que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de Ley, y

c) La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores, contado el término desde que sean conocidas las causas. 

Artículo 114.- Prescriben en dos años:

I.- Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por incapacidad provenientes de riesgos profesionales realizados;

II.- Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los trabajadores muertos con motivo de un riesgo profesional realizado, para reclamar la indemnización correspondiente, y

III.- Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Los plazos para deducir las acciones a que se refieren las fracciones anteriores, correrán respectivamente, desde el momento en que se determine la naturaleza de la incapacidad o de la enfermedad contraída, desde la fecha de la muerte del trabajador o desde que sea ejecutable la resolución dictada por el Tribunal.

Las fracciones I y II de este artículo sólo son aplicables a personas excluidas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Artículo 115.- La prescripción no puede comenzar ni correr:

I.- Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la Ley; 

II.- Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra y que por alguno de los conceptos contenidos en esta Ley se hayan hecho acreedores a indemnización, y

III.- Durante el tiempo que el trabajador se encuentre privado de su libertad, siempre que haya sido absuelto por sentencia ejecutoriada.

Artículo 116.- La prescripción se interrumpe:

I.- Por la sola presentación de la demanda respectiva ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y

II.- Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, por escrito o por hechos indudables.

Artículo 124.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para: 

I.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores.

II.- Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el Estado y las organizaciones de trabajadores a su servicio;

III.- Conceder el registro de los sindicatos o, en su caso, dictar la cancelación del mismo; 

IV.- Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales, y

V.- Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo, Reglamentos de Escalafón, Reglamentos de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene y de los Estatutos de los Sindicatos. 

Artículo 125.- Tan pronto reciba la primera promoción relativa a un conflicto colectivo o sindical, el Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, citará a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación, que deberá llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación. En esta audiencia procurará avenir a las partes; de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de laudo, que las obligará como si se tratara de sentencia ejecutoriada. Si no se avienen, remitirá el expediente a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal para que se proceda al arbitraje de conformidad con el procedimiento que establece este capítulo. 

Artículo 126.- En el procedimiento ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no se requiere forma o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes. 

Artículo 127.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá: a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; a la contestación, que se hará en igual forma; y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará laudo. 

La Revolución Mexicana, a través de las normas jurídicas y de los gobiernos que han venido realizando sus postulados, ha reconocido y protegido los derechos de los servidores del Estado. El Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión ha cumplido, ampliamente, con su función armonizadora y de justicia social; pero al adecuarlo a las nuevas disposiciones constitucionales, es oportuno incorporar las mejoras que dicta la experiencia de los veinticinco años en que ha beneficiado a los íntimos colaboradores de la función pública, que son los trabajadores al servicio de la Nación.

Con base, además, en la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia y en las tesis del H. Tribunal de Arbitraje, se abordan en la presente Iniciativa -que se ha inspirado en el mismo espíritu de justicia y que ha sido formulada disponiendo de  una más amplia perspectiva técnica-  los problemas de: jornada de trabajo; estabilidad en el empleo: salarios; requisitos reguladores del escalafón conocimientos, aptitud y antigüedad; derecho de huelga; protección en casos de accidentes y enfermedades profesionales o no profesionales; jubilación; muerte; habitaciones baratas y tiendas económicas: protección específica de la mujer; estableciendo, también, la conciliación para resolver los conflictos colectivos y los intersindicales, así como otras normas; para el debido respeto de la dignidad y los derechos de los servidores públicos. 

En la Iniciativa se proponen modificaciones de importancia a la estructura y competencia del Tribunal de Arbitraje, transformándolo en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Conserva su esencial peculiaridad, porque las autoridades; siguen sometidas a su jurisdicción en igualdad procesal con sus subordinados. 

Así, a través da sus decisiones, coadyuvará  mejor con el Estado para obtener, cada día, una administración pública más eficaz. 

Como al régimen del Estatuto vigente se hallan incorporadas diferentes instituciones que, aunque con personalidad jurídica distinta a la de los órganos representativos del Estado, están estrechamente ligadas a sus actividades y fines, es evidente que deben continuar dentro de los límites normativos de la nueva ley. Con el objeto de  precisar su ámbito de aplicación, en el artículo 1º, se enumeran esas instituciones.

Artículo 14.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores, aún cuando las admitieren expresamente, las que estipulen:

I.- Una jornada mayor de la permitida por esta ley;

  II.- Las labores peligrosas o insalubres o nocturnas para menores de dieciséis años;

  III.- Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el trabajador, o para la salud de la trabajadora embarazada o el producto de la concepción;

  IV.- Un salario inferior al mínimo establecido para los trabajadores en general, en el lugar donde se presten los servicios, y

  V.- Un plazo mayor de quince días para el pago de sus sueldos y demás prestaciones económicas.

Artículo 51.- Las vacantes se otorgarán a los trabajadores de la categoría inmediata inferior que acrediten mejores derechos en la valoración y calificación de los factores escalafonarios:

En igualdad de condiciones tendrá  prioridad el trabajador que acredite ser la única fuente de ingresos de su familia y cuando existan varios en esta situación, se preferirá al que demuestre mayor tiempo de servicios prestados dentro de la misma unidad burocrática.

Es así como el Gobierno de la República, respetuoso de la legalidad y estimulado por ella, expresa su convicción en el carácter previsor del Derecho y en el propio e íntimo impulso transformador de éste. Sabe que la ley es el mejor instrumento para definir los objetivos comunes y está consciente, a la vez, de que en las normas jurídicas puede encontrarse el perfil de una nación. Por ello, la presente Iniciativa no sólo pretende regular conductas, sino además suscitar la creación de nuevos tipos de comportamiento de la población en relación con la mujer, para alentar la participación de ésta en las actuales estructuras del país, y favorecer el despliegue de su imaginación, de su talento y de su actividad en la formación del futuro nacional. 

Constituye ahora una necesidad fundamental sustentar la tarea del desarrollo en la expansión acelerada de oportunidades de empleo, a fin de ofrecer mayor participación a nuestro potencial humano.

La mitad o más de nuestros recursos humanos está  constituido por mujeres que, independientemente de las trascendentales funciones que la comunidad les ha confiado en la conducción de los asuntos del hogar, el cuidado y la educación de los hijos, desean y pueden concurrir mediante una participación más efectiva y directa, en la organización y enriquecimiento de la vida nacional. Las evidentes transformaciones de nuestras estructuras sociales y económicas derivadas de los logros de la Revolución, de los avances de la tecnología y de la ciencia y de la ampliación de las oportunidades educativas, que se conjugan al desarrollo político de nuestro sistema democrático, nos conducían a replantear varios de los preceptos establecidos por el artículo 123 Constitucional, relativos al régimen de protección de los derechos de la mujer en el trabajo. 

La legislación laboral vigente permite, en general, la realización del trabajo extraordinario y nocturno. Los reglamenta y los limita sólo con la intención de evitar la explotación y perjuicios a la salud física o psíquica de los trabajadores. Reconoce en suma la Ley, como un derecho de los trabajadores, el realizar, en las condiciones por ella previstas, este tipo de actividades. En las actuales condiciones del país no debería existir ningún motivo o razón para que, salvaguardando la integridad material y espiritual de la mujer, ésta no tenga el mismo derecho a realizar este tipo de trabajos, con la misma libertad que actualmente las disposiciones respectivas le reconocen al varón. 

La realización de trabajos de tal naturaleza sólo podrá  tener, a nuestro juicio, las limitaciones y protección que se deriven exclusivamente del ejercicio de la maternidad y del cuidado del producto durante los períodos de gestación y de lactancia. No cabe mantener alguna otra distinción o mal entendida protección al trabajo de las mujeres, que sea susceptible de traducirse en una actitud discriminatoria hacia su participación e incorporación al trabajo.

La Ley, asimismo, ha establecido diversos trabajos como peligrosos o insalubres. Permite, sin embargo, su desempeño, cuando en el medio del trabajo se reúnan los elementos suficientes para preservar la vida y la integridad de los trabajadores. 

En la presente Iniciativa se sugiere la reforma de varios preceptos de la Ley Reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, consecuentes, en el nivel legislativo secundario, con el espíritu y la letra de las mencionadas reformas al texto constitucional. En tal virtud, se permite, ampliamente, el trabajo de las mujeres en tareas que antes le estaban vedadas, se dispone adecuada protección para la mujer trabajadora en estado de gravidez y se resuelve otorgar preferencia para la obtención de trabajo y el ascenso escalafonario, en igualdad de condiciones, a quienes constituyan la única fuente del ingreso familiar. 

Teniendo presente que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, define como antigüedad del trabajador el tiempo de servicios prestados a la dependencia correspondiente, hemos estimado pertinente elevar a la consideración de Vuestra Soberanía, que ese derecho de los trabajadores, como ocurre para los efectos del otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, se haga efectivo considerando únicamente el tiempo de servicios prestados al Estado, independientemente de la dependencia o entidad a la que hayan servido y que ello quede garantizado en la Ley y no se vea afectado ante la necesidad de proceder a la resignación de los trabajadores públicos, ni con motivo de la reorganización de los servicios en las dependencias y entidades, ni por efecto de la ejecución de los programas de desconcentración administrativa del Gobierno Federal.

En la Exposición de Motivos de la Iniciativa, se explica que con motivo del Programa Nacional de Desconcentración Territorial de la Administración Pública Federal, habrá necesidad de hacer reacomodos del personal al servicio del Estado, por lo cual algunos trabajadores pasarán a prestar sus servicios a distintas Dependencias de la en que estén actualmente, lo que, de acuerdo con la disposición vigente del inciso 'C' de la Fracción IV del Artículo 50 de la Ley de que se trata, que establece que la antigüedad del trabajador comprende el tiempo de servicios prestados en cada Dependencia, podría vulnerar los derechos de antigüedad del trabajador, al pasar a prestar sus servicios a otra Dependencia, para evitar esto, el Ejecutivo propone la reforma de la indicada Fracción del Artículo 50 de la Ley en cita, a fin de que la antigüedad comprenda el tiempo de servicios prestados en cualquier Dependencia cuyas relaciones laborales se rijan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; por todo lo anterior se estima muy conveniente aprobar la Iniciativa Presidencial, ya que estatuye una protección a los intereses de los trabajadores al servicio del Estado. 

El artículo 50 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece los factores escalafonarios, cuyo orden debe seguirse para efectos de ascenso: conocimientos, aptitud, antigüedad, disciplina y puntualidad. Con el fin de que estos factores sean debidamente interpretados, en beneficio de los trabajadores, la segunda parte del precepto de referencia, define lo que debe entenderse por conocimientos, aptitud y antigüedad. La Iniciativa Presidencial se refiere al último de los renglones señalados, el relativo a la antigüedad. La disposición en vigor, entiende por antigüedad "el tiempo de servicios prestados a la Dependencia correspondiente. 

El Ejecutivo Federal propone que este concepto comprenda ahora el tiempo de servicios prestados a la Dependencia correspondiente o a otra distinta, cuyas relaciones laborales se rijan por la mencionada Ley, condicionando la prestación de servicios a que el trabajador haya sido sujeto de un proceso de reasignación, con motivo de la reorganización de servicios o de los efectos de la desconcentración administrativa, aun cuando la reasignación tuviere lugar por voluntad del trabajador, lo que produce un beneficio a todos los trabajadores, cuya permanencia en las labores de la administración pública federal, se haya efectuado en distintas Dependencias y lugares.

El Ejecutivo Federal ha tenido como preocupación constante y así lo afirma en la exposición de motivos, "atender la regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, porque en las últimas décadas nuestro desarrollo se ha caracterizado por un desordenado crecimiento de los centros de población, una inadecuada distribución de los recursos humanos y un permanente movimiento de la población hacia determinadas regiones y ciudades que, aparentemente, ofrecen mayores expectativas de progreso, lo que ha generado importantes desequilibrios en el desarrollo económico y social de las diferentes regiones del país. Fue así que el Ejecutivo Federal, en el contexto de la Ley General de Asentamientos Humanos, y conforme al Plan Nacional de Desarrollo Urbano, formuló y aprobó en su oportunidad el Programa Nacional de Desconcentración Territorial de la Administración Pública Federal". Conforme a dicho programa se prevén acciones concretas en materia de desconcentración, situaciones éstas que ha tomado en cuenta la Iniciativa y que las Comisiones han valorado debidamente, para encontrar procedente la reforma conceptual de que se trata, sin que puedan resultar lesionados aquellos trabajadores que por propia voluntad o por necesidades del servicio cambian de ubicación o de una Dependencia a otra. De esta manera no se verán afectados ante la necesidad de proceder a la reasignación de los trabajadores públicos, ni con motivo de la reorganización de los servicios en las Dependencias y entidades, ni por efecto de la ejecución de programas de desconcentración administrativa del Gobierno Federal. 

La administración de los recursos humanos del sector público federal, ha constituido una de las prioridades que han motivado nuestra especial atención, y ha sido preocupación del Ejecutivo Federal adoptar las medidas que coadyuven a perfeccionarla, como un medio para lograr mayor eficacia y eficiencia en el servicio público.

El procedimiento que contempla la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, respecto de la selección y nombramiento del personal federal destinado a ocupar las plazas disponibles cuando se han aplicado los sistemas escalafonarios, ha venido a demostrar la necesidad de su reestructuración, al considerar la importancia de racionalizar el incremento del personal al servicio del Estado, por encima de su capacidad y necesidades reales, y la conveniencia de que en este proceso de reclutamiento, tengan una efectiva participación las representaciones sindicales.

Confiamos en que la iniciativa que ahora me permito proponer, mejorará las relaciones de los titulares respectivos con sus trabajadores, porque está basada en la necesidad de corresponsabilizar a quienes se han encomendado las tareas públicas y en la voluntad de compartir las decisiones que propicien una mejor administración. 

La Iniciativa Presidencial tiende a dar mayor participación a las representaciones sindicales para ocupar las plazas disponibles del Personal Federal, una vez corrido los escalafones y, por consecuencia, mejorar las relaciones de los Titulares respectivos con sus trabajadores y responsabilizando a quienes se han encomendado las tareas públicas, como son los titulares de las dependencias, los trabajadores y los Sindicatos en que se agrupan compartiendo las decisiones en las tareas que propicien una mejor administración pública. 

Atendiendo al espíritu de la Iniciativa así  como al derecho que tienen los trabajadores de intervenir en los asuntos que les conciernen, la Comisión Dictaminadora consideró  prudente asegurar la participación del Sindicato en la elaboración de los estudios que determinaran la justificación para cubrir las vacantes.

Con este objeto, modificó el primer párrafo y suprimió  el último, de la Iniciativa que se dictamina.

En el mismo sentido, la Comisión estima que no debe quedar en manos de los titulares la facultad de suprimir las plazas de última categoría, lo cual podría causar graves quebrantos a la Administración Pública y al propio tiempo reducir la membresía de los sindicatos en forma arbitraria. 

La reforma del Artículo 62 de la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado, formalmente representa una mejoría respecto de la situación prevaleciente, en la medida en que el sindicato podrá cubrir el 50% de las plazas vacantes de última categoría. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el régimen que debe prevalecer en la contratación del personal al servicio del Estado, debe de ser el mismo que prevalece en la contratación del personal en cualquier otro tipo de actividad. 

La diferenciación que se ha establecido entre el Estado y cualquier otro patrón y que se ha introducido en la Constitución con el Apartado B del Artículo 123, no solamente atropella los derechos colectivos de los trabajadores del Estado, sino en nombre de este régimen de excepción, se ha convertido a la organización sindical de los trabajadores del Estado, en una organización sindical también de excepción, en la medida en que no goza de las mismas prorrogativas que el resto de los sindicatos del país. 

En su oportunidad propondremos a esta Cámara de Diputados la derogación del Apartado B del artículo 123 de la Constitución, porque consideramos que el Estado es patrón y que el régimen laboral no tiene por qué ser distinto al que rige para la generalidad de los trabajadores mexicanos, pero al plantearse la reforma del Artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, nosotros no podemos estar de acuerdo en ninguna manera, en que los sindicatos de trabajadores del Estado solamente propongan a la mitad del personal de última categoría y de las plazas de nueva creación, mientras que el resto de los sindicatos del país gozan de la cláusula de exclusividad de la contratación. Además solamente se trata de las plazas de última categoría y de nueva creación o "las disponibles, dice el proyecto de ley, con cada grupo", una vez corridos los escalafones respectivos, es decir, se refiere a las vacantes que hubiera. 

Nosotros consideramos que el porcentaje de las plazas a que se refiere este Artículo 62, no debería ser del 50% sino el 100%. ¿Que justifica que esta facultad sea compartida mitad y mitad entre el sindicato y los altos funcionarios de la Federación?

¿Qué justifica que el sindicato no pueda usar un derecho que es el de la exclusividad en la contratación conferido en el régimen laboral de nuestro país más que en un 50%? 

¿Cómo se puede justificar que una prerrogativa de este tipo, que un derecho del sindicato se disminuya a la mitad en un momento determinado?

¿Cómo se pueden ejercer derechos al 50%? 

Esta es la pregunta, no derechos plenos como los de cualquier régimen jurídico, en determinado marco, sino derechos al 50%, que eso es lo que está proponiendo la reforma del Artículo 62. Frente a esta posición que propone el establecimiento de medios derechos, nosotros proponemos el establecimiento del derecho completo del sindicato para proponer en los términos incluso del 2o. párrafo del Artículo 62 que es lo que predomina en el régimen laboral del país "el 100% del personal para ocupar las plazas de última categoría de nueva creación, o las disponibles una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren..." de tal manera que los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado puedan lograra que se les confiera una prerrogativa sindical que prevalece en el régimen laboral de nuestro país. Por lo tanto propongo la siguiente redacción:

"Artículo 62. Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren y previo estudio realizado por el Titular de la Dependencia, tomando en cuenta la opinión del sindicato que justifique su ocupación, serán cubiertas en su totalidad por los candidatos que proponga el sindicato.

Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán  reunir los requisitos que para esos puestos señala cada una de las dependencias." 

C. Hugo Domenzáin 

Dentro de la Comisión está firmado por los miembros de ella lo que aquí  se ha presentado y ahora vienen y hablan en contra. No lo entendemos así. Además tenemos que ver la distinta naturaleza del Estado patrón y la empresa privada que es lo que explica que tengamos el Apartado 'A' y el Apartado 'B'. 

Yo quisiera preguntar si alguien sabe de algún obrero que haya llegado a director o a titular de donde trabaja. Nosotros tenemos ya afortunadamente casos que de humildes trabajadores han llegado a directores o titulares de la dependencia. 

Cierto, el cien por ciento es lo ideal, pero para nosotros que hemos estado pugnando por años para que esa iniciativa sea una realidad, el 50% de las plazas trabajadoras, pedidas, luchadas por todos los sindicatos federados de los trabajadores  servicio del Estado, es un avance trascendente; es un avance trascendente como lo es la Reforma Administrativa que por primera vez le da justicia a nuestros compañeros; que los prepara; que los capacita; que les abre es escalafón que les da pirámides escalafonarias.

Para nosotros pues, desde el punto de vista de los dirigentes sindicales, sabemos que esto es el primer paso, un primer paso que nos vemos a demostrar que ese 50% de trabajadores que lleguen por medio del sindicato, mediante exámenes, van a ser los mejores trabajadores para que, tal vez en un futuro muy próximo, nosotros mismos le demostraremos al Estado que podemos sugerir y pedir y exigir el 100% de las plazas.

Sexta Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volumen Quinta Parte, LXV, p. 32,  aislada, Laboral.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. DETERMINACIONES DE LAS COMISIONES MIXTAS DE ESCALAFON. 

Conforme al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, las vacantes definitivas que ocurran en cada unidad burocrática, deben boletinarse primeramente a fin de que los interesados puedan ejercitar sus derechos y, además, "la determinación" de la persona que deba ascender a cada vacante corresponde a la comisión de escalafón, quedándole al titular de la unidad burocrática la obligación de acatar esa "determinación".

Precedentes: Amparo directo 4312/60. Capdeville Levas Álvaro. 7 de noviembre de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Adalberto Padilla Ascencio. 

Sexta Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volumen Quinta Parte, LVIII, p. 32,  aislada, Laboral. ESCALAFON, COMISION MIXTA DE. ASCENSO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

Estableciendo el artículo 41 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, en el inciso c), que la determinación de las personas que deben ser ascendidas se hará por la Comisión Mixta de Escalafón de cada unidad burocrática, la cual se integrará por dos representantes del titular y dos del sindicato de la misma unidad, tal disposición quita al titular toda intervención en estos ascensos y su actuación se reduce únicamente a otorgar el nombramiento a la persona designada; por lo que en forma alguna puede imputársele la asignación de una plaza.

Precedentes: Amparo directo 5298/60. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 13 de abril de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Agapito Pozo. Ponente: Ángel Carvajal. 

Sexta Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volumen Quinta Parte, LXXI, p. 19,  aislada, Laboral. TIEMPO EXTRA, CUANDO EL TRABAJADOR DESEMPEÑE DOS EMPLEOS EN LA MISMA EMPRESA, LAS HORAS QUE LABORE EN EL SEGUNDO DE ELLOS DEBEN SER CONSIDERADAS COMO.

Si el trabajador desempeña una jornada de trabajo, cualquier labor que desempeñe fuera de ella, incluyendo la de velador, debe estimarse que corresponde a tiempo extra. Lo anterior se funda en que la ley no permite que se aumente la jornada legal a pretexto de que el trabajador labore en dos empleos, pues, de ser esto así, resultaría ocioso que el legislador señalara en los artículos 69 y 70 de la Ley Federal del Trabajo, cual es la duración máxima de las jornadas diurna y nocturna, y que, además, dispusiera en el artículo 74 de la propia ley que cualquier aumento de la jornada deba considerarse como tiempo extra.

Precedentes: Amparo directo 6226/59. Rosendo Gómez Martínez. 8 de mayo de 1963. Cinco votos. Ponente: Adalberto Padilla Ascencio.

Artículo 3.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. 

Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. 

Artículo 4.- No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad:

Artículo 159.- Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, serán cubiertas escalafonariamente, por el trabajador de la categoría inmediata inferior, del respectivo oficio o profesión. 

a).- Modernización de los Centros Escolares, relativos a impulsar y reforzar los siguientes programas participativos: 

4. Escuelas de Tiempo Completo  
5. Escuelas en horario discontinuo
6. Escuelas fuera del horario de clase y en fines de semana

b).- Profesionalización de los Maestros y de las Autoridades Educativas:

3. Ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y todas las vacantes definitivas  por la vía de Concurso Nacional Público de Oposición convocado y dictaminado de manera independiente.

4. El acceso a funciones directivas en el ámbito estatal se realizará  por la vía de concursos públicos de oposición.

c).- A partir del ciclo escolar 2009-2010 la convocatoria y la dictaminación de los concursos correría a cargo de un órgano de evaluación independiente con carácter federalista que plantea:

3. Certificación de competencias profesionales.

4. Fortalecer la profesionalización de los docentes de las escuelas normales y creación de 5 centros regionales de excelencia académica.

d).- Incentivos y Estímulos: 

3. Reformar los lineamientos del Programa de Carrera Magisterial para que se consideren exclusivamente tres factores: Aprovechamiento escolar (medido a través de instrumentos estandarizados aprobados por el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación), cursos de actualización (certificados de manera independiente) y desempeño profesional.

4. Formación Integral de los Alumnos para la Vida y el Trabajo.

e).- Reforma Curricular Orientada al Desarrollo de Competencias y Habilidades.

f).- Enseñanza del idioma inglés desde preescolar y promoción de la interculturalidad.

g).- Articular el Sistema Nacional de Evaluación, conjuntando las instancias, procesos y procedimientos existentes. 

h).- Evaluación exhaustiva y periódica de todos los actores del proceso educativo. 

i).- Establecimiento de estándares de desempeño:

7. Por nivel de aprendizaje.
8. Gestión del centro escolar.
9. Docente, del educando, de padres de familia y tutores.
10. Infraestructura y equipamiento escolar.
11. Medios e insumos didácticos para el aprendizaje.
12. Habilidades y competencias del estudiante por asignatura y grado.

j).-Escuelas públicas y alumnos de educación básica incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo 

k).-Concursos Nacionales para Ingreso. 

l).- Entidades que realizan concursos de ingreso para ocupar plazas iníciales, directivas y de supervisión escolar.

ll).- Centro de Certificación de Competencias Profesionales de los Maestros.

m).- Reforma Curricular Orientada al Desarrollo de Competencias y Habilidades.

n).- Sistema Nacional de Evaluación. 

Las finalidades de la legislación del trabajo señaladas en los artículos 2o. y 3o., se resumen en las siguientes: la finalidad suprema de todo ordenamiento jurídico es la realización de la justicia en las relaciones entre los hombres, y por tratarse del derecho de trabajo, se habla de la justicia social, que es el ideario que forjaron los constituyentes de 1917 en el artículo 123. Con base en esa idea, se establece que el trabajo es un derecho y un deber sociales, que no es un artículo de comercio, porque se trata de la energía humana del trabajo, que exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y que debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

La Iniciativa objeto del presente dictamen, sigue la noble tradición constitucional mexicana y recoge los nuevos alientos de la Carta de Bogotá en la materia, para propiciar la cristalización de los objetivos de la justicia social. 

Las garantías sociales que el constituyente de 1917 consagró  como el mínimo de derechos que el Estado asegura al factor trabajo en sus relaciones con el capital, animan la Iniciativa que trasciende en su programa al desarrollo del régimen de justicia social a superar las limitaciones de las relaciones entre el capital y el trabajo. Mantiene la Iniciativa el reconocimiento del derecho del hombre a la existencia como un derecho perenne y supera el concepto con la obligación de la sociedad de proporcionar a los hombres la oportunidad de desarrollar sus aptitudes, fundada en que el trabajo es un derecho y un deber social que deben desarrollarse en condiciones de libertad, dignidad y seguridad económica. De esta suerte, se ratifica en la Iniciativa la dignidad del trabajo al consignar que, el realizado por el hombre, no debe ser considerado como un artículo de comercio.

En la historia de nuestro derecho del trabajo pueden señalarse tres grandes momentos: el primero se dio en la Asamblea Constituyente de Querétaro, cuando los diputados, al concluir unos bellos y profundos debates, lanzaron al mundo la idea de los derechos sociales, como un conjunto de principios e instituciones que aseguran constitucionalmente condiciones justas de prestación de los servicios, a fin de que los trabajadores pudieran compartir los beneficios de las riquezas naturales, de la civilización y de la cultura. El segundo momento fue la consecuencia y la continuación del artículo 123 de la Constitución: se inició con la legislación de los Estados y culminó con la Ley Federal del Trabajo de 1931. El tercero de los momentos está constituido por los treinta y siete años que acaba de cumplir la Ley Federal del Trabajo: si la Declaración de Derechos de la Asamblea Constituyente es inigualable por la grandeza de su idea, los autores de la Ley Federal del Trabajo pueden estar tranquilos, porque su obra ha cumplido brillante y eficazmente la función a la que fue destinada, ya que ha sido y es uno de los medios que han apoyado el progreso de la economía nacional y la elevación de las condiciones de vida de los trabajadores: la armonía de sus principios e instituciones, su regulación de los problemas de trabajo, la determinación de los beneficios mínimos que deberían corresponder a los trabajadores por la prestación de sus servicios, la fijación de las normas para el trabajo de las mujeres y de los menores, la consideración de algunos trabajos especiales, como la actividad ferrocarrilera o el trabajo de los marinos, la ordenación de los principios sobre los riesgos de trabajo, el reconocimiento y la afirmación de las libertades de coalición, sindical y de huelga, la declaración de la obligatoriedad de la negociación y contratación colectivas, la organización de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de un derecho procesal autónomo, hicieron posible que el trabajo principiara a ocupar el rango que le corresponde en el fenómeno de la producción.

Es cierto que el Proyecto tiene la tendencia a conceder a los trabajadores en general, algunos beneficios que no se encuentran consignados en la ley vigente, pero conviene hacer notar, en primer lugar, que la legislación del trabajo no puede ser un derecho estático, sino al contrario, para llenar su función tiene que ser un derecho dinámico que procure, sin incurrir en exageraciones que podrían perjudicar el progreso general del país, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. La Revolución Mexicana tuvo como una de sus causas fundamentales, la difícil condición por la que atravesaban las clases campesina y trabajadora y su propósito fue, y así quedó consignado en los artículos 27 y 123, asegurar a los integrantes de aquellas dos clases, un nivel de vida compatible con las necesidades y las exigencias de la persona humana.

Es igualmente cierto, dentro de otro orden de ideas, que el Proyecto precisó  el alcance de los mandamientos constitucionales, en lo que se refiere a la determinación de las jornadas máximas y del llamado servicio extraordinario, pero ninguna de estas disposiciones es susceptible de dificultar las actividades de las empresas, ni siquiera de las que requieren de un trabajo continuo, pues, por una parte, sólo se precisaron principios y conceptos que ya están en la legislación vigente, por otra, no se exceden de los límites constitucionales, y finalmente, las empresas quedan en libertad para organizar sus turnos de manera que no sea necesario prolongar las jornadas de trabajo más allá de los límites constitucionales y humanos. Además, para redactar estas disposiciones se tuvieron en cuenta muchas de la observaciones que fueron presentadas por el sector patronal y aún se modificaron varias de las que estaban incluidas en el Anteproyecto. Por último, el Proyecto, en los mismos términos en que lo hizo la ley Federal del Trabajo, se propone proteger, con la precisión de los preceptos constitucionales, la salud y la vida del trabajador, a cuyo efecto, además de definir lo que se entiende por jornada de trabajo, asegura el descanso semanal y el disfrute del período de vacaciones.

Las finalidades de la legislación del trabajo señaladas en los artículos 2o. y 3o., se resumen en las siguientes: la finalidad suprema de todo ordenamiento jurídico es la realización de la justicia en las relaciones entre los hombres, y por tratarse del derecho de trabajo, se habla de la justicia social, que es el ideario que forjaron los constituyentes de 1917 en el artículo 123. Con base en esa idea, se establece que el trabajo es un derecho y un deber sociales, que no es un artículo de comercio, porque se trata de la energía humana del trabajo, que exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y que debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

El artículo 17 señala cuáles son las fuentes formales del derecho del trabajo: el derecho del trabajo del siglo pasado era un capítulo del derecho privado civil y mercantil, pero el nuestro, desde el año en que se promulgó la Constitución vigente, conquistó su autonomía como una rama jurídica independiente. Por otra parte, nuestro derecho del trabajo tiene su fuente en el artículo 123 constitucional, lo que le da el rango de un ordenamiento reglamentario de la Constitución. Partiendo de estas ideas, se reconocen como fuentes del derecho del trabajo: la Constitución, las leyes del trabajo y sus reglamentos, los tratados internacionales debidamente aprobados; los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, de conformidad con la fórmula del artículo 14 de la Constitución, los principios generales de justicia social que derivan del Artículo 123, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. El artículo 16 no menciona el derecho común, en primer lugar, porque este término es ambiguo y en segundo, porque cuando contenga principios generales se aplicará en la vida del derecho del trabajo de conformidad con la ya citada fórmula del artículo 14 de la Constitución.

El Proyecto consagra como norma general de interpretación la realización de las finalidades del derecho del trabajo, señaladas en los artículos 2o y 3o, que son la justicia social, la idea de la igualdad, libertad y dignidad de los trabajadores y el propósito de asegurar a los hombres que presten sus servicios un nivel decoroso de vida. El artículo citado adoptó, además, un principio universalmente reconocido: en caso de duda debe prevalecer la interpretación más favorable al trabajador.

Las garantías sociales que el constituyente de 1917 consagró  como el mínimo de derechos que el Estado asegura al factor trabajo en sus relaciones con el capital, animan la Iniciativa que trasciende en su programa al desarrollo del régimen de justicia social a superar las limitaciones de las relaciones entre el capital y el trabajo. Mantiene la Iniciativa el reconocimiento del derecho del hombre a la existencia como un derecho perenne y supera el concepto con la obligación de la sociedad de proporcionar a los hombres la oportunidad de desarrollar sus aptitudes, fundada en que el trabajo es un derecho y un deber social que deben desarrollarse en condiciones de libertad, dignidad y seguridad económica. De esta suerte, se ratifica en la Iniciativa la dignidad del trabajo al consignar que, el realizado por el hombre, no debe ser considerado como un artículo de comercio.

Podría decirse  que la traducción de estas ideas equivale al principio consagrado en la Constitución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas que señala que a cada quien, a cada trabajador, debe pagársele de acuerdo con su trabajo. Recordamos que este principio también está consagrado en la Constitución de la República de China; sin embargo, México ha adoptado el principio consagrado por el dictamen y éste forma parte de nuestra Ley fundamental. Es necesario recordar que en la Carta de Organización de los Estados Americanos, que surge de la Novena Conferencia Internacional en Bogotá en 1948, suscrita por México y ratificada por el Senado en Decreto del 22 de noviembre de 1948, se ha sostenido: El trabajo es un derecho y un deber social. No será considerado como un artículo de comercio. Reclama respeto para la libertad y asociación y la dignidad de quien lo presta y ha de efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso, tanto en los años de trabajo, como en la vejez, o cuando cualquier circunstancia prive al hombre de la posibilidad de trabajar. El principio forma ya, repito, parte de nuestra Ley fundamental; México ha proclamado que el trabajo no será considerado como un artículo de comercio. No debe, en consecuencia, remunerarse el trabajo tomando en cuenta el que cada persona haya desarrollado; sino México y el Partido Revolucionario Institucional, han proclamado que lo fundamental es tomar en cuenta las necesidades de los trabajadores. Que sea el salario, como se señala en el artículo 90 del Dictamen, la cantidad suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural para proveer a la educación de los hijos. Un artículo de comercio equivale a un intercambio, ya sea éste del trabajo mismo o de las fuerzas de trabajo, nosotros proclamamos que no es artículo de comercio y que el salario ha de ser suficiente para que todos los mexicanos puedan vivir con la dignidad que les es propia y desarrollar su familia elevando su nivel social, económico y cultural de vida.  

El trabajo es, si duda, un atributo del hombre, un atributo natural que, como tal, le da prestancia, le da dignidad. Consecuentemente, como atributo de la dignidad humana, está fuera del comercio y de ninguna manera podemos aceptar se le califique como mercancía. Sería retroceder en nuestros principios y en los objetivos de las luchas emancipadas; serían incluir caprichosamente en el texto del articulado, conceptos que no corresponden a esa línea y a nuestros propósitos. Es más, si se confrontan casos de explotación del hombre por el hombre, corresponde a esta ley ser norma que lo impida; que encauce a la relación laboral dando prestancia y dignidad al hombre que trabaja. Estaríamos arando en el mar, si como solución a que alguien no cumpla con esos principios, quisiéramos consagrar tal actitud como principio normativo en nuestra legislación. Es así que sostenemos en todos sus puntos el texto que se propone para el artículo 3. 

Con el objeto de superar la legislación sobre la materia en el Proyecto, de clarificar algunas disposiciones del Título y de mejorar las relaciones obrero - patronales, por lo que toca a sus obligaciones, las Comisiones sugieren modificaciones a diversos preceptos, que son las siguientes:

Se modifica la fracción XV del artículo 132 para hacerla más flexible a fin de que cumpla sus objetivos de capacitación y adiestramiento en forma más expedita. 

Artículo 4o. En la aplicación del artículo 159, en relación con el 132, fracción XV, los contratos colectivos que contengan sistemas de capacitación profesional que ya estén funcionando en la fecha de publicación de la presente Ley y en los que establezcan requisitos de examen o la comprobación práctica de la aptitud y de la posesión de los conocimientos adecuados a fin de que los trabajadores puedan ascender en los casos de vacantes o puestos de nueva creación de conformidad con la antigüedad que les corresponda, podrán continuar aplicándose.

Jamás la industrialización del país será  cierta en tanto la clase trabajadora no esté  técnicamente capacitada. Los esfuerzos sobre la productividad igualmente serán nulos, mientras no exista una mano de obra ampliamente preparada. Hasta ahora la capacitación profesional ha estado a cargo del Estado y a la iniciativa personal de los trabajadores. El sector empresarial ha permanecido indiferente a esa necesidad no obstante que es el más beneficiado en los resultados. El nuevo ordenamiento laboral suple la deficiencia. Determina que es obligación de los patrones organizar permanente o periódicamente cursos de capacitación profesional para sus trabajadores, de conformidad con los planes y programas de las autoridades del trabajo. 

La obligación es plausible para el Movimiento Obrero que entiende, por una parte, lo imprescindible que es mejorar la calidad de los productos para reafirmar su consumo en los mercados. Industrialmente hemos pasado la época de las improvisaciones. Y por otra, que con mejores técnicos, con trabajadores debidamente preparados, es posible la construcción de nuestras máquinas, de su perfeccionamiento con invenciones propias. Pero además de lo anterior, la capacitación profesional implica la posibilidad para que el hombre supla con la ciencia, con la técnica, su esfuerzo físico acercándose a su cabal liberación.

            …  

La fracción XV del artículo 132 señala como obligación a cargo de los patrones, la de organizar permanente o periódicamente, cursos o enseñanzas de capacitación profesional o de adiestramiento para sus trabajadores, de conformidad con los planes y programas que, de común acuerdo, elaboren con los sindicatos de trabajadores, informando de ellos a la Secretaría del Trabajo.

Artículo 4o No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad:

El C. presidente: El artículo 159 fue reservada su discusión para esta sesión. 

Tiene la palabra el C. José Arana Morán para proponer una nueva redacción en dicho artículo. 

El C. Arana Morán, José: Señor presidente, señores diputados: Me permito proponer a la consideración de esta Asamblea la siguiente redacción para el artículo 159: 

Artículo 159. Las vacantes definitivas o por una duración mayor de treinta días o cuando se cree un puesto nuevo, serán cubiertos por el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior de la respectiva profesión u oficio. Si concurren dos o más trabajadores de la misma antigüedad, será preferido el más capaz. 

Si el patrón cumplió la obligación prevista en el artículo 132, fracción XV, el trabajador al que corresponda el puesto deberá acreditar que posee los conocimientos y la aptitud necesarios para desempeñarlo. En los contratos colectivos se establecerá el procedimiento para que el trabajador compruebe los conocimientos y aptitudes, bien con el certificado que se le hubiese extendido al terminar los cursos o enseñanzas de capacitación o adiestramiento, con el certificado de algún instituto o escuela de capacitación, por medio de un examen o de un período de prueba no mayor de treinta días, por varios de estos procedimientos, o por alguna otra modalidad que se convenga. Si el resultado de la prueba o pruebas no es favorable al trabajador, será llamado el que le siga en antigüedad. En los mismos contratos colectivos se establecerá la manera de cubrir las vacantes cuando no exista dentro de la empresa ningún trabajador con los conocimientos y aptitud necesarios para desempeñar el puesto. 

El C. presidente: Está a discusión la proposición hecha por el C. diputado José Arana Morán a la nueva redacción del artículo 159. Tiene la palabra la diputada Graciela Aceves de Romero.

La C. Aceves de Romero, Graciela: Señor presidente, señores diputados: Quiero aclarar que no estoy en contra de la modificación hecha por el compañero diputado, sino lo que pido es una modificación al texto mismo de este artículo 159. El texto del artículo 159 dice que habiendo una vacante definitiva llamará a ocupar ésta al trabajador más antiguo, y que en caso de que haya dos o más de la misma antigüedad se preferirá al más capaz. 

Nosotros creemos que la antigüedad no debe tener prioridad a la capacidad; creemos que la capacidad es la que debe tener primacía, porque la capacidad, como todos sabemos, abarca dos aspectos fundamentales que son los conocimientos y las aptitudes; los conocimientos que no son otra cosa que la posesión de principios teóricos y prácticos para desempeñar un puesto, y la aptitud que viene siendo la suma de facultades físicas y mentales, la iniciativa, la laboriosidad y la eficiencia para desempeñar dicho puesto. 

Aunque la mayoría de los trabajadores conviene en que la antigüedad es factor determinante, nosotros debemos señalar que ésta es de menor valer que la capacidad. Y esta tesis nos parece justa, porque es absurdo asegurar que la antigüedad puede traer consigo los conocimientos y las aptitudes necesarias para desempeñar con eficacia un puesto. Por el contrario, tanto el trabajador que tiene una antigüedad considerable como el que no la tiene, puede tener la capacidad suficiente para desempeñar con eficacia dicho puesto.

Además, ya existe el antecedente de ese juicio escalafonarios en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su apartado B fracción VIII, dice: "Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad."

Igualmente existe este antecedente en el artículo 50 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dice: 

"Los factores escalafonarios son: Primero, los conocimientos; segundo, la aptitud; tercero, la antigüedad." Además, el párrafo 2o. del artículo 51 de esta misma Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, dice: "en igualdad de condiciones, se preferirá al trabajador que acredite mayor tiempo de servicios prestados dentro de la misma unidad burocrática." 

Por lo tanto, pensamos nosotros, que el texto de este artículo 159 debe quedar de la siguiente manera: "Artículo 159. Las vacantes definitivas, o por una fracción mayor de 30 días o cuando se cree un puesto nuevo, serán cubiertos por el trabajador más capaz de la categoría inmediata inferior de la respectiva profesión u oficio. Si concurren dos o más trabajadores de la misma capacidad, será preferido el más antiguo. Y así en el último párrafo de lo siguiente: "Si el patrón cumplió la obligación, con la adición, claro, del compañero diputado que me precedió, pido que al final, en lugar de decir: "será llamado el que le siga en antigüedad" que diga "será llamado el que le siga en capacidad. Espero yo, compañeros diputados, que viendo siempre la elevación misma de nuestro nivel en la patria, acepten la proposición hecha en este artículo. (Aplausos.)

El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Elías Piña.

El C. diputado Elías Piña, Jesús: Señor presidente, señoras y señores diputados: Yo vengo a apoyar, en nombre de la Comisión, la proposición hecha por el señor diputado Arana Morán. Y a oponerme a la modificación que a esta proposición hace la diputada del Partido de Acción Nacional, por las siguientes razones: en un país en proceso de desarrollo, difícilmente podemos afirmar que disponemos de la suficiente mano de obra capacitada para ocupar los puestos en la nueva industria; y la falta de ocupación, precisamente para poder cubrir el déficit que venimos arrastrando con tanto trabajador desempleado, y si a eso agregamos la tesis que la clase patronal viene aplicando de preferir a los trabajadores jóvenes y estableciendo un límite de edad, que injustamente discrimina a los trabajadores de 45 años. 

Si esto que propone la diputación del Partido Acción Nacional se acepta, la clase patronal tendría que optar por los trabajadores más jóvenes, más capacitados, y no por los trabajadores más antiguos, aun cuando tengan la misma capacidad. 

¿Qué ha sucedido en la práctica, que cuando hay dos trabajadores de la misma capacidad, uno con mayor antigüedad y otro de nuevo ingreso? El patrón prefiere al joven y no al viejo. Ese hombre de mayor edad se ve postergado y hasta en peligro de quedar en la calle y difícilmente vuelve a encontrar ocupación. 

Yo entiendo que con la proposición a la modificación que hace el señor diputado Arana Morán quedan cubiertos los dos aspectos. Se protege al de mayor antigüedad, desde luego sujetándolo a la misma capacidad, y se protege al de último ingreso, si es que el trabajador de mayor antigüedad no tiene la misma capacidad. 

Por esas razones yo vengo a apoyar la proposición del diputado Arana Morán y en nombre de la Comisión pido que no se acepte la modificación sugerida por la diputada de Acción Nacional, porque esto afectaría, sobre todo, a los trabajadores de mayor antigüedad y, sobre todo, a los hombres de edad avanzada.  

El C. presidente: Tiene la palabra la C. diputada Graciela Aceves de Romero.

La C. Aceves de Romero, Graciela: Compañeros diputados, jamás hemos querido con esta modificación, desamparar a los trabajadores mayores de 40 años. En este artículo 159, no se está refiriendo a empleos nuevos. Se está refiriendo al escalafón. Entonces, no hay por qué pensar que si va a llegar una persona antigua y una nueva a buscar empleo, se va a preferir a la joven; ni hay por qué pensar tampoco, que se le va a quitar el trabajo al que ya estaba allí, que tiene muchos años de trabajar, por aceptar un trabajador nuevo. No me di a entender, seguramente. La proposición es ésa. La modificación se refiere, repito, al escalafón, basándose en el artículo 132 en su fracción XV, que dice claramente:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones - fracción V - organizar permanente, o periódicamente, cursos o enseñanzas de capacitación profesional o de adiestramiento para sus trabajadores de conformidad con los planes y programas que de común acuerdo colaboren con los sindicatos o trabajadores informando de ellos a la Secretaría del Trabajo. Estos podrán implantarse en cada empresa o para varias en uno o varios establecimientos o departamentos o secciones de los mismos, por personal propio o por profesores técnicos especialmente contratados o por conducto de escuelas o institutos especializados o por alguna otra modalidad, las autoridades del trabajo vigilarán la ejecución de los cursos o enseñanzas. Por lo tanto, si los patrones van a cumplir con esta fracción XV, pues creo yo que ésta Ley es para cumplirse, y cumpliendo con esta fracción, todos los trabajadores tendrán opción a ocupar ese puesto escalafonarios, porque todos están de acuerdo en instruirse conforme a esta fracción. Es más, esto servirá de incentivo a los trabajadores para que se empeñen en tomar esos cursos; para que ellos mismos propugnen por su superioridad; para salir de lo que son en la actualidad. A nosotros nos parece que realmente el hecho de darle prioridad a la capacidad, traería como consecuencia lógica beneficios para todos: para los trabajadores, que se esforzarían por superarse, para las empresas, que tendrían mejores elementos, y para toda la patria en general.

El C. presidente: Tiene la palabra el diputado Miguel de Alba Arroyo.

El C. De Alba Arroyo, Miguel: Señor presidente, señores diputados: Sería justa la proposición de la señora diputada, si con anterioridad hubieran contado los trabajadores con oportunidades de capacitarse. Simplemente a la fecha en numerosas industrias existen trabajadores con prestaciones de servicios de 20 y hasta 30 años, a quienes la parte patronal no les brindó la menor oportunidad, ni de conocer procedimientos nuevos, ni mucho menos el de conocimientos alrededor de maquinaria que se ha implantado. 

¿Qué va a ocurrir con esos trabajadores si se aprueba a la fecha algo que de cumplirse será perfecto en lo sucesivo?, pero los que están atrás, esa antigüedad, esa dedicación al trabajo, esa falta de conocimientos nacidos de la falta de oportunidad brindada por un patrón, ¿van a echarse a atrás a esos trabajadores? No es justo ni razonable.

Estamos de acuerdo en que no exista un escalafón ciego en lo sucesivo. Simplemente me recuerdo, hace algunos años, en una negociación de Guadalajara, la CUMEX, que fábrica cubiertos, cuchillería, y otros artículos. En la discusión de un contrato propusimos a la empresa, frente al hecho de que se hace el trabajo en cadena, que se capacitara a los trabajadores para que en un momento dado esa cadena de producción no fuese interrumpida por faltas o enfermedad de un trabajador. Propusimos que la empresa trabajase una o dos horas más, que los trabajadores devengarían salario simple, con el hecho de que se les capacitara dentro del procedimiento, en avance, en puestos más arriba, y hubo la negativa de la parte patronal, aduciendo que habría pérdidas de materia prima por la ejecución de trabajos mal elaborados.

Vuelvo nuevamente a insistir, no podemos de una plumada hacer que trabajadores con pleno derecho, creado a través de los años de servicio, se les haga a un lado frente a la capacidad de nuevos trabajadores con menos edad, que a la fecha han logrado por múltiples razones, que están fuera del alcance de la posibilidad de los trabajadores antiguos, adquirir mayor capacidad; que se les haga a un lado, no podemos admitir eso. De consiguiente, como está la proposición, con las modificaciones que se hacen, estamos en perfecto acuerdo.

El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Gerardo Medina.

El C. diputado Medina Valdés, Gerardo: Señor presidente, señores diputados: consideramos que la objeción hecha por el señor diputado De Alba Arroyo a la proposición de la diputada Aceves de Romero parte de una premisa falsa. Nadie está en contra de garantizar el trabajo de los trabajadores más antiguos; pero se ha hablado aquí, a propósito de la sugestión hecha por la señora diputada, de que el trabajador de mayor antigüedad iría a la calle y ése es un presupuesto falso. Lo único que sucede - y eso lo saben muy bien todos los trabajadores -, es que ese trabajador más antiguo queda ocupando su misma plaza, que no asciende en el escalafón. No se trata de mandar a la calle a nadie. Considero que es injustamente acusar a la diputación de Acción Nacional de pretender que los trabajadores viejos vayan a la calle. Se trata, en estos momentos en que a todos preocupa que no haya fisuras en el proceso de desarrollo económico, que sean los más capaces los que asuman la responsabilidad de este desarrollo, sin que esto signifique en modo alguno el mandar a la calle a los trabajadores más antiguos. 

Yo les pediría que reconsideraran, que reflexionaran sobre la bondad de la proposición de Acción Nacional, antes de emitir su voto.

El C. presidente: Tiene la palabra el C. diputado José  Arana Morán.

El C. Arana Morán, José: Señor presidente; señores diputados: Con el objeto de establecer una mayor claridad en la proposición que se ha formulado, me voy a permitir darle nuevamente lectura a la proposición del artículo 159: "Las vacantes definitivas o con una duración mayor de 30 días, o cuando se crea un puesto nuevo, serán cubiertos por el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior de la respectiva profesión u oficio. Si concurren dos o más trabajadores de la misma antigüedad, será preferido el más capaz.

Esta es la primera parte de la proposición del artículo 159. Como ustedes se darán cuenta, esta primera parte establece el derecho de antigüedad, pero al mismo tiempo está considerando la capacidad del trabajador.

La siguiente parte dice: "Si el patrón cumplió  la obligación prevista en el artículo 132, fracción XI, el trabajador al que corresponde el puesto, deberán acreditar que posee los conocimientos y la aptitud necesaria para desempeñarlo; el procedimiento para que el trabajador compruebe los conocimientos y aptitudes, bien con el certificado que recibió al terminar los cursos o enseñanzas de capacitación y adiestramiento, con el certificado de algún instituto o escuela de capacitación por medio de un examen o de un período de prueba no mayor de 30 días, por varios procedimientos o por alguna otra modalidad que convenga. Si el resultado de la prueba o pruebas no es favorable al trabajador, será llamado el que le siga en antigüedad, en los mismos contratos colectivos se establecerá la manera de cubrir las vacantes cuando no exista dentro de la empresa ningún trabajador con los conocimientos y aptitudes necesarias para desempeñar el puesto. 

Entonces, como ustedes se darán cuenta, la proposición está  marcando los dos aspectos, a que ha referido la diputación de Acción Nacional. Además hay que agregar que el derecho de antigüedad es una conquista que los sindicatos han logrado a través de un movimiento de muchos años y muchos esfuerzos. Por lo mismo pido a ustedes que se apruebe la proposición hecha. Muchas gracias.

El C. Aponte Robles Arenas, Francisco Xavier: Pido la palabra, para hechos. 

El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Xavier Aponte Robles Arenas. 

El C. Aponte Robles Arenas, Francisco Xavier: En realidad el espíritu que nos anima al estar revisando la nueva Ley Federal del Trabajo, el proyecto de la nueva Ley Federal del Trabajo, en beneficio de los trabajadores, el fondo de esta iniciativa es beneficiar a los trabajadores. Hay casos concretos, inclusive podría yo traer pruebas a esta Cámara, de empresas que están en reestructuración, que están implantando nuevos métodos, que están haciendo nuevos programas, que están automatizando, en fin, una serie de nuevas implantaciones en estas empresas. Y hay trabajadores, por ejemplo, que están, en un departamento de máquinas, que tienen un trabajo determinado. Entonces la empresa abre un curso de especialización en la I.B.M. y un trabajador de 52 años o de 53 años con una serie de problemas económicos, que no puede concurrir a esas clases, con la puntualidad de un joven de 27 o de 28 años. ¿Es justo que ese trabajador con 25 o 26 años de servicios en una empresa se le quite la oportunidad habiendo la prueba efectiva de que sí desarrolla  el trabajo perfectamente bien?

Nosotros no debemos apartarnos de que esta ley es para beneficiar al trabajador; exclusivamente ese es el espíritu de esta ley. Antes de que estuvieran expropiadas las instalaciones de Petróleos Mexicanos, los trabajadores nuestros eran para estar abriendo hoyos y para estar embarrándose de chapopote y hasta para abrir una llave eran ya trabajadores extranjeros.

En esas condiciones, señores diputados, la proposición de la Comisión, me parece perfectamente bien. 

El C. presidente: Tiene la palabra el diputado López Prado.

El C. López Prado, Felipe: Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: De ninguna manera estamos discutiendo de si el trabajador, de acuerdo con la antigüedad, debe establecer, dentro de la organización, dentro del sindicato, un escalafón ciego. Ya se ha dicho en esta tribuna la bondad de la modificación que se ha propuesto por el señor diputado Arana Morán. Solamente queremos hacer dos consideraciones, para aclarar a la señorita profesora de Acción Nacional su proposición.

No hemos dicho que los trabajadores salgan a la calle, pero sí  se frena con eso la capacitación del trabajador y, por lo tanto se frenan los emolumentos que el propio trabajador debe ganar más. Además, es un decreto inalienable de los propios trabajadores la superación constante. Eso lo hemos discutido, lo hemos peleado y la clase obrera seguirá peleando la superación constante del trabajador mexicano.

Además, en la proposición que hace Acción Nacional no se aclara quién va a probar la capacidad de ese trabajador. En cambio, la modificación que propone el diputado Arana Morán, sí  es perfectamente clara por qué medio puede probar el trabajador su capacidad. Así que yo ruego a todos mis compañeros diputados, que aprobemos la modificación que propone el señor diputado Arana Morán.

El C. presidente: Tiene la palabra la C. diputada Hortencia Rojas.

La C. Rojas Velázquez, Hortencia: Señor presidente, señoras y señores diputados: Muchos años de lucha ha costado a la clase obrera, obtener un escalafón en sus centros de trabajo. Para ningún dirigente, para ningún trabajador es un secreto que durante muchísimos años los trabajadores eran despedidos por la voluntad de los patrones y no por su falta de capacidad, no por su falta de preparación. Hasta que se logró formar los sindicatos y consignar en la Ley los derechos de los trabajadores, se dio lugar a la existencia de los escalafones. No podemos admitir, de ninguna manera, la proposición que hace la señora diputada del Partido de Acción Nacional, porque aunque aparentemente es, según su opinión, para mantener el equilibrio de la industria para la superación de las industrias en México, la verdad es que sería muy pernicioso para los trabajadores, no tener, no mantener el derecho de antigüedad. ¿De qué serviría el gran esfuerzo que los viejos trabajadores de México han hecho para superarse? En un país como el nuestro, en un pueblo en que los jóvenes, hombres y mujeres, en muchas ocasiones a los diez años de edad están ya trabajando, no es posible esperar que tuvieran terminada la primaria, y menos hecha la secundaria. Por esa razón, por su esfuerzo personal, se han ido superando. Yo creo, señoras y señores diputados, que nuestra obligación es seguir defendiendo al trabajador. Hasta la fecha, no se cumple en muchos aspectos la Ley Federal del Trabajo. No cumplen los patrones ni con dar vivienda a los trabajadores, ni contribuyen a darles preparación para elevar su capacitación, como sería de desearse. El señor diputado, cuyo nombre no recuerdo, expresaba cómo se negaron los patrones en Jalisco, a pesar de que los trabajadores estaban dispuestos a trabajar unas horas más, para mejorar su capacitación porque se desperdiciaba la materia prima. Los patrones nunca pierden ni desperdician nada; en cambio el trabajador siempre está esforzándose por superarse. Lo sabemos quienes militamos en la clase obrera hace más de 30 años. 

Por esa razón vengo a oponerme a la proposición presentada por la representante del Partido de Acción Nacional, y apoyar la proposición en que siempre se considere la antigüedad en el trabajo. Es verdad que en muchas ocasiones los trabajadores antiguos no tienen la preparación presentada, en el sentido de un muchacho o de una muchacha universitarios, pero en las fábricas, en donde se forjan los hombres; en la industria, como la industria petrolera, allá en el Istmo de Tehuantepec, en donde tuve el privilegio de nacer, los mejores trabajadores son los nativos de aquella tierra; los únicos que soportan ese clima inclemente de donde se extrae el oro negro, que para dicha de nuestra patria, es nuestro, los mejores perforadores apenas si terminaron la educación primaria, pero se han superado y por ello son los mejores.

Por esa razón debe mantenerse siempre, por quienes dirigen la clase obrera, el derecho al escalafón y a la antigüedad del trabajador. Independientemente de que los patrones cumplan - y no lo han cumplido hasta la fecha - la obligación de contribuir a que el trabajador se prepare, porque ellos lo han hecho siempre con su propio esfuerzo. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. presidente: Tiene la palabra el C. diputado Cárdenas Lomelí.

El C. Cárdenas Lomelí, Rafael: Compañeras y compañeros diputados, voy a ser muy breve. La modificación que ha propuesto él diputado Arana Morán por sí sola se expresa. Solamente me voy a referir a lo expresado por él señor diputado de Acción Nacional, donde afirmaba que los trabajadores al Servicio de Petróleos Mexicanos, en algunas épocas solamente servíamos para abrir hoyos. Quiero manifestarles, compañeros diputados, que soy trabajador de Petróleos Mexicanos, con 42 años de servicios, y ustedes son testigos que a raíz de la expropiación, los trabajadores mexicanos llevaron adelante la industria. Es por ello que quiero dejar constancia que no nada más los trabajadores de Petróleos Mexicanos, sino todos los trabajadores de México son capaces, los antiguos y los demás que posteriormente ingresarán a prestar sus servicios a las distintas industrias. Por ello, compañeros diputados, como diputado obrero pido a todos los diputados que aprobemos la propuesta por él diputado Arana Morán. Muchas. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Aponte Robles Arenas, Javier: Yo cuando me referí  a lo de Petróleos Mexicanos hice la aclaración de que era antes de la expropiación. 

El C. presidente: Tiene la palabra él diputado Pedro Rosas.

El C. Rosas Rodríguez, Pedro: Señor presidente, señores diputados: en cuanto al tema que se está tratando, debemos decir los trabajadores como estamos acostumbrados a hablar: sin retóricas que vengan a adornar los conceptos para mistificar los principios del derecho y la justicia.

Negar la antigüedad a los trabajadores como derecho escalafonario, es tanto como negar la experiencia en todas las ramas del saber. Aún los propios profesionistas, cuando salen de las universidades, o de las facultades habría que verlos que para entrar a la práctica lo que sufren. La antigüedad en el trabajo es la mejor escuela de capacitación en el mismo; la práctica hace al maestro. 

Está  bien la reforma que nos propone la Comisión, porque ya estamos en pleno desarrollo. Ya tenemos obreros calificados. ¡Y qué bien que tratándose de puestos calificados se prefiera la capacidad frente a la antigüedad, pero sin olvidar ésta! Pero, ¿Qué dijéramos cuando la ruindad de los patrones ha pretendido desarrollarse mediante una cabeza más o menos capacitada, trayendo a gente del campo, ocupando a gente miserable que se conforma con ganar el salario mínimo, para tener puros aprendices con un maestro?

¿Estos son los derechos que se defienden a través de un partido, para que la clase patronal siempre siga burlando los derechos de antigüedad de los trabajadores? Por estas razones la diputación obrera sostiene la iniciativa que ha presentado la Comisión. Muchas gracias.

El C. presidente: Tiene la palabra la diputada Graciela Aceves de Romero.

La C. Aceves de Romero, Graciela: Para este derecho escalafonario, compañeros, creo que existen las dos hipótesis de dos de igual capacidad, el más antiguo; de dos de igual antigüedad, el más capaz.

Quiero decirles que en vista de todas las explicaciones retiro mi proposición.

El C. presidente: Sírvase la Secretaría preguntar a la asamblea si está suficientemente discutido. 

El C. secretario Sojo Anaya, Andrés: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido.

El C. presidente: En virtud de que la ciudadana diputada Graciela Aceves de Romero ha retirado la proposición que había hecho, consulte la secretaría, en votación económica, si es de aceptarse la proposición hecha por el ciudadano diputado José Arana Morán. 

El C. secretario Sojo Anaya, Andrés: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la proposición del licenciado José Arana Morán, relacionada con la nueva redacción del artículo 159. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobada.

Se va a proceder a recoger la votación nominal. Por la afirmativa.

El C. secretario Iglesias Meza, Manuel: Por la negativa.

El C. secretario Sojo Anaya, Andrés: ¿Falta algún ciudadano diputado devotar por la afirmativa?

El C. secretario Iglesias Meza, Manuel: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.

El C. secretario Sojo Anaya, Andrés. Aprobado por unanimidad de 129 votos.

CAPÍTULO IV

Derechos de Preferencia, Antigüedad y Ascenso

Artículo 159. Las vacantes definitivas o por una duración mayor de treinta días o cuando se cree un puesto nuevo, serán cubiertos por el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior de la respectiva profesión u oficio. Si concurren dos o más trabajadores de la misma antigüedad, será preferido el más capaz.

Si el patrón cumplió la obligación prevista en el artículo 132, fracción XV, el trabajador al que corresponda el puesto deberá  acreditar que posee los conocimientos y la aptitud necesarios para desempeñarlo. En los contratos colectivos se establecerá el procedimiento para que el trabajador compruebe los conocimientos y aptitudes, bien con el certificado que se le hubiese extendido al terminar los cursos o enseñanzas de capacitación o adiestramiento, con el certificado de algún instituto o escuela de capacitación, por medio de un examen o de un período de prueba no mayor de treinta días, por varios de estos procedimientos, o por alguna otra modalidad que se convenga. Si el resultado de la prueba o pruebas no es favorable al trabajador, será llamado el que le siga en antigüedad. En los mismos contratos colectivos se establecerá la manera de cubrir las vacantes cuando no exista dentro de la empresa ningún trabajador con los conocimientos y aptitud necesarios para desempeñar el puesto. 

• ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 4o. En la aplicación del artículo 159, en relación con el 132, fracción XV, los contratos colectivos que contengan sistemas de capacitación profesional que ya estén funcionando en la fecha de publicación de la presente Ley, y en los que se establezcan requisitos de examen o la comprobación práctica de la aptitud y de la posesión de los conocimientos adecuados a fin de que los trabajadores puedan ascender en los casos de vacantes o puestos de nueva creación de conformidad con la antigüedad que les corresponda, podrán continuar aplicándose.

CAPÍTULO I

Obligaciones de los Patrones

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

XV. Organizar permanente o periódicamente cursos o enseñanzas de capacitación profesional o de adiestramiento para sus trabajadores, de conformidad con los planes y programas que, de común acuerdo, elaboren con los sindicatos o trabajadores, informando de ellos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o a las autoridades de trabajo de los Estados, Territorios y Distrito Federal. Estos podrán implantarse en cada empresa o para varias, en uno o varios establecimientos o departamentos o secciones de los mismos, por personal propio o por profesores técnicos especialmente contratados, o por conducto de escuelas o institutos especializados o por alguna otra modalidad. Las autoridades del trabajo vigilarán la ejecución de los cursos o enseñanzas;

Artículo 159. Las vacantes definitivas o por una duración mayor de treinta días o cuando se cree un puesto nuevo, serán cubiertos por el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior de la respectiva profesión u oficio. Si concurren dos o más trabajadores de la misma antigüedad, será preferido el más capaz. 

Si el patrón cumplió la obligación prevista en el artículo 132, fracción XV, el trabajador al que corresponda el puesto deberá acreditar que posee los conocimientos y la aptitud necesarios para desempeñarlo. En los contratos colectivos se establecerá el procedimiento para que el trabajador compruebe los conocimientos y aptitudes, bien con el certificado que se le hubiese extendido al terminar los cursos o enseñanzas de capacitación o adiestramiento, con el certificado de algún instituto o escuela de capacitación, por medio de un examen o de un período de prueba no mayor de treinta días, por varios de estos procedimientos, o por alguna otra modalidad que se convenga. Si el resultado de la prueba o pruebas no es favorable al trabajador, será llamado el que le siga en antigüedad. En los mismos contratos colectivos se establecerá la manera de cubrir las vacantes cuando no exista dentro de la empresa ningún trabajador con los conocimientos y aptitud necesarios para desempeñar el puesto. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo 4o. En la aplicación del artículo 159, en relación con el 132, fracción XV, los contratos colectivos que contengan sistemas de capacitación profesional que ya estén funcionando en la fecha de publicación de la presente Ley, y en los que se establezcan requisitos de examen o la comprobación práctica de la aptitud y de la posesión de los conocimientos adecuados a fin de que los trabajadores puedan ascender en los casos de vacantes o puestos de nueva creación de conformidad con la antigüedad que les corresponda, podrán continuar aplicándose.

Los debates dan cuenta del espíritu del Legislador ordinario y que son retomados en la presente demanda a efecto de ilustrar a los CC. Magistrados.

En la iniciativa del Ejecutivo Federal de fecha 17 de abril de 1978 su exposición de motivos establece:

Tocante a la materia de seguridad e higiene en el trabajo, la reforma que se plantea al H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de esa Cámara de Diputados, parte de la modificación de los artículos 3o. y 132 del Código Laboral. En el primer precepto, se incorpora la importante declaración de que, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; en tanto que, en las fracciones del artículo 132 se vigorizan las obligaciones patronales que permiten el normal desarrollo del trabajo, sin exponer a quienes lo prestan a riesgos adicionales, derivados de la precaria instalación de los centros de trabajo o deficientes condiciones de funcionamiento del equipo de trabajo. 

En tal virtud, la Iniciativa señala que la capacitación y el adiestramiento tienen como finalidades coexistentes, actualizar y perfeccionar los conocimientos del trabajador en su actividad; prepararlo para el ascenso; prevenir riegos de trabajo; incrementar la productividad; y, en suma, abrir a la población trabajadora perspectivas más alentadoras, al quedar sólidamente vinculados el adiestramiento y la capacitación con la posibilidad de ascender a puestos de nivel superior.

Las adiciones propuestas señalan que el tiempo que se destine a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, debe estar comprendido, por lo general, dentro de la jornada de trabajo y consideran como excepciones a esta regla en que las partes de la relación laboral pacten en forma distinta y el que se trate de un trabajador que desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeñe.

Tomando en consideración la bilateralidad de las normas jurídicas, se establecen en el proyecto que se somete a la consideración de esa H. Cámara, varias obligaciones a cargo de los trabajadores en proceso de capacitación, entre las cuales destaca la referente a la asistencia puntual a las actividades que conformen el programa respectivo.

Por otro lado, se señala que, a la conclusión del curso o programa de capacitación, los trabajadores tienen el derecho de recibir una constancia de sus habilidades laborales, en relación con los puestos y categorías que contenga el Catálogo Nacional de Ocupaciones, documento que constituye un antecedente de importancia para la promoción de las oportunidades de empleo y la reducción del índice del desempleo y del subsuelo de la mano de obra. Las constancias de referencia, según está previsto en el proyecto, surtirán plenos efectos dentro de la empresa en que se haya otorgado la capacitación o adiestramiento; sin embargo, se preceptúa que, en el caso que el puesto o la categoría en relación para el cual fueron expedidas tenga en la empresa varias especialidades o niveles, el trabajador deberá acreditar, mediante examen, para cuál de ellos es apto. 

El derecho de recibir una constancia de habilidades laborales se hace extensivo a aquellos trabajadores no capacitados dentro de los programas de la empresa, pero con una experiencia en el desempeño de una actividad y con el dominio indispensable de las tecnologías respectivas y buenos hábitos de trabajo. En este caso, se dispone que el trabajador deberá presentar y aprobar un examen de suficiencia en los términos que señale la autoridad laboral. 

La propia Iniciativa prevé la formulación dentro de registros de trabajadores capacitados dentro de cada una de las ramas industriales o actividades, lo que permitirá  planear una política de empleo y encauzar debidamente a los demandantes de trabajo a los puestos idóneos; ya que se reconoce que el desenvolvimiento óptimo de la relación de trabajo, está en proporción directa a la congruencia que exista entre la naturaleza del puesto y las aptitudes que posea el trabajador.

Desde un punto de vista operativo, la Iniciativa que se comenta, preceptúa la existencia de una estructura vertical que parte de las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento de cada empresa o establecimiento y concluye, en el último nivel, con la presencia de un organismo desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuya denominación será Unidad Coordinadora del Empleo. Capacitación y Adiestramiento. Se señala como atribución básica de dicho organismo, el manejo del Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, el que se integra con cuatro renglones de semejante relevancia y que en plan óptimo deben de entenderse íntimamente interrelacionados: el estudio y promoción de la generación de empleos; la promoción y supervisión de la colocación de los trabajadores; la organización, la promoción y la supervisión de la capacitación y el adiestramiento de todos los trabajadores: y la existencia de registros especiales. 

En atención a lo amplio del campo en que la Unidad desarrollará sus actividades y lo delicado de cada uno de los renglones antes mencionados, se prevé el establecimiento de órganos auxiliares de la Unidad precitada. Para este efecto, la Iniciativa dispone la constitución de un Consejo Consultivo Nacional y de Consejos Consultivos Estatales, integrados de manera tripartita y presididos, respectivamente, por el Secretario del Trabajo y Previsión Social y por los Gobernadores de las Entidades Federativas. 

Para una correcta vinculación entre las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento y la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, la Iniciativa considera la creación de Comités Nacionales de Capacitación y Adiestramiento en aquellas ramas industriales o actividades en que así lo determine la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estos Comités serán integrados, conforme a las bases que se señalen, por representantes de trabajadores y patrones pertenecientes a tales ramas industriales o actividades. Las facultades de los Comités de que se trata serán: participar en la determinación de los requerimientos de capacitación y adiestramiento; intervenir en la elaboración de Catálogo Nacional de Ocupaciones; proponer sistemas de capacitación y adiestramiento, formulando recomendaciones específicas: evaluar los efectos de la capacitación sobre los procesos productivos; y, solicitar el registro de las constancias de habilidades laborales de los trabajadores; documentos que, expedidos por la institución capacitadora y autentificados por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, se harán del conocimiento de la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, para los efectos legales correspondientes.

Descrita la estructura a través de la cual se supervisará el cumplimiento de la obligación patronal de capacitar y adiestrar a los trabajadores, a continuación se señala que los patrones podrán dar cumplimiento a su obligación proporcionando la capacitación o el adiestramiento dentro de la empresa o fuera de ella, con su propio personal o contratando instructores, instituciones, escuelas u organismos especializados en la elevación de las aptitudes de la mano de obra. A pesar de que las posibilidades citadas dan flexibilidad al dispositivo previsto, se estimó conveniente consignar que el patrón puede cumplir la obligación de referencia, adhiriéndose a aquellos sistemas generales de capacitación o adiestramiento que la autoridad competente, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, decida establecer.

En cuanto a la determinación del contenido de los planes y programas de capacitación y adiestramiento que se instituyan en lo centros de trabajo, el sistema se bifurca para dar tratamiento diverso a las empresas en que no rija contrato colectivo, y aquellas que sí cuenten con él. En este último supuesto, se dispone que los contratos colectivos deberán contener cláusulas relativas a la obligación patronal de capacitar y adiestrar a los trabajadores, conforme a planes y programas que satisfaga los requisitos que la misma Iniciativa señala. Se deja, de esta manera, a las partes que intervienen en la relación laboral, en libertad de dotar sus programas y planes con aquellos matices particulares que requieran el tipo de proceso productivos; la marca y modelo de la maquinaria en uso; el nivel de formación alcanzado por los trabajadores; la capacidad económica de la empresa y sus posibilidades de expansión, sean éstas mediatas o inmediatas. 

Una vez celebrado o prorrogado el contrato, se concede al patrón un plazo para que presente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento que se haya acordado establecer, a fin de que se les apruebe o que se disponga que se efectúen las modificaciones que ameritan. 

Ahora bien, tocante a las empresas en que no rija contrato colectivo de trabajo, los patrones deberán presentar a la aprobación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento que hayan decidido implantar de común acuerdo con los trabajadores. Se estipula que el término para cumplir esta obligación, se limita a los primeros sesenta días de los años impares.

Todos los planes y programas de capacitación y adiestramiento deben de cumplir los mismos requisitos, con independencia de que se trate de empresas con o sin contrato colectivo. El artículo 153-Q dispone que tales planes y programas sólo podrán comprender períodos no mayores de cuatro años; así como referirse a todos los puestos y niveles que existan en la organización de la empresa y observar todos aquellos requisitos adicionales que la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento fije por medio de criterios generales que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Por otro lado, y para que se respete la seguridad jurídica de que debe gozar todo gobernado, se indica que los planes que no hayan sido objetados por la autoridad dentro de los sesenta días hábiles que sigan a su presentación, se entenderán definitivamente aprobados. Esto, porque resultaría inequitativo exigir la aplicación inmediata de los planes y programas de capacitación y adiestramiento, sin que se les reputara como aprobados después de transcurrido un plazo amplio y razonable sin que la autoridad laboral haga algún pronunciamiento sobre ellos. 

Para garantizar un nivel aceptable en la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, se establece los requisitos que deben satisfacer las instituciones privadas que deseen impartirla, las que deben obtener un registro, mismo que se otorgará cuando se reúnan los requisitos de idoneidad que la Iniciativa fija, entre los cuales se menciona de manera especial el que los capacitadores demuestren tener una formación profesional adecuada, así como poseer conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos propios de la rama industrial o actividad en que pretendan impartir tal capacitación o adiestramiento. 

De acuerdo con la necesidad de coordinar los esfuerzos de las Entidades Públicas, la Iniciativa establece que el registro mencionado no será requerido por los particulares que estén autorizados por la Secretaría de Educación Pública para impartir educación, caso en el cual bastará con que se acredite la existencia de la autorización respectiva y que haya congruencia entre el tipo de educación que imparten y las características de las ramas industriales o actividades a que pertenezcan los trabajadores a quienes se pretenda capacitar o adiestrar.

Mención especial merece la reforma al artículo 159 de la Ley, a través de la cual se establece la importancia gradual de los distintos factores susceptibles de influir en el ascenso de los trabajadores, vinculando directamente la capacitación o adiestramiento con el derecho a cubrir vacantes definitivas o provisionales con duración mayor de treinta días, así como los puestos de nueva creación.

En el proceso que se comenta, se señala que, si el patrón cumplió  con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la categoría inmediata inferior a aquella en que ocurra la vacante, el ascenso corresponderá a quien siendo apto, tenga mayor, antigüedad, y que, ante la igualdad de condiciones de dos o más trabajadores, se preferirá al que tenga a su cargo una familia. 

Asimismo, se estipula que, de subsistir la igualdad, la vacante o el puesto se adjudicará a quien demuestre mayor aptitud en un examen específico.

Por otro lado y en el supuesto de que el patrón no haya cumplido las obligaciones que le corresponden en materia de capacitación y adiestramiento, se dispone que el puesto será cubierto por el trabajador de mayor antigüedad y, en igualdad de esta circunstancia, por el que tenga a su cargo una familia. 

Es menester citar las modificaciones que esta Iniciativa propone que se introduzcan en materia del hasta ahora llamado Servicio Público del Empleo, mismo que se fortalece y que, según los términos propuestos, se denominará Servicio Nacional del Empleo y será prestado, según la jurisdicción propia de los centros de trabajo, por la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento o por las entidades que resulten competentes para ello, de acuerdo con la organización estructural de cada uno de los Gobiernos de los Estados.

Sobre este particular, se prevé la posibilidad de conjuntar el concurso de las instituciones que tenga elementos para colaborar en la promoción de las oportunidades de empleo para la mano de obra desocupada o subocupada Tocante a las agencias de colocaciones, se mantiene la restricción de que sólo podrán tener finalidades lucrativas aquellas que se dediquen a la contratación de trabajadores que estén sujetos a un régimen especial. Sin embargo, se señala que el otorgamiento de autorizaciones para el funcionamiento de este tipo de agencias, se hará excepcionalmente y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá fijar los requisitos que se deban observar en cada caso así como las tarifas de operación correspondientes. A través de las limitaciones de referencia, se deja garantizado su correcto funcionamiento y se evita que el trabajador desempleado sea víctima de abusos o presiones indebidas con motivo de la desesperación que normalmente invade el ánimo de quien carece de un puesto de trabajo.

En la participación que se otorga a las Entidades Federativas, se propone que el legislador confiera a los Gobernantes, la facultad de presidir la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Consejo Consultivo Estatal de Capacitación y Adiestramiento, en virtud del contacto que ellos tienen con todos los centros de trabajo de su jurisdicción y el conocimiento profundo de los problemas que se suscitan en ellos; así como por la oportunidad de aprovechar la experiencia que las administraciones estatales han acumulado. Todo lo cual facilitará el cumplimiento de las altas finalidades que motivan esta reforma y adición a la Ley Federal del Trabajo.

En el Dictamen de 19 y discusión del 20, dictamen del 25 y discusión del 27 de abril  de 1978, se ratifica todo lo antes expuesto.

Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia obligatoria para funcionarios, jefes y empleados de la secretaria de educación publica, y tiene por objeto fijar las condiciones generales de trabajo del personal de base de la misma dependencia, en los términos de lo dispuesto por los artículos 63 y 64 del estatuto jurídico de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. 

Artículo 12.- Para formar parte del personal de la secretaria, se requiere: 

VIII.- Tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo, a juicio del jefe de la dependencia donde exista la vacante, o sujetarse al concurso o pruebas de competencia que fije la secretaria. En caso de empleo técnico, acreditar la posesión del título profesional registrado.

Artículo 20.- Todo movimiento escalafonario será hecho invariablemente, de acuerdo con el dictamen previo que emita la comisión nacional de escalafón. 

Artículo 24.- Son derechos de los trabajadores:

V.- Percibir las recompensas que señala este reglamento.

VII.- Ser ascendido en los términos que el escalafón determine.

X.- Y las demás que en su favor establezcan las leyes y reglamentos.

Artículo 70.- En todos los casos de infracciones y recompensas no previstas por el estatuto se aplicaran las prevenciones del presente capitulo. 

Artículo 71.- Las infracciones de los trabajadores a los preceptos de este reglamento, darán lugar a: 

IV.- Suspensión de empleo, cargo o comisión. 

Artículo 91.- Las condiciones generales de trabajo que fija este reglamento, subsistirán si al iniciarse nuevo periodo presidencial no se establecen otras normas, en los términos a que se refieren los artículos 63 y 64 del estatuto jurídico. 

Transitorios.

VI.- La Comisión Nacional de Escalafón, además de lo dispuesto en el artículo anterior, dará a conocer por medio de boletines la puntuación y el lugar escalafonario que correspondan a cada uno de los trabajadores de base que dependen de la Secretaría de Educación.

VII.- Los preceptos de este reglamento derogan todas las disposiciones reglamentarias que se les opongan. 

A) Modificación de la declaración de principios de la organización sindical en los siguientes términos:  el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación: PRIMERO Refrenda a la educación como un derecho irrenunciable de todos los mexicanos y mexicanas; defiende y promueve los principios  filosóficos y políticos del artículo tercero Constitucional, impulsa el cabal  cumplimiento de la responsabilidad del Estado de impartir educación gratuita, laica y obligatoria en todo el sistema educativo nacional; promueve la asignación de recursos suficientes y crecientes a la educación; que respete y valore la riqueza multicultural y, que proporcione una educación pública de calidad con equidad para la libertad, la justicia y el progreso.  

Sostiene que los principios básicos que orientan su acción se sustentan en las luchas históricas de México, …… impulsar la democracia y preservar la dependencia y soberanía nacionales. 

Se pronuncia por el derecho inalienable al empleo, al salario remunerador y el respeto absoluto de las conquistas de los trabajadores.

Exigir a las autoridades educativas del país, el cumplimiento y la revisión de acuerdos ya comprometidos e incumplidos. Tales como el compromiso social por la calidad de la educación en los apartados de mejoramiento de la calidad y equidad educativas y, conversión de las escuelas en comunidades de aprendizaje, donde interactúen padres de familia, estudiantes, maestros y comunidad local para el desarrollo de la integridad educativa.

Exigir a las autoridades educativas del país, el cumplimiento y la revisión de acuerdos ya comprometidos e incumplidos. Tales como el compromiso social por la calidad de la educación en los apartados de mejoramiento de la calidad y equidad educativas y, conversión de las escuelas en comunidades de aprendizaje, donde interactúen padres de familia, estudiantes, maestros y comunidad local para el desarrollo de la integridad educativa, cumplimiento inmediato del mandato del artículo 25 de la ley general de educación que compromete al Estado a invertir recursos públicos, equivalentes cuando menos al ocho por ciento del PIB Nacional, en el año 2006; concretar el ordenamiento constitucional que establece la obligatoriedad de los niveles de escolaridad preescolar; así como mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas  y actualizar crecientemente la investigación en todos los campos del saber humano, las ciencias y la tecnología; actualización y fortalecimiento  diversificado del normalísimo, para  que funcione acorde con las nuevas demandas de la sociedad, una visión integral del desarrollo y la educación y, los requerimientos del sistema educativo, iniciando con la apertura inmediata de Hecel Chakan, Campeche y el Mexe, Hidalgo.

Artículo 10.- El Sindicato tiene como objeto social y fines:

I. Defender los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros; 

IV. Pugnar por el fortalecimiento del sistema educativo nacional, en apego al contenido del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

X. Promover que se garanticen e incrementen los niveles de escolaridad de grupos marginados, favoreciendo la educación indígena, bilingüe y pluricultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. 

Artículo 41.- Para los dirigentes en los ámbitos Seccional y Nacional, además de los anteriores:

II. No ser candidato ni desempeñar cargos de elección popular; y/o

III. No ser dirigente de partido político alguno.

Artículo 43.- Los miembros de los Comités Ejecutivos Delegacionales, Regionales, Seccionales y Nacional no podrán ser electos para el mismo cargo en el mismo Comité. 

Artículo 45.- Corresponde a los dirigentes sindicales:

I. Desempeñar su responsabilidad con estricto apego a las normas estatutarias;

II. Acatar y ejecutar los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del Sindicato, conforme a sus niveles de dirección y según sus atribuciones; 

Artículo 49.- El Congreso Nacional es el órgano supremo de Gobierno del Sindicato. Se reunirá en sesiones ordinarias o extraordinarias: 

I. Las sesiones ordinarias se realizarán cada cuatro años, a partir de la fecha  de elección del Comité  Ejecutivo Nacional, por convocatoria de éste, emitida con un mínimo de noventa días de anticipación; y

Artículo 76.- El Comité Ejecutivo Nacional es un órgano permanente de gobierno nacional que  representa ante todo, el interés general de los trabajadores de la educación a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto. Ejerce la representación legal del sindicato y está obligado a cumplir y velar por el cumplimiento del estatuto y demás ordenamientos legales, así como acatar los acuerdos y resoluciones del Congreso, Consejo y  Secretariado Nacionales. 

Artículo 78.-  El Comité Ejecutivo Nacional será electo en Congreso Nacional, así como los suplentes respectivos, de conformidad con lo establecido en este Estatuto, y durará en su cargo cuatro años.  

Artículo 79.- Corresponden originalmente al Comité Ejecutivo Nacional las atribuciones y obligaciones siguientes:

II. Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto;

III. Asumir la dirección del Sindicato y orientar las actividades sindicales, con sujeción a la Declaración de Principios, el Programa y Medios de Acción, el Código de Ética, las normas establecidas en el Estatuto y los reglamentos que de él se deriven;  

X. Emitir las convocatorias y presidir el Congreso Nacional, las sesiones del Consejo y el Secretariado Nacionales, en tiempo y forma consignados en este Estatuto; 

Artículo 81.- Son atribuciones y obligaciones de la Presidencia Nacional, las siguientes: 

III. Planear la organización y desarrollo de los Congresos y Consejos Nacionales del Sindicato; 

IV. Convocar y presidir las asambleas y sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Congreso, Consejo, del Secretariado y del Comité Ejecutivo Nacionales; 

VI. Diseñar y asumir la dirección estratégica del Sindicato con sujeción a la Declaración de Principios, el Código de Ética, el Programa y Medios de Acción y el Estatuto;

Artículo 90.-  Son atribuciones y obligaciones del Colegiado Nacional de Desarrollo y Superación  Profesional, las siguientes:

X. En materia de Escalafón, las siguientes: 

a) Incidir ante las autoridades correspondientes, para reformar las Leyes laborales, a fin de establecer normas escalafonarias acordes a los tiempos actuales; 

b) Pugnar porque el Reglamento Nacional de Escalafón sea revisado de manera permanente para su actualización y perfeccionamiento;

c) Garantizar los ascensos escalafonarios y las claves correspondientes, así como emitir las basificaciones y dictámenes, conjuntamente con las comisiones mixtas de escalafón nacional y estatales; y

d) Promover conjuntamente con las Comisiones Mixtas de Escalafón, la participación de los trabajadores de la educación en programas laborales y profesionales, que permitan a los agremiados ascender por preparación profesional y antigüedad en el servicio; 

Artículo 96.- Son atribuciones y obligaciones del Colegiado Nacional de Asuntos Laborales, las siguientes:  

VIII. En los diferentes niveles y modalidades, las siguientes:

d. Defender el cumplimiento de la legislación laboral, escalafonaria, de los reglamentos de las condiciones generales de trabajo, de los contratos de trabajo y la inviolabilidad de las conquistas laborales, emanadas de la Ley o de la costumbre, en favor de los miembros del Sindicato;

Artículo 97.- Son atribuciones y obligaciones del Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos, las siguientes: 

IV. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las leyes laborales, de Seguridad Social, sus reglamentos, convenios, acuerdos y circulares. 

Artículo 211.- La convocatoria para la celebración de Asamblea Ordinaria será dada a conocer por lo menos con noventa días de anticipación  cuando se trate de Congreso Nacional, con un mínimo de treinta días cuando se trate de Consejo Nacional, Congreso Seccional o Pleno Seccional y, con quince días en el caso de Asamblea Regional, Delegacional, de Centro de Trabajo, de Escuela o Pleno Delegacional.

Por su naturaleza, las Asambleas Extraordinarias serán convocadas en los términos de este Estatuto, cuando se consideren necesarias.

Artículo 213.- La convocatoria para asamblea será dada a conocer en la forma siguiente: 

I. Cuando se trate de Congreso Nacional o Congreso Seccional, mediante publicación en el diario de mayor circulación nacional o estatal según el caso, o en la gaceta u órgano oficial del Sindicato, y además deberá  fijarse en las sedes del Comité Ejecutivo Nacional y en las de los Comités Seccionales, Regionales, Delegacionales y de Centro de Trabajo correspondientes; 

Artículo 288.- La revocación de mandato será de aplicación general en todos los niveles de gobierno del Sindicato cuando existan casos probados de corrupción, incapacidad e ineficiencia en el ejercicio de de la dirigencia. 

Artículo 291.-  Las sanciones que pueden aplicarse a los dirigentes y demás miembros infractores de los Documentos Básicos del Sindicato, son las siguientes: 

III. Destitución del puesto o comisión sindical;

Artículo 324.-  El presente Estatuto es la ley suprema del Sindicato en su régimen interior; los miembros del Sindicato y los órganos de gobierno sindical están obligados a observarlos. No podrán ponerse en práctica normas organizativas o de funcionamiento que no estén consignadas o en contravención a este ordenamiento, salvo aquellas que se dicten por el Comité Ejecutivo Nacional en cumplimiento de un acuerdo o autorización expresa de un Congreso Nacional.

Transitorios.

Artículo Segundo.- Las presentes reformas estatutarias y Documentos Básicos del sindicato entrarán en vigor a partir del día siguiente a la conclusión de este V Congreso Nacional Extraordinario.

Artículo Tercero.- Se eligen los órganos nacionales de gobierno conforme a la integración aprobada en el V Congreso Nacional Extraordinario y se determina que en esta elección no tienen aplicación las restricciones en materia de desempeño de cargos de representación popular y partidista o de participación en la anterior estructura. 

Artículo 2.- Las disposiciones de este reglamento son obligatorias para la Secretaría de Educación Pública, sus trabajadores, la Comisión Nacional Mixta de Escalafón y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Artículo 6.- Los movimientos de personal de base que se efectúen de acuerdo con este reglamento no podrán modificarse o revocarse sino por resolución expresa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o de autoridad judicial competente. 

Artículo 10.- Son sujetos de derecho escalafonario los trabajadores de base de la Secretaria de Educación Pública con un mínimo de seis meses de ejercicio en la plaza inicial. La promoción escalafonaria de los trabajadores, será posible sólo después de transcurridos seis meses, contados entre la del último dictamen emitido a su favor y la del reporte de la vacante a la comisión. En los casos de concursantes únicos dentro de la categoría inmediata inferior el ascenso podrá realizarse antes del término mencionado. 

Artículo 11.- El ascenso de los trabajadores se determinará mediante la calificación de los diversos factores escalafonarios que son: conocimientos, aptitud, disciplina, puntualidad y antigüedad, en los términos señalados por este reglamento.

Que tenemos por reproducido las consideraciones jurídicas hechas con anterioridad por lo que hace al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y el Estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación.

Quienes, promovemos la presente demanda y atento a los criterios antes señalados, impugnamos la constitucionalidad del Acuerdo “Alianza por la Calidad de la Educación” así como todos los actos derivados del multicitado “Acuerdo” toda vez, que la declaración de ser contrarios a la Ley Fundamental, igualmente comprende los actos derivados, pues serán frutos de actos viciados; interpretación que tiene apoyo también en los principios de la indivisibilidad de la demanda, de concentración, y de expeditez o celeridad del procedimiento, establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ  A LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.  Es cierto que en la Ley Federal del Trabajo no existe ningún precepto legal que faculte de manera expresa a la autoridad del trabajo encargada de tomar nota del cambio de directiva de los sindicatos, para cotejar si las actas y documentos que le presentan los representantes sindicales se ajustan, o no, a las reglas estatutarias; sin embargo, tal facultad se infiere con claridad de la interpretación armónica y concatenada de los artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto establecen que para obtener su registro, los sindicatos deben exhibir copia de sus estatutos, los cuales deben reglamentar los puntos fundamentales de la vida sindical y que deben comunicar los cambios de su directiva "acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas"; requisitos que, en conjunto, justifican que la autoridad laboral verifique si el procedimiento de cambio o elección de directiva se apegó a las reglas estatutarias que reflejan la libre voluntad de los agremiados, máxime si se toma en consideración la gran importancia de la toma de nota, ya que la certificación confiere a quienes se les otorga no sólo la administración del patrimonio del sindicato, sino la defensa de sus agremiados y la suerte de los intereses sindicales. En tal virtud, no es exacto que ese cotejo constituya una irrupción de la autoridad en demérito de la libertad sindical consagrada en la Carta Fundamental, y tampoco es verdad que la negativa a tomar nota y expedir la certificación anule la elección, pues esto sólo podría ser declarado por una Junta de Conciliación y Arbitraje, oyendo a los afectados a través de un juicio, quienes en todo caso, podrán impugnar esa negativa a través del juicio de garantías. 

Contradicción de tesis 30/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito. 6 de septiembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl García Ramos.

Tesis de jurisprudencia 86/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de septiembre del año dos mil.

   Localización

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, febrero de 2006 Tesis: 1.15oT:10 L página: 1921 Materia: Laboral Tesis Aislada.

SINDICATO. LA AUTORIDAD LABORAL DEBE ABSTENERSE DE TOMAR NOTA SI LA ASAMBLEA ELECTORAL ORDINARIA SE CELEBRÓ CON INCUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS CORRESPONDIENTES.

De los artículos 67 y 72, fracción II, ambos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se desprende que la constitución de un sindicato tiene por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores que lo integran, y sus estatutos son las normas obligatorias que regulan la vida interna de la organización sindical que los conforma, por lo que su modificación no debe ser arbitraria, es decir, no puede dejarse a la simple anuencia o falta de oposición de los agremiados, sino que se tiene que ajustar a los procedimientos y las causas que los estatutos establecen, de manera que la autoridad laboral para efectos del registro de toma de nota, se encuentra facultada para verificar si el procedimiento de cambio o elección de directiva de un sindicato, celebrado a través de una asamblea electoral ordinaria, se ajustó a los estatutos pactados, y de no ser así debe abstenerse de tomar nota.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 13713/2006. María Elena Rojas y otros. 5 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: José Alberto Jiménez González.