Alianza por la calidad de la educación: contubernio privatizador

Alianza por la calidad de la educación: contubernio privatizador

Segunda edición corregida y aumentada

Rigoberto Martínez Escárcega

Introducción

El pasado 15 de mayo de 2008, con motivo del día del maestro, Felipe Calderón Hinojosa y Elba Esther Gordillo, firmaron un compromiso denominado Alianza por la calidad de la educación (ACE). Este compromiso contempla cambios sustantivos en el sistema educativo mexicano, que vulneran de forma grave las conquistas sindicales del magisterio y abre la puerta a la privatización de la educación. Estas nuevas políticas educativas se están implementando en un contexto en donde los grandes dueños del dinero tienen la mirada puesta en el sector energético, la seguridad social, la reforma laboral y el patrimonio cultural.

El documento base de la Alianza presenta esta reforma educativa como producto de una gran consulta a todos los actores involucrados en el sistema educativo nacional. A la letra dice: “…en los últimos meses realizamos amplias consultas y formulamos propuestas y compromisos reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación y el Cuarto Congreso Nacional y Segundo Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.”¹ Sin embargo, la base magisterial, en prácticamente todo el país, se ha manifestado con marchas, mítines, toma de casetas, puentes internacionales, dependencias e instalaciones sindicales en repudio a la ACE. El pasado 23 de septiembre, en el marco de una convocatoria a paro nacional de labores en contra de la ACE, llegaron a la ciudad de México por lo menos 10 mil docentes del estado de Morelos, los cuales están en paro de labores desde el inicio del ciclo escolar. En el estado de puebla se manifestaron 5 mil maestros en la capital de la entidad. En Guanajuato 3 mil profesores organizaron un platón en las sedes del poder legislativo y ejecutivo del estado. En Durango al menos unos 500 maestros se sumaron al paro nacional. En Guerrero más de 3 mil 500 trabajadores de la educación salieron a las calles a manifestarse. En Baja California, unos 900 maestros pararon actividades. Las secciones democráticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se sumaron en masa al rechazo de la ACE: la sección 34 de Zacatecas, la sección 22 de Oaxaca, la sección 18 de Michoacán, la sección 3 de Baja California Sur y la sección 9 del Distrito Federal. Mientras que en otras entidades federativas como Chiapas, Quinta Roo, Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Sinaloa las protestas se han dejaron sentir desde el inicio del ciclo escolar.² ¿Cómo es entonces, que los representantes del SNTE sigan afirmando que la ACE es producto de amplias consultas realizadas al magisterio? Es claro que en el SNTE las negociaciones y los acuerdos de los dirigentes se realizan a espaldas de los agremiados.

Es importante desentrañar el carácter privatizador de las políticas educativas impulsadas por Gordillo y Calderón, por lo que en el presente escrito se abordará un análisis crítico de cada uno de los procesos prioritarios que contempla la ACE, teniendo como propósito central, construir una imagen de conjunto sobre los nuevos nubarrones que vaticinan tormenta en la educación pública de México.

Infraestructura y equipamiento

En este proceso el gobierno se compromete “a partir del ciclo 2008 – 2009, equipar a 14,000 planteles y rehabilitar a 27,000 planteles que se encuentran en malas condiciones.”³ Por malas condiciones los anexos del documento establecen escuelas cuyas paredes y techos estén construidos con cartón, carrizo, palma, tierra, tejamanil, alambre de púas, lámina metálica o maya ciclónica. En contra parte, las escuelas en buenas condiciones están construidas con material de concreto, ladrillo, adobe, mosaico, tabicón, tabique, loseta, multipánel, teja de barro o piedra. Las escuelas que están construida con paredes de abobe y piso de tierra, se encuentran catalogadas dentro de las mejores instalaciones educativas del país, y por consecuencia, sólo recibirán del presupuesto nacional apoyo para impermeabilizar sus techos y pintar sus paredes. Los compromisos del gobierno son una estrategia publicitaria. Como señala Etelvina Sandoval, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), “no basta con tener baños, salones, equipamiento y dos cuartos para decir que eso ya es una escuela, sino preguntarse primero por los espacios que requiere el nuevo colegio. En síntesis, sin un verdadero proyecto, las acciones de mejoramiento de los inmuebles sólo serán cuestiones mediáticas.”⁴

El documento base de la Alianza no menciona ni una palabra sobre la construcción o ampliación de nuevos planteles, lo que en los hechos significa que el profesorado de las secundarias en zonas urbano-marginales seguirán trabajando con más de 50 estudiantes por grupo. En semejantes condiciones laborales, no hay reforma educativa que valga.

Sin embargo, lo más peligroso en cuanto a la infraestructura, es la estrategia del gobierno de permitir el arrendamiento o comodato de las escuelas públicas al capital privado, lo que representa el primer paso hacia la privatización de la educación. Según denunció Raquel Sosa, secretaria de Educación y Cultura del gobierno legítimo, el año pasado se intentó aprobar una ley de infraestructura pública que “abría a empresas privadas y organismos internacionales las instalaciones educativas del país, pero se logró detener en la Cámara de Diputados; no obstante, van por todo, porque los recursos públicos destinados a la educación en México son cuantiosos, y ya se están relamiendo los bigotes, pero no se los vamos a permitir.”⁵

El mantenimiento de la infraestructura de los planteles escolares en México, ha estado a cargo de los padres de familia, ya que el gobierno no destina de forma regular ninguna erogación para este rublo. En la práctica esto ha provocado que se vulnere de forma significativa la gratuidad de la educación pública, ya que el estado ha pasado esta responsabilidad al padre de familia por medio de las cuotas “voluntarias” de inscripción.

El Programa de Escuelas de Calidad (PEC), implementado con bombo y platillo en el sexenio de Vicente Fox, ha formalizado la obligación de los padres de familia de erogar recursos para el mantenimiento de las escuelas públicas. En este programa por cada peso que aporta el padre de familia el gobierno aporta otros dos. Por lo que, el gobierno está eludiendo de forma paulatina, la responsabilidad del mantenimiento y modernización de la infraestructura y equipamiento de los centros escolares. Con estas estrategias publicitarias, el gobierno naturaliza la desaparición de la educación pública, gratuita y obligatoria.

Tecnologías de la información y la comunicación

En el segundo proceso prioritario, se platea la siguiente acción: “Equipamiento con conectividad de centros escolares en 155 mil aulas adicionales a las existentes, para cubrir 75% de la matrícula.”⁶ Estas cifras no son más que metas cuantitativas llenas de eufemismo que desconocen la realidad de los centros escolares de educación básica en México. Según reporta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), al inicio del ciclo escolar 2006–2007, había 86 746 escuelas de preescolar, 98 027 de primaria y 32 788 de secundaria, dando un total de 217 561 escuelas de educación básica.⁷ Si esta cantidad se multiplica por 6 aulas por escuela en promedio, en cálculos muy conservadores, da como resultado un millón 305 366 aulas de clase en total. Las 155 mil aulas representan tan sólo el 11.87% del total de aulas en el país. De lo que se deduce que el 63.12% de las aulas (824 024) están equipadas con conectividad en la actualidad. Las cifras son muy alentadoras, pero desafortunadamente son falsas. En educación básica sólo 20% de las aulas cuentan con equipo de enciclomedia y conectividad (en un escenario muy alentador). Por lo que es imposible que con el equipamiento de 155 mil aulas se obtenga cubrir el 75% de la matrícula.

Ahora bien, establecer como prioridad en el desarrollo del Sistema Educativo Nacional (SEN), el equipamiento con conectividad del 75% de la matrícula escolar, es desconocer la dura realidad en la que se encuentran la mayor parte de las escuelas en México. Según reporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en un censo del 2005, en México el 9.93% de las viviendas cuentan con piso de tierra, el 9.9% no disponen de excusado o sanitario, el 11.05% no disponen de agua entubada de la red pública, 11.67% no disponen de drenaje, el 6.12% no disponen de energía eléctrica, el 39.04% no disponen de lavadora y el 23.22% no cuanta con refrigerador.⁸ Estos porcentajes dan cuenta de las viviendas pero no de la población que vive en estas condiciones, por lo que en número de habitantes las estadísticas se vuelven catastróficas. Los intereses de la mayor parte de los estudiantes en México no se centran en las redes de la comunicación y la información, en la informática y la cibernética, en el internet y la multimedia, en la realidad virtual y el hiperespacio, sino en satisfacer las necesidades más básicas de una vivienda digna, que cuente con energía eléctrica, agua entubada, drenaje, piso de cemento, en donde una lavadora y un refrigerador son artículos electrodomésticos de lujo. Estas políticas educativas exportadas de los vecinos del norte, según reporta la revista Proceso, han llevado al absurdo de instalar equipos de enciclomedia en aulas de tejamanil que no cuentan con energía eléctrica.⁹

El gobierno pretende “equipar con computadora a maestros que logren su certificación de competencias digitales.”¹⁰ Habría que señalar que el gobierno no se compromete a erogar ni un centavo para dicha acción. Será el SNTE a través de convenios con empresas particulares, el que ofrecerá equipos de cómputo a los maestros en “cómodos” abonos vía nómina. Un gran negocio para el sector empresarial, como lo ha sido el programa de enciclomedia, con equipo rentado a los particulares. Lo que no queda claro del todo, es cómo van a lograr los maestros certificar competencias digitales, sin que estén equipados con una computadora.

Gestión y participación social

En el tercer proceso prioritario de gestión y participación social, se pretende “impulsar y reforzar los siguientes programas participativos: escuela segura, escuelas de tiempo completo, escuelas en horario discontinuo, escuelas fuera del horario de clase y en fines de semana y escuelas de bajo rendimiento.”¹¹

La Alianza retoma el Programa Nacional Escuela Segura el cual forma parte desde julio de 2007, de la estrategia nacional de seguridad “Limpiemos México”, la cual establece vínculos de colaboración con diferentes instituciones, de forma prioritaria con la Secretaría de Seguridad Pública y su programa “Comunidades Seguras”, la Secretaría de Salud con el programa nacional “Salud sólo sin drogas”, la Secretaría de Desarrollo Social con el programa “Recuperación de espacios públicos”. Según el programa, la seguridad se refiere al resguardo de los estudiantes en “su integridad física, afectiva y social en la escuela, así como en el entorno comunitario que rodea a las escuelas.”¹² El resguardo de los estudiantes tiene un carácter meramente carcelario, combatir la violencia con la violencia.

Las preguntas obligatorias: ¿Qué se entiende por escuela segura? ¿Habrá un pelotón de infantería de las Fuerzas Armadas de México a las afueras de cada plantel escolar? ¿Los padres de familia organizarán guardias para cuidarse de ellos mismos? ¿Los maestros organizarán un cateo minucioso a los estudiantes, sus mochilas y sus loncheras en busca de algún enervante, armas de fuego o material pornográfico a la entrada de cada preescolar? Las terribles desigualdades sociales en México, son generadoras de una violencia social que no vamos a poder combatir con una escuela segura en un país inseguro. Según reporta el CONEVAL en el censo de 2005, de un total de 103 263 388 de habitantes en México, 18.2% viven en pobreza alimentaria, 24.7% en pobreza de capacidades y 47.0% en pobreza de patrimonio.¹³ Hay estados donde los índices de pobreza son verdaderamente alarmantes, por ejemplo Chiapas 75.7%, Guerrero 70.2% y Oaxaca 68.0% de sus habitantes viven en pobreza de patrimonio. Según las definiciones del mismo CONEVAL, la pobreza alimentaria se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir la canasta alimentaria básica establecida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La pobreza de capacidades se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación. La pobreza de patrimonio se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. Estos índices de pobreza son los que reporta el mismo gobierno, por lo que es de esperarse que la realidad sea aún más alarmante.

En contra parte, la revista Forbes reportó en el año 2005, que Carlos Slim Helú elevó su fortuna personal hasta 23 mil 800 millones de dólares, el 71% más que en el año 2003, lo que constituyó uno de los incrementos de fortuna más extraordinarios que jamás se hayan observado, ubicándolo como el cuarto hombre más rico del mundo.¹⁴ Su fortuna representó 42.3% del ingreso corriente total en un año de los 24.65 millones de hogares existentes en México. Pero lo más inaudito, es que para el año 2007, Carlos Slim se colocó como el hombre más rico del mundo, al mismo tiempo que más de la mitad de sus conciudadanos en México, se sumergen en la pobreza extrema.¹⁵ En medio de esta desigualdad social, donde cada día se acrecienta la pobreza en muchos y la riqueza en poco, la inseguridad social no se va a combatir con buenas intenciones, sino con más y mejores oportunidades de desarrollo social para los sectores más golpeados por las políticas neoliberales.

El programa de Escuela Segura tiene como objetivo general: “Consolidar a las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros y confiables a través de la participación social y la formación ciudadana de los alumnos.”¹⁶ Por participación social se entiende a los padres de familia junto con los elementos de Seguridad Pública formando guardias para proteger a las escuelas de ellos mismos. Una escuela segura sólo es posible en un país seguro. La inseguridad y la violencia son fenómenos consustanciales a la desigualdad social. México al igual que América Latina y el Caribe son la región más inequitativa del mundo, según reporta la CEPAL a través del índice de Gini, durante 1997–2002.¹⁷ Mientras prevalezca tanta desigualdad social, México va a seguir siendo un país inseguro.

El Programa de Escuela Segura restringe la formación ciudadana de los alumnos, a una serie de materiales donde se aborda la cultura de la legalidad y la prevención del delito desde enfoques tradicionalistas y conservadores, centrando el problema de la violencia en el individuo al margen de su contexto económico, político y social. Según los materiales didácticos que propone dicho programa, se define al delito como “un acto u omisión que altera el orden público y debe ser castigado.”¹⁸ Con estas definiciones en vez de lograr la formación de una ciudadanía responsable y crítica lo que se forma son sujetos pasivos y conformistas que aprendan a respetar las imposiciones y arbitrariedades en un país donde la democracia brilla por su ausencia.

Otro de los programas nacionales que contempla la Alianza, es el de Escuelas de Tiempo Completo, el cual se implementó a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la SEP. El programa tiene como objetivo general: “Generar ambientes educativos propicios para mejorar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos conforme a los propósitos de la educación básica, desde la posibilidad que ofrece la ampliación de la jornada escolar al incorporar y diversificar las actividades formativas.”¹⁹ El programa tiene dos grandes propuestas: la ampliación de la jornada escolar y la diversificación de actividades formativas.

Los docentes de educación básica se verán obligados a trabajar una jornada laboral de nueve horas diarias y los estudiantes una de ocho. Los docentes destinarán de forma obligatoria seis horas de trabajo con contenidos curriculares y de actividades complementarias; una hora de recreación y convivencia; una hora de alimentación y; una hora de planeación, reflexión e interacción para la mejora. Es evidente que la jornada de trabajo para los docentes va a exceder las nueve horas diarias, en función del tiempo que se dedica para recibir y despedir a los estudiantes, así como la planeación, reflexión e interacción para la mejora del trabajo educativo que lleva más de una hora diaria de trabajo, y cientos de actividades más que se destinan al trabajo escolar sin retribución alguna.

Las escuelas de tiempo completo exigen una jornada de trabajo de 8:00 a 17:00 horas, con una comida intermedia, con la pequeña salvedad de que la mayor parte de las escuelas de educación básica del país, carecen de comedores y de recursos económicos para sacar adelante dicha actividad. Como opina Etelvina Sandoval: “estas medidas son ideales siempre y cuando se tenga claro un proyecto que impacte educativamente y se realice una inversión que implique la contratación de profesores y especialistas y un programa de comedor escolar, entre otros aspectos, para que tenga sentido que los niños permanezcan más tiempo en el colegio.”²⁰ Sin embargo, este tipo de inversiones no se contemplan en la ACE.

Las actividades complementarias que se platean comprenden: la enseñanza del inglés como lengua extranjera, educación artística, educación física, reforzamiento del aprendizaje, tecnologías de la información y la comunicación para uso educativo y alimentación saludable. El problema es que las actividades complementarias correrán a cargo del maestro de grupo, pues no se destinarán a las escuelas más recursos humanos ni económicos para llevarlas a cabo. Ahora bien, las actividades destinadas al reforzamiento del aprendizaje connota un enfoque neoconductista, que lleva a la teoría educativa a las antípodas del pensamiento pedagógico. La propuesta del gobierno parte del supuesto de que en unas cuantas semanas el estudiante puede memorizar la información que no pudo construir de forma significativa durante el desarrollo de todo un ciclo escolar. El constructivismo y la teoría del aprendizaje significativo, donde el aprendizaje es producto de una interacción activa entre estudiante y objeto de conocimiento, son desplazadas por teorías conductitas, donde se defiende que los estudiantes aprenden igual que las ratas con las que experimentaba Skinner. No cabe duda, los retrocesos también son cambios.

En este rublo lo que no queda claro son las nuevas condiciones salariales de los maestros. ¿Se les asignará una plaza de tiempo completo a las docentes de educación primaria y preescolar o niveles afines que sólo se les retribuye actualmente no más de 25 horas semanales? ¿Se les pagará de acuerdo a derecho a las víctimas de esta ocurrencia? Según el artículo 123 constitucional “la jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas, respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas.”²¹ ¿Cómo va a conciliar el gobierno y el SNTE la operación de las escuelas de tiempo completo y en horario extraescolar, con los derechos laborales que consagra la Carta Magna?

Otro de los programas que refuerza la Alianza, es el de escuelas en horario discontinuo. Bajo esta modalidad entró en operación el “Programa Vacacional 2008”, donde se abrieron las instalaciones de las escuelas públicas a la comunidad durante el periodo vacacional de verano, del 14 al 26 de julio, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. La población a la que está dirigido el programa es a niños y adolescentes de primaria y secundaria, sin importar su lugar de adscripción. El programa Vacacional contempló en su primera etapa actividades que se agrupan en cuatro campos: 1. Actividades deportivas, artísticas y culturales; 2. Visitas a museos, sitios históricos, parques y reservas naturales; 3. Servicio de salud; 4. Apoyo y regulación académica en español, matemáticas, uso de tecnologías y segunda lengua. En su segunda etapa, se trabajará estas mismas actividades a contra turno, en el turno vespertino cuando se trabaje de forma regular en el turno matutino y viceversa.²² La novedad principal que implica la puesta en operación de este programa en horario discontinuo, es que desaparece el receso vacacional de verano para estudiantes, el cual desde hace más de varias décadas era aprovechado por el magisterio para profesionalizarse, asistiendo a la Normal Superior o a otras instituciones de educación superior a cursar algún programa de especialización, maestría o doctorado. A partir de esta Alianza, los docentes cambian sus cursos de posgrado por actividades de regulación académica a estudiantes.

Lo más preocupante es que aumenta la carga de trabajo para los docentes, degradando sus condiciones laborales. El problema es que no se respeta los derechos laborales más elementales establecidos en la carta magna. El inciso tres del artículo 123 constitucional establece que “los trabajadores gozarán de vacaciones, que nunca serán menos de veinte días al año.”²³ A pesar de los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora, los programas educativos que está implementando el gobierno dejan al magisterio en la total indefensión.

Otro programa que establece la Alianza es el de Escuelas fuera del horario de clase y en fines de semana. Esta estrategia es parte del programa de Escuela Siempre Abierta. Según define el mismo programa “la apertura de escuelas públicas de educación básica, fuera de horario de clase y los fines de semana, para toda la comunidad, refiere a todas las escuelas de educación básica que cuentan con las condiciones de seguridad, instalaciones y espacios propicios para atender a la comunidad o comunidades aledañas, en las treinta y dos entidades federativas.”²⁴ El programa se dirige a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que forman parte de la comunidad aledaña a la escuela, los cuales pueden o no ser alumnos de la escuela y mimbro o no de la comunidad. La ejecución del programa se llevará a cabo en dos etapas: la primera en 6 000 establecimientos para el 2008, y en la segunda en 33 000 escuelas hasta el 2012. Se realizarán actividades de información, orientación, asesoría, culturales, recreativas, artísticas, para la salud, deportivas, además de las que la comunidad acuerde. Los responsables de la aplicación del programa son las autoridades educativas correspondientes, supervisores, directores y docentes, así como los consejos de participación social. Se establecerían relaciones interinstitucionales con el propósito de agenciarse recursos materiales y humanos con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte (CONADE) y la Secretaría de Salud (SS).

El asunto medular, es que ni el gobierno ni el SNTE se compromete a destinar un solo centavo para llevar a cabo este programa, por lo que de nueva cuenta corre a cargo de los derechos y conquistas sindicales del magisterio. Ahora lo que se pide es que los docentes sacrifiquen su tiempo extraescolar y sus fines de semana, para que establezcan relaciones con la comunidad. De nueva cuenta queda en suspenso qué va a pasar con los derechos laborales que consagra la constitución. El inciso dos del artículo 123 constitucional establece que “por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro.”²⁵ El gobierno intensifica la jornada de trabajo del magisterio hasta la extenuación, sin remuneración económica alguna. Quien diga que detrás de estos programas hay buenas intenciones, que muestren argumentos más consistentes, que no hagan aparecer al magisterio en condiciones laborales de esclavitud, como las que padecía la clase trabajadora en el siglo XVIII.

Finalmente, bajo este mismo proceso de gestión y participación social, se propone crear escuelas de bajo rendimiento. Nadie sabe qué entienden el gobierno y los líderes del SNTE por escuelas de bajo rendimiento: ¿La propuesta consistirá en crear centros escolares donde se ponga en práctica un currículum especial y actividades didácticas complementarias para los estudiantes que hayan obtenido bajo rendimiento? Si es así, la segregación social y el racismo se van a institucionalizar.

Al mismo tiempo platean como consecuencias del acuerdo “cerrar brechas educativas entre centros escolares y regiones del país.”²⁶ Es una contradicción insalvable. Se propone cerrar brechas y al mismo tiempo se crean escuelas de bajo rendimiento. En realidad, las escuelas de educación básica se van a convertir en centros educativos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría social. Las actuales políticas educativas están enfocadas a revivir el régimen de castas en México, pero ahora al amparo de la explotación y humillación de clases.

Ingreso y promoción

En el apartado de ingreso y promoción, se propone como acción el “ingreso y la promoción de todas las nuevas plazas y de todas las vacantes definitivas por la vía de concurso nacional público de oposición convocado y dictaminado de manera independiente.”²⁷ Como consecuencia de este acuerdo el 27 de julio del 2008, aparecen publicadas en todos los medios escritos de circulación nacional y estatal, dos convocatorias: una para el examen de ingreso al servicio docente y otra sobre el examen para el otorgamiento de plazas a docentes en servicio. Para ambas convocatorias se estableció como periodo de inscripción del 28 al 31 de julio del 2008, a más tardar a las 18:00 horas tiempo local. Del 29 de julio al 1 de agosto de 2008, los aspirantes debían acudir a la sede de registro correspondiente a recoger su ficha de examen. El 11 de agosto de 2008, a las 11:00 horas tiempo del centro, se debió aplicar de manera simultánea en todo el país, el examen nacional de conocimientos y habilidades docentes. Por último, el 14 de agosto del mismo año, se debió haber publicado en la página de internet correspondiente y los medios impresos de las distintas entidades federativas, los resultados del examen.

El asunto es que el examen no se pudo aplicar en todas las entidades federativas, espacialmente en Michoacán y Oaxaca, gracias a la lucha de oposición que organizaron grandes contingentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Y los resultados tampoco fueron publicados en los medios impresos el 14 de agosto. En cambio, ese día por la noche, la SEP da a conocer los resultados del examen, anunciando de forma amarillista que el 67% de los maestros habían salido reprobados. El problema es que la forma tan alarmista en que fueron dados a conocer los resultados del examen, puso en la picota pública a todo el magisterio del país.

Según la SEP, se presentaron 76 578 aspirantes a presentar el examen. De ellos se eliminaron 5 524 atribuidos a un error, por lo que el universo se restringió a 71 054 aspirantes. Se difundió que 47 809 (67.28%) de los aspirantes no alcanzaron el mínimo aprobatorio y que sólo 23 245 (32.71%) maestros aprobaron el examen.²⁸

Al respecto los pedagogos agrupados en Educación y Cambio, editores de la revista Cero en conducta, informaron que la difusión de los resultados del examen a los aspirantes a una plaza docente “crea una sensación de alarma en la opinión pública, asesta un golpe publicitario negativo a los maestros, descalifica a toda la planta de educadores del país y alimenta un ambiente de frustración y desaliento especialmente entre aquellos con alto compromiso y dedicación.”²⁹ Esta afirmación se confirma si se estudia de forma más cuidadosa los resultados del examen.

Un pequeño análisis de los resultados del examen en el estado de Chihuahua muestra que de 301 aspirantes para plaza de educación primaria, 196 (65.11%) obtuvieron una calificación aprobatoria y 105 (34.88%) reprobaron el examen. En contra parte, se presentaron 394 aspirantes a una plaza de educación física, de los cuales 61 (15.48%) aprobaron y 333 (84.51%) reprobaron el examen.³⁰ Lo que muestran los resultados del examen es que los estudiantes egresados de las escuelas normales en su mayoría obtuvieron una calificación aprobatoria, mientras que los egresados de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) salieron reprobados de forma contundente. Si se junta a las dos poblaciones se tiene un total de 695 aspirantes, de los cuales 257 (36.97%) aprobaron y 438 (63.02%) reprobaron el examen, lo cual da un porcentaje muy cercano a la media nacional, difundido de forma morbosa por la SEP. Por tanto, las escuelas normales del estado vistas de forma particular, salen bien evaluadas, mientras que los resultados del examen muestran el alarmante fracaso de los egresados de la UACH. Pero de forma contradictoria, el gobierno y el SNTE proponen eliminar las normales y restringir la contratación de profesores a los egresados de las universidades públicas y privadas. La conclusión es doble, por un lado se demuestra que la SEP manipuló los resultados del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes (ANCHD) para desprestigiar a las escuelas normales y al magisterio del país, y por otro, que estos resultados no sirven para justificar las políticas privatizadoras.

Ahora bien, los criterios de evaluación en los cuales se basó el examen no son del todo claros ni convincentes, ya que la elaboración y revisión corrió a cargo de la Dirección Nacional de Evaluación (DNE) adscrita a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) de la SEP, instancia que ha sido fuertemente cuestionada por la falta de rigor científico y pedagógico al elaborar las pruebas que miden el factor de preparación profesional en el Programa de Carrera Magisterial.

Pero la falta de seriedad y trasparencia en la elaboración y revisión del ENCHD no es lo más cuestionable, sino el criterio tan elemental de contratación. No es posible determinar el desempeño de competencias laborales (empleando la jerigonza del discurso oficial), sólo con los resultados de un examen cuantitativo, es necesario considerar factores del desempeño laboral, compromiso ético y social, así como la vocación y la responsabilidad con la educación pública, entre muchos factores más que son imposibles evaluarlos con un simple examen. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) emitió una resolución según la cual “los criterios de contratación de futuros docentes no deberían depender solamente del nivel de conocimiento de los candidatos. Las cualidades personales, tales como el rigor moral, el sentido de responsabilidad y de solidaridad, la motivación, la predisposición para el trabajo en equipo y la aptitud para comunicar, son condiciones necesarias.”³¹ En coincidencia con este señalamiento, Benjamín Cortés Valadés y Francisco Zúñiga, catedráticos de la Escuela Normal Superior, abundan en señalamientos contra el examen de oposición aplicado como único mecanismo para el otorgamiento de plazas, ya que según ellos “se contrapone incluso legalmente a la ley de profesiones, pues si un maestro obtiene un título y cédula profesional, significa que está capacitado para desempeñarse como docente y, por tanto, no hay justificación para autorizarle laborar sólo después de aprobar la evaluación dispuesta por la SEP.”³²

Según la SEP, hubo más de 53 000 solicitudes para nuevo ingreso al servicio docente, y más de 17 000 para docentes en servicio. De acuerdo a la convocatoria para aspirantes al servicio docente, hay disponible 2 645 plazas para el nivel de preescolar, primaria, preescolar indígena, primaria indígena, telesecundaria y educación especial y 11 805 horas para preescolar general, educación física preescolar, educación física primaria, secundarias generales, secundarias técnicas y educación especial. Por lo que es de esperarse que más de 50 000 aspirantes queden sin empleo.³³ Por otro lado, la convocatoria para el otorgamiento de plazas a docentes en servicio señala que hay disponibles 4 083 plazas y 11 805 horas semana – mes de nueva creación y vacantes definitivas al 15 de julio de 2008.³⁴ Por lo que más de 12 000 docentes en servicio no serán ratificados en sus contratos de trabajo.

Como consecuencia de estas estadísticas, el titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), de la SEP, Jorge Santibáñez Romellón, declaró el 15 de agosto, un día después de que se dieran a conocer los resultados del examen, que “no tiene mucho sentido seguir formando maestros de primaria en las cantidades que lo hacemos hoy en día, pues México está pasando de un país de niños a uno de jóvenes.”³⁵ En relación a las escuela normales, Santibáñez Romellón, afirmó que “más que la desaparición, buscamos su transformación para hacerlas pertinentes. No tiene sentido aceptar un gran número de alumnos que tienen vocación, que entran muy ilusionados a estudiar en una normal para convertirse en maestros, si sabemos que el número de plazas es muy limitado, porque no necesitamos más.”³⁶ De forma velada, el funcionario estaba señalando la desaparición de las normales. Más adelante señala “ya tenemos el compromiso pactado con el SNTE, en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación, para generar cinco centros regionales de excelencia, e ir apuntando a profesores con mayor calidad, con dos elementos centrales: pertinencia y calidad.”³⁷ Santibáñez señala el acuerdo sobre la creación de cinco centros regionales de excelencia académica que pasarán a sustituir a las escuelas normales en la formación de profesores de educación básica.

Sin embargo la nota amarillista sobre el cierre de las escuelas normales la encabezaría Elba Esther Godillo, al lado del presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa y la titular de la SEP, Josefina Vazquez Mota, el lunes 18 de agosto en la primaria Tlacoquemécatl, ubicada en la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, al inaugurar el primer día de clases del ciclo escolar 2008–2009. La representante del SNTE declaró de forma contundente: “Queremos que las normales sean instituciones para técnicos en turismo, técnicos en actividades productivas.”³⁸ La justificación fue que se debe evitar que haya “tantos docentes como manejadores de carro y servidores de mesa.”³⁹ Elba Esther tomó los resultados del examen como argumento, para sostener que “el sistema de normales ha sufrido un quiebre y, por ello la SEP debe buscar vocaciones más cercanas al empleo, en lugar de licenciaturas en pedagogía.”⁴⁰ De esta forma tan burda fue declarada públicamente la desaparición de las escuelas normales.

Un día después de las declaraciones escandalosas de Elba Esther Gordillo, el 19 de agosto, sale a la escena pública Josefina Vázquez Mota, y declara que “el concurso ha dejado en evidencia que hay que tomar decisiones de mejora en la formación y en los programas de las normales y que tendremos que ir a esquemas de transición.”⁴¹

Por si no fuero poco el nivel de vulgaridad con el que se dan a conocer públicamente las políticas educativas en México, días después el gobernador de Aguascalientes, Luis Reynoso Femat, lanzó una invitación a los aspirantes a maestros desempleados para que se integren al cuerpo de policías, con un sueldo de 15 y 20 mil pesos al mes, cuyos requisitos son “querer realmente a su tierra y estar dispuestos a rifársela.”⁴² La propuesta del gobierno panista es clara, que los egresados de las escuelas normales cambien sus libros por metralletas.

En contradicción con la propuesta de Elba Esther Gordillo de convertir las escuela normales en centros de capacitación para técnicos en turismo, el periódico La Jornada publicó el 25 de agosto de 2008, que la carrera en turismo es una de las que más desempleo genera en el país. De los egresados en turismo que cuentan con empleo, el 63.8% trabajan en sectores y actividades ajenas a su formación.

Lo primero que habría que debatir es la declaración morbosa de Elba Esther Gordillo y el gobierno, de que sobran maestros en México, y lo segundo, es desentrañar cómo a la desaparición de las escuelas normales le subyace una estrategia más amplia para privatizar la educación.

Se impone una mirada al nivel de rezago educativo en México, para evaluar la pertinencia de seguir formando profesores en las escuelas normales. Alejandro Sánchez Camacho, diputado federal del PRD declaró en tribuna que en “la actualidad hay 30 millones de mexicanos con rezago educativo; es decir, una tercera parte de la población no sabe leer ni escribir, no ha terminado la primaria o la secundaria.”⁴³ Pero lo dice un opositor al gobierno panista. ¿Qué dicen los intelectuales? José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló al impartir una conferencia en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), que “33 millones de mexicanos se encuentran en situación de rezago educativo, seis millones mayores de 15 años son analfabetas, y de ellos más de 45 por ciento se encuentran en Veracruz, estado de México, Chiapas, Puebla y Oaxaca. Además, 10 millones no concluyeron la primaria y 17 millones dejaron inconclusa la secundaria.”⁴⁴ Se podrá decir que es una información tendenciosa, extraída de un medio informativo de oposición. Pero ¿qué dice el mismo gobierno sobre el rezago educativo? Según señala el CONEVAL en su página de internet, en el año 2006 había en México 1.9% de niñas y niños entre 8 y 12 años que no asisten a la escuela, 8.5% de las personas mayores de 15 años son analfabetas, y 23.6% de personas mayores de 15 años tienen la primaria incompleta. El rezago escolar se agrava de forma alarmante para el 20% de la población más pobre del país, donde el 3.5% de niñas y niños entre 8 y 12 años no asisten a la escuela, el 20.8% de personas mayores a 15 años son analfabetas, y el 44.8% de personas mayores de 15 años tiene la primaria incompleta.⁴⁵ Falta por registrar la cantidad de personas mayor a 15 años con secundaria, bachillerato y nivel profesional incompleto, lo cual daría cifras catastróficas sobre el rezago escolar.

Para tener un acercamiento superficial al rezago en los diferentes niveles educativos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), elabora reportes anuales sobre la matrícula del sistema educativo nacional. Al inicio del ciclo escolar 2006-2007, el nivel de educación básica tenía matriculados 25 380 505 alumnos (4 739 234 en preescolar, 14 585 804 en primaria y 6 055 467 en secundaria), el nivel de educación media superior 3 742 943 y el nivel de educación superior 2 528 664 alumnos.⁴⁶ Si se toma como referencia la matrícula de educación básica, sin contar el 1.9% de niñas y niños de entre 8 y 12 años que no asisten a la escuela, como lo reporta el CONEVAL, se tiene que sólo el 9.96% de los jóvenes en edad de estudiar, ingresan al nivel de educación superior. Si después de estas cifras que proporcionan los mismos órganos de gobierno, se sigue defendiendo el argumento según el cual sobran profesores en México, queda claro que no se tiene voluntad política para combatir la crisis educativa que padecemos en la actualidad. Lo que demuestra el acercamiento cuantitativo al rezago escolar en México, es la necesidad de crear más escuelas y generar nuevas plazas docentes en educación básica, que pueda disminuya el número de estudiantes por grupo, así como la de invertir de forma extraordinaria en la educación media superior y superior, para que los jóvenes no se queden sin a oportunidad estudiar. La ampliación de la cobertura en el nivel medio superior y superior, exige la apertura de escuelas normales, que formen docentes para estos niveles educativos. Sin embargo, de las declaraciones de Gordillo y Calderón no se desprende que haya voluntad para atender el rezago educativo.

Más allá de las cifras y los porcentajes la prueba más fehaciente de la escasez de recursos en educación, es la gran cantidad de jóvenes que año con año quedan excluidos de las universidades públicas. El Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación, el pasado 20 de agosto, empezó una huelga de hambre frente a la cede de la SEP, demandando un lugar en el nivel de educación superior. Los voceros del Movimiento declararon a la prensa “que la SEP no quiere asumir su responsabilidad como autoridad, y más bien intenta dejar el problema a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN).”⁴⁷ Las autoridades educativas y sindicales, en vez de atender la demanda de más y mejores espacios educativos, están tratando de convencer a la opinión pública de que sobran maestros en México.

¿Y qué dicen las autoridades educativas en las distintas entidades federativas del país, sobre el cierre de las escuelas normales, en aras de una sobre demanda de maestros? Omar Castro Cota, Secretario de Educación en el estado de Baja California Sur, el pasado 15 de septiembre declaró a la prensa “que como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no les autoriza la apertura de nuevas plazas, en los pasados años han contratado profesores por compensación. El déficit de plazas para maestros es de 300 y de 700 para trabajadores no docentes en el sistema educativo estatal, sin embargo el gobierno federal sólo asignó nueve plazas para primaria y 344 horas de secundaria para el próximo ciclo escolar.”⁴⁸ Por otra parte, Aída Sagredo, secretaria de educación del estado de Michoacán, calificó la propuesta de Gordillo y Calderón como “descabellada”.⁴⁹ El gobierno federal no ha cumplido con la erogación necesaria que demandan las entidades federativas en materia educativa, y ya emprendió una campaña mediática para cerrar las 290 escuelas normales existentes en todo el país.

Sergio Espinal, secretario general del comité ejecutivo nacional democrático del SNTE, señala enfático: “se da un golpe mortal al normalismo, porque prácticamente se dice que su currícula, su forma de enseñanza y su práctica en el aula no sirven, lo que abre todos los espacios a la formación del magisterio en instituciones privadas.” ⁵⁰La desaparición de las escuelas normales, trae aparejada la privatización de la educación, en tanto que podrán ser sujetos de contratación todas las personas egresadas de las universidades privadas con perfiles afines al educativo.

La formación de docentes y la educación pública en México, se someten a criterios de evaluación eminentemente empresariales. Como bien señala Hugo Aboites, catedrático de la UAM, con la Alianza “se hace presente el profundo choque entre dos grandes propuestas respecto de la educación y su mejoría. Por un lado el caudal de experiencias diversas que maestros y escuelas han generado a lo largo de la historia de la educación y, por otra, la iniciativa de capacitación para el trabajo, que hacen empresarios y un gobierno privatizador, dispuestos a entregar el petróleo y la educación a las fuerzas del mercado. No es fortuito que los primeros en felicitar al gobierno federal por la firma de la Alianza fueran capitalistas de enorme peso, como Alfredo Harp Helú, expresidente de Banamex, y María Asunción Aramburuzabala, dueña de la Cervecería Modelo, así como representantes de federaciones de instituciones educativas privadas y empresariales”⁵¹

Cada día es más evidente que el modelo educativo en México responde a los intereses del gran capital, que trata de convertir la educación pública en un gran negocio, y en un medio para formar ciudadanos complacientes con el sistema social. Raquel Sosa, argumenta que “es evidente que el plan de destruir las normales, de incorporar profesionales de distintas disciplinas como maestros, pero sin ninguna preparación pedagógica, y el uso de recursos públicos para favorecer las inversiones privadas en ciencia y en educación, es un proyecto de organismos como el Banco Mundial (BM), que pretende la destrucción de toda cultura pedagógica nacional.”⁵²

Detrás de la campaña de linchamiento y desprestigio contra el magisterio y las escuelas normales que han emprendido Gordillo y Calderón, está la intención de dar libre paso a las instituciones privadas, poniendo el ejercicio de la docencia sólo en manos de quien pueda costearse su propia educación. El maestro José Ángel Pescador Osuna, ex secretario de educación pública, comenta: “es lamentable que el examen para concursar por una plaza se haya utilizado como instrumento para estigmatizar al magisterio, lo que en el fondo tiene como estrategia desprestigiar y minimizar la educación pública y seguir favoreciendo el crecimiento desmedido de las instituciones particulares.⁵³

Como nunca antes en la historia de la educación en México, el gobierno había manifestado tanto desprecio y desdén a la formación docente. Como bien apunta Graciela Gutiérrez, docente de la Benemérita Escuela Normal de Maestros: “ni siquiera con Porfirio Díaz se vivió un embate tan fuerte para acabar con el normalismo.”⁵⁴

Ante este panorama surge la siguiente interrogante: ¿Podrá el SNTE desprenderse de la contratación de plazas, que ha sido uno de los principales medios de control político? Esta estrategia de contratación por concurso de oposición, en la realidad, más allá del eufemismo del discurso oficial, es un medio de control político para deshacerse de la contratación de los egresados normalistas que tanto incomodan al caciquismo de Elba Esther Gordillo. Según la opinión de Carlos Ornelas, catedrático de la UAM, la intención de desaparecer las escuelas normales “no busca mejorar la calidad de la educación, sino que es una estrategia de la cúpula del SNTE para no perder espacios de poder que ahorita están amenazados por muchas cosas –como la disidencia-, aunque (ese poder) se está agrandando con la alianza entre Gordillo y el presidente.”⁵⁵

La Alianza se ha convertido en pago de favores políticos a Gordillo por parte de Calderón, para fortalecer su control político al interior del SNTE. Para Hugo Casanova Cardiel, miembro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, la Alianza “sólo es una fachada detrás de la cual hay un inframundo que sigue existiendo con los defectos históricos de las negociaciones oscuras entre Gordillo y el gobierno federal, las viejas prácticas caciquiles y clientelares. Junto a la idea de lo eficientista y lo tecnocrático coexiste lo viejo y si abres la puerta las momias siguen allí.”⁵⁶ Un síntoma de que las viejas prácticas de corrupción al interior del SNTE siguen presentes a pesar de la contratación de profesores a través de un examen nacional de oposición, es que el número de plazas a dictaminar por concurso no corresponde con el número de plazas disponibles en cada entidad federativa. Del total de plazas disponibles de educación básica en el país, tomando como referencia las indicaciones de las autoridades educativas de Baja California Sur, se pusieron a concurso menos de la cuarta parte, por lo que las plazas de maestros seguirán siendo objeto de tráfico por parte de la cúpula del SNTE, a más altos precios sin lugar a dudas. Por lo que la educación pública en México, sigue sometida a los caprichos de Elba Esther Gordillo y sus lacayos.

El documento de la Alianza también hace mención de que “el acceso a funciones directivas en el ámbito estatal se realizará por la vía de concursos públicos de oposición.”⁵⁷ Esto significa desconocer la antigüedad, la experiencia académica y la preparación del profesorado, para acceder a puestos de dirección, supervisión o jefaturas de sector. La asignación de las nuevas autoridades educativas obedecerá a criterios eficientistas, basados en exámenes revisados con lector óptico, alejados de la problemática de los centros escolares. La promoción a funciones directivas, se convertirá al igual que la contratación de nuevas plazas a través de un examen público de oposición, en un mecanismo de control político por parte de los líderes del SNTE, con el propósito de cerrarles el paso a los maestros disidentes, que no estén dispuestos a someterse a los caprichos de Elba Esther.

Estas nuevas medidas de control político, donde se desconoce la antigüedad y el desempeño profesional para la promoción a puestos administrativos, al igual que todas las estrategias de la Alianza, contravienen los preceptos constitucionales. En el inciso ocho del artículo 123 constitucional, se señala que “los trabajadores gozarán del derecho de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia.”⁵⁸ La Alianza de Gordillo y Calderón no sólo es profundamente privatizadora sino también desvergonzadamente inconstitucional.

Profesionalización

En el proceso de profesionalización aparecen varias propuestas de suma importancia. En primer lugar se propone la creación del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio donde “participarán instituciones de educación superior de reconocido prestigio.”⁵⁹ Por tales se entiende el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y demás instituciones privadas que van a tomar en sus manos la actualización y profesionalización del magisterio, con cargo al erario público. ¡Se hace evidente la privatización de la educación!

En segundo lugar, se menciona que “los profesores cuyos estudiantes muestren bajo rendimiento en pruebas estandarizadas como ENLACE deberán tomar cursos especialmente orientados.”⁶⁰ Esta acción hace evidente una visión simplista y reduccionista por parte de la SEP y el SNTE, en donde se culpa al profesorado de todos los males que padece la educación. Se desconocen la infinitud de variables y de factores económicos, políticos y culturales que están presentes en el aprovechamiento escolar. Resulta que los maestros y las maestras más comprometidas que laboran en el medio rural y en las zonas marginales, en función del bajo rendimiento de sus estudiantes, van a ser castigadas con cursos que en nada van a propiciar la mitigación de la pobreza que padecen sus alumnos. En cambio, los hijos mimados de los dirigentes sindicales que fueron asignados a las escuelas más favorecidas de las ciudades, en función del favoritismo político, se van a convertir en un paradigma de excelencia por los resultados de sus alumnos en la prueba de ENLACE.

En tercer lugar, se establece la certificación de competencias laborales para los maestros. Esto es lo más peligroso de la Alianza de Gordillo y Calderón, ya que la contratación de los maestros va a ser renovada o revocada en función de la certificación anual de competencias laborales. Esta flexibilidad laboral es un preludio de la reforma laboral, donde lo que está en juego es la desaparición del contrato colectivo y el derecho de afiliación sindical por parte de los trabajadores. La constitución mexicana, señala en el artículo 123 que “los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley.”⁶¹ O se propone una modificación al artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias o se formaliza la violación fragrante de la constitución con la puesta en marcha de la Alianza y las nuevas relaciones laborales que le subyacen.

Con relación a la reforma de la ley federal del trabajo (mejor conocida como reforma laboral), el miércoles 3 de septiembre del 2008, Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), declaró públicamente que durante este gobierno también se concretará la reforma laboral. Sostuvo “que para salvar las empresas en ciertos sectores, los trabajadores deben sacrificar sus contratos y condiciones laborales; indició que los obreros podrán mejorar sus ingresos mediante la “productividad” y no necesariamente vía aumentos salariales, y afirmó que la figura de outsourcing o contratación por producto de terceros, es necesaria, es la nueva tendencia mundial y llegó para quedarse.”⁶²

Es necesario analizar tres puntos sobre las declaraciones de Lozano sobre la reforma laboral. En primer lugar, se señala que para salvar a las empresas los trabajadores deben sacrificar sus contratos y condiciones salariales. En otras palabras, para que el capital internacional sigua obteniendo tasas de explotación exorbitantes en México, los trabajadores deben renunciar al contrato colectivo, a su derecho de pertenecer a un sindicato y las pocas prerrogativas que la clase trabajadora conquistó por lo menos los últimos dos siglos a través de luchas y batallas sangrientas contra los gobiernos represores, en todas las naciones del mundo. En resumen, la propuesta es desaparecer las conquistas sindicales, para elevar las ganancias de los capitalistas. Los grandes capitalistas en México no sólo han demostrado una gran incapacidad productiva para contribuir al crecimiento de la economía, sino que han protagonizado uno de los más grandes escándalos de fraude financiero en la historia a través del rescate por parte del gobierno a los bancos, las concesiones carreteras, y los ingenios azucareros. Para el 2005, la deuda a los bancos ascendía a 733 mil millones de pesos, el equivalente al 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de México; la expropiación de los ingenios azucareros por parte del gobierno tuvo un costo fiscal en diciembre de 2005 de 15 mil 591 millones de pesos; la deuda interna pública asumida por el gobierno para el rescate carretero ascendió a finales de 2006 a 178 mil 289.3 millones de pesos.⁶³ A pesar del atraco que ha sufrido el erario público por parte de funcionarios y capitalistas, todavía se tiene el descaro de pedir a las clases trabajadoras que sacrifiquen sus salarios y condiciones laborales para salvar a las empresas.

En segundo lugar, se menciona de forma desvergonzada, que los trabajadores pueden mejorar sus ingresos mediante la productividad y no con aumentos salariales. Por lo pronto, se desvanece cualquier posibilidad de un aumento salarial decoroso acorde con los índices inflacionarios que está padeciendo la economía mexicana. Los aumentos a la canasta alimentaria básica, como consecuencia del aumento de los energéticos, es una realidad que desconoce el gobierno, pero que padecemos de forma cotidiana las familias más pobres (lo cual representa en México, más de la mitad de la población). ¿Pero cómo andan los salarios de las clases trabajadoras en México? “Entre 1997 y el 2006, el salario mínimo mexicano se depreció más del 75%, lo cual representa una de las caídas más brutales del poder adquisitivo en el mundo. Si se considera que en México en el año 2007 el salario mínimo general es de 48.88 pesos, representa aproximadamente 0.51 dólares por hora. En Alemania el mínimo es 21.11 veces mayor, en Japón 15.67 veces mayor, en Estados Unidos 11.39 veces más, y en Brasil 2.89 más que en México. Hace 20 años con el salario mínimo diario se podía pagar 27 kilos de tortillas, mientras que en el 2007 apenas alcanzaba para 7 kilos. Para regresar al nivel salarial de 1977, se necesita que el salario mínimo general subiera por lo menos a 250 pesos diarios.”⁶⁴ Con estos salarios de hambre que padece actualmente las clases trabajadoras en México, la propuesta de Lozano, es que el aumento de los ingresos sea vía la productividad, es decir, agrandando la jornada de trabajo (plusvalía absoluta) y aumentando la intensidad de explotación (plusvalía relativa). Pero la ACE firmada por Gordillo y Calderón es más drástica que las propuestas de Lozano, ya que con la propuesta de escuelas de tiempo completo, en horario discontinuo, fuera del horario de clase y en fines de semana, el magisterio va a trabajar más tiempo y de forma más intensiva, sin recibir mejoría salarial alguna.

En tercer lugar, es importante señalar el retroceso laboral que significa la contratación por producto de terceros. Bajo esta figura, se elimina la antigüedad laboral, el servicio médico, el derecho a una jubilación digna, a la indemnización por accidentes de trabajo, la protección de los familiares en caso de fallecimiento del trabajador. En resumidas cuentas, con la contratación por producto de terceros desaparece la seguridad social y el trabajador queda al garete de los caprichos del patrón. Renace las condiciones de esclavitud laboral de las que por siglos a padecido la humanidad. Esa es la reforma laboral que presenta el gobierno, haciendo énfasis que estas nuevas condiciones de explotación, son una moda mundial que llegó para quedarse.

La certificación de competencias laborales que propone la Alianza, es el prólogo trágico a la reforma laboral, donde el magisterio va a ser despojado de su plaza, del contrato colectivo y del derecho a construir un sindicato libre y democrático. Lo más lamentable es que el mismo SNTE está rubricando su acta de defunción, al poner en práctica las políticas neoliberales dictadas por el gran capital.

La contratación anual de los docentes, vías la certificación de competencias laborales, se va a convertir en manos de Elba Esther Gordillo en un instrumento de control político, que va acrecentar el poder y la corrupción del SNTE, convirtiendo al sindicato magisterial en una agencia política de promoción y manipulación de votos.

Incentivos y estímulos

Bajo este proceso prioritario, se platea reformar de forma drástica, los programas de estímulo al desempeño docente, como Carrera Magisterial.

Anteriormente el programa de Carrera Magisterial contemplaba para los docentes frente agrupo, seis factores a evaluar: antigüedad con 10 puntos, grado académico con 15 puntos, desempeño profesional con 10 puntos, aprovechamiento escolar con 20 puntos, cursos de actualización con 17 puntos y preparación profesional con 28 puntos. Ya de por sí, la ponderación de los diferentes factores era totalmente inequitativa e injusta, por ejemplo se le otorgaba un valor de 17 puntos a los cursos de actualización (uno nacional y otro estatal), mientras que al máximo grado de estudios (nivel de doctorado) sólo 15 puntos. La antigüedad de 30 años en el servicio representaba 10 puntos, mientras que la calificación del maestro en un examen inconsistente que elabora la UPEPE, y que tantas críticas ha recibido, tiene un valor de 28 puntos, etcétera.

Pues bien, el documento de la Alianza establece “reformar los lineamientos del Programa de Carrera Magisterial para que se consideren exclusivamente 3 factores: aprovechamiento escolar, cursos de actualización y desempeño profesional.”⁶⁵ El aprovechamiento escolar con un valor de 60 puntos, los cursos de actualización con 20 puntos y el desempeño profesional con otros 20 puntos. Se desconoce la antigüedad, el grado académico y la preparación profesional del profesorado para poder acceder a mejores condiciones salariales. En primer lugar habría que señalar que la reforma a Carrera Magisterial afecta a los docentes con mayor antigüedad, despreciando la experiencia académica. Se golpea a los más viejos. La reforma educativa además de agresiva es racista. En segundo lugar, se deja de considerar la preparación académica, por lo que la profesionalización del magisterio vía los cursos de posgrado (especialización, maestría y doctorado), dejan de tener sentido para los docentes de educación básica. Se eliminó de un plumazo el modelo constructivista de formación de docentes, donde la práctica y la investigación deben ser procesos complementarios. En tercer lugar, las reformas al Programa de Carrera Magisterial sólo van a beneficiar a los docentes que laboren con los estratos de la población más favorecida. Para dar cuenta de tal inequidad, basta un ejemplo. Según los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), una escuela primaria ubicada en el centro de la ciudad de Chihuahua, con una clave de centro de trabajo 08DPR1994S, turno matutino, reporta para el año 2008, una puntuación en español de 557 para tercer grado con una media nacional de 516; para cuarto grado 589 con una media nacional de 498 puntos; para quinto grado 550 con una media nacional de 516 puntos y para sexto grado 556 con una media nacional de 507 puntos. En todos los casos la puntuación de la escuela se encuentra por encima de la media nacional. Mientras que otra escuela ubicada en una colonia popular de la misma ciudad, con una clave de centro de trabajo 08DPR0034F, turno matutino, reporta una puntuación en la misma asignatura y año, de 525 en tercer grado; 543 puntos en cuarto grado; 513 puntos en quinto grado y 521 puntos en sexto grado. En comparación con la primera escuela se reporta una diferencia negativa de 32 puntos en tercer grado, 46 puntos en cuarto, 37 en quinto y 35 puntos en sexto grado. En promedio, hay una diferencia de 37.5 puntos a favor de la escuela primaria ubicada en el centro.⁶⁶ De estos resultados qué se puede concluir: ¿Qué los docentes que prestan sus servicios en una escuela ubicada en un sector de nivel socio económico favorecido, tienen mejores prácticas educativas en función del aprovechamiento escolar reportado por los resultados de ENLACE? ¿O que los resultados de ENLACE tienen una correlación estadísticamente significativa, con el nivel socio económico de los estudiantes? Pues la investigación y la ciencia apuntan a confirmar la segunda pregunta, pero las propuestas del gobierno y de los líderes del SNTE, castigan a los docentes que trabajan en los contextos desfavorecidos. Lo que está demostrado por la ciencia, es que los docentes no son el único factor que influye en el bajo aprovechamiento escolar, pero la Alianza de Gordillo y Calderón, sólo culpa a los docentes de esta problemática, desdeñando los alarmantes índices de pobreza y desigualdad social.

Pero ¿cómo están las condiciones salariales del magisterio y qué tanto ha contribuido el Programa de Carrera Magisterial a mejorarlas? Para la décimaquinta etapa del Programa de Carrera Magisterial, de 1 125 790⁶⁷ maestros de educación básica 372 974 (33.13%) no se encuentran en ningún nivel; 438 830 (38.98%) pertenecen al nivel A; 179 000 (15.9%) al nivel B; 14 982 (1.33%) al nivel BC; 84 420 (7.5%) al nivel C; 30 447 (2.7%) al nivel D y 5 132 (0.45%) al nivel D. ⁶⁸ Para acercarse de forma objetiva a las condiciones salariales del magisterio en México, hay que considerar que el salario base en el nivel A de Carrera Magisterial, en el 2008, es de 3 549 pesos a la quincena. Por lo que si se suman el 33.13% de los docentes que no han podido ingresar a Carrera Magisterial, más el 38.98% de los docentes del nivel A, se tiene que el 72.13% de los docentes, es decir 811 807 maestros de educación básica, perciben no más de 7 000 pesos al mes. Si se toma en cuenta este salario como el único ingreso familiar estable, con tres miembros en promedio por familia, se tiene un ingreso de 2 333 pesos mensuales por persona, y 77 pesos diarios para satisfacer las necesidades alimenticias, de salud, de educación, de vivienda, de vestido y de trasporte. Por tanto, la inmensa mayoría del magisterio en México, vive en condiciones de pobreza de patrimonio. A pesar de los magros resultados para mejorar las condiciones salariales del magisterio, el gobierno en contubernio con los líderes del SNTE, imponen una reforma educativa, que va a provocar que la promoción en Carrera Magisterial, se vuelva prácticamente imposible.

También se pretende “estimular el mérito individual de los maestros en función exclusiva de los resultados del logro académico.”⁶⁹ Se pretende que los estímulos salariales del magisterio, sean en función exclusiva sobre los resultados que los estudiantes demuestren a través de ENLACE. También se propone que los estímulos salariales no sean permanentes, por lo que cada ciclo escolar el salario de los maestros estaría sujeto a revocación. Ángel Díaz Barriga, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, declara que “inclusive habrá un bono anual para los profesores cuyos alumnos obtengan los mejores puntajes. La alianza establece que ha partir del ciclo escolar 2008–2009 se creará el programa de estímulos a la calidad del docente, el cual consiste en beneficios económicos, independientes del salario, que no podrían constituir un ingreso fijo, regular ni permanente.”⁷⁰

En el fondo este sistema de estímulos salariales temporales, en función exclusiva de los resultados de ENLACE, fomenta el individualismo y viola la constitución. Según el artículo 123 constitucional, “los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos.”⁷¹ Es decir, el gobierno no puede aumentar y disminuir los salarios a su antojo, lo ganado ya no se quita, según la constitución. Por eso la Alianza de Gordillo y Calderón es inconstitucional.

Con los estímulos salariales en función exclusiva de los resultados de ENLACE, se premia a los contextos favorecidos y se castiga a los pobres por ser pobres. Hasta dónde llega la simpleza de las políticas educativas en México.

Salud, alimentación y nutrición

En este aspecto la novedad es que el gobierno se compromete a “fortalecer el programa de desayunos escolares para impulsar menús equilibrados que influyan en la formación de hábitos alimentarios adecuados y que contribuyan a la prevención del sobre peso y la obesidad.”⁷² Sin embargo el mismo programa muestra que “en México se estima que, de un total de 9.4 millones de niños menores de 5 años, 472 mil (5%) tienen bajo peso; 1.19 millones (12.7%) baja talla y; cerca de 153 mil (1.6%) desnutrición aguda.”⁷³ De un total de 15 764 968 niños escolares de 5 a 11 años, 817 300 (10.4%) niños y 751 100 (9.5%) niñas sufren de baja talla o desmedro. Por lo que se tiene un total de 2 758 400 niños menores de 11 años a nivel nacional, con problemas de desnutrición. Pero el problema se agrava en algunas entidades federativas. En Chiapas 197 100 (25.4%) niños escolares de 5 a 11 años; en Guerrero 137 300 (22.4%) niños y en Oaxaca 139 400 (22.4%) niños, sufren de baja talla o desmedro. En México predominan los niños escuálidos, flacos y desnutridos a los cuales les va a caer de maravilla el programa educativo de vigilancia del sobrepeso y la obesidad. En un país con población mayoritariamente pobre, las ocurrencias del gobierno y del SNTE son ofensivas.

Ahora bien, la Alianza también se propone fortalecer el programa de desayunos escolares, que ha estado implementando la Secretaría de Salud (SS) y el DIF. ¿Pero qué tanto ha respondido este programa a las necesidades de la población infantil en México? Según datos que proporciona el CONEVAL, en el año 2007 se atendieron a 6 069 054 infantes, por lo que se cubrió un 100.6% de la población programada.⁷⁴ Pero si se toma como referencia la población matriculada en el sistema educativo nacional en ese mismo año, se tiene a 25 380 505 alumnos en educación básica.⁷⁵ Por lo que el programa de desayunos escolares estaría atendiendo sólo al 23.9% de los niños escolarizados. Por supuesto que se deja de considerar a los niños que nunca asistieron a la escuela y a los que abandonaron la primaria y la secundaria antes de concluirla. En pocas palabras, las cifras del gobierno se vuelven pura demagogia, es decir, discurso sin recursos.

Ahora bien, si uno de los propósitos de la Alianza es combatir el sobre peso y la obesidad en la infancia, era de esperarse que el gobierno prohibiera la venta de productos chatarra en los establecimientos escolares. Para sorpresa de todos, Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP, declaró públicamente que “la prohibición de cierto tipo de alimentos no es el mejor camino para evitar el sobre peso y la obesidad.”⁷⁶ Resulta contradictorio el discurso oficial, por un lado pretenden combatir el sobre peso y la obesidad en los niños escuálidos de México, y por otro, se niegan a prohibir la venta de productos chatarra en las cooperativas escolares.

El asunto más grave es que el gobierno está fomentando la privatización de las cooperativas escolares. Según declaran Lilia Villalva, Luisa Castillo y Valentín Chávez, integrantes de la sección 19 del estado de Morelos, “la alianza impulsa la radicalización de las cooperativas escolares, para crear tiendas concesionadas a empresas, con lo que alentaría el consumo de productos chatarra en los niños, lesionando su salud.”⁷⁷ El problema de fondo es que el gobierno quiere convertir a las escuelas en una microempresas donde la vida cotidiana se regule en torno a la tasa de ganancia.

De estos análisis se desprenden más argumentos que debelan cómo la Alianza tiene un carácter privatizador, violando los derechos y prerrogativas constitucionales del magisterio, que tratan de ocultar con un discurso demagógico y contradictorio.

Condiciones sociales para mejorar el acceso, permanencia y egreso oportuno

En lo concerniente a este rubro, se propone el “fortalecimiento del componentes de becas del programa Oportunidades.” Es decir, el problema de la pobreza en México y la falta de oportunidades para las clases sociales más golpeadas por el sistema social, el gobierno propone disfrazarlo con un paliativo populista.

¿Pero cómo anda el problema de la pobreza y la desigualdad social en México y el mundo, y qué tan oportuno resulta el programa de Oportunidades? Según datos del Banco Mundial, había mil 400 millones de personas –un cuarto de la población del mundo en desarrollo- viviendo con menos de 1.25 dólares por día en el 2005.⁷⁸ Según el Fondo Monetario Internacional, en América Latina 44 de cada 100 personas pueden considerarse pobres, y por lo menos 20% del total, esto es, uno de cada cinco, se encuentran en situación de pobreza extrema. ⁷⁹ Según declaraciones de Axel van Trotsenburg, director del Banco Mundial para México, “44 millones de mexicanos siguen sumidos en la pobreza en medio de una persistente y sustancial diferencia de desarrollo entre regiones y grupos étnicos y en un entorno de inequidad en que sólo 4 de cada 10 ciudadanos en edad de trabajar tienen acceso a la seguridad social.”⁸⁰ El problema es que en el mundo, en América Latina y en México más del 40% de la población vive en condiciones de pobreza. Esta parte de la población, a la que por cierto no llega la ayuda gubernamental más que en tiempos de proselitismo electoral, no requiere de becas, sino de mejores oportunidades de empleo bien remunerado y digno, para salir de la pobreza. En contra parte 200 empresas trasnacionales de diversos países industrializados, sobre todo de Estados Unidos, concentran el 40% del PIB mundial.⁸¹ En México según la revista Forves, los 11 hombres más ricos poseen una fortuna equivalente al 5.4% del PIB del país. Sus negocios, cuyos activos ascienden a 100 mil millones de dólares, representan dos terceras partes del presupuesto federal.⁸² Según reportó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 180 mil personas en México, que equivale al 0.17% de la población total del país, acumuló al cierre del primer trimestre del 2007, inversiones en la Bolsa de Valores por 3.7 billones de pesos, monto que representa el 40% del PIB nacional.⁸³ Así pues, en México y en América Latina, nos ubicamos en la región más desigual del mundo, con una brecha insalvable entre los más pobres y los más ricos.

En un seminario convocado por el grupo Santander se sostuvo que “en América Latina, una parte del mundo en la que viven 500 millones de personas, la desigualdad en la distribución de los frutos del crecimiento económico no cede. Incluso ahora el reparto de la riqueza es peor que hace tres décadas.”⁸⁴ ¿Y qué propone el gobierno para combatir la tremenda desigualdad social en México? ¿Más y mejores empleos? No. ¿Mejores condiciones crediticias para pequeños y medianos empresarios? No. ¿Ayuda efectiva para los jornaleros agrícolas y pequeños campesinos? No. ¿Redistribuir la riqueza con políticas fiscales más equitativas? No. El programa de Oportunidades para abatir la pobreza en México.

¿Y cómo andan las oportunidades de empleo en México? Según información del INEGI, el desempleo abierto afectó en el 2004 a un millón 144 mil personas en todo el país. La situación se agrava para el medio rural, donde hay 2 millones 468 mil trabajadores menos que en el año 2000, situación que ha provocado, según datos proporcionados por el Consejo Nacional de Población, que 390 mil personas estén emigrando anualmente a Estados Unidos, en busca de empleos.⁸⁵ ¿Y qué les ofrece el gobierno a los hijos de estos miles de campesinos desempleados, que se ven orillados a emigrar del país en busca de mejores condiciones de vida? Una beca del programa de Oportunidades. Según reporta la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en el bimestre de julio y agosto del 2008, el programa de Oportunidades benefició a 4 890 902 personas.⁸⁶ Lo cual representa el 4.7% de la población total en México (103 263 388 habitantes para el año 2005). Ahora bien, de la población con empleo en México, 6 de cada 10 personas se encuentran en la economía informal, sin seguridad social, ni estabilidad laboral, viviendo a la sombra de la economía formal.⁸⁷ Es evidente que el programa Oportunidades es un paliativo populista, que oculta el problema en vez de resolverlo.

¿En qué condiciones se encuentra la niñez en México y el mundo en medio de la tremenda desigualdad social y la falta de oportunidades? La Organización Mundial del Trabajo (OIT), reporta que hay más de 200 millones de niños trabajando en el mundo y, la mayoría realiza tareas que son dañinas para su desarrollo mental, físico y emocional. El 70% de los niños laboran en la agricultura, actividad que es considerada uno de los tres sectores más peligrosos junto a la minería y la construcción, por las muertes y las lesiones que ocasionan.⁸⁸ En México, según datos del INEGI, al cierre de 2002, alrededor de 3 millones 300 mil niños tuvieron necesidad de trabajar, uno de cada seis niños de entre 6 y 14 años de edad.⁸⁹

La cantidad de niños que se ven obligados a incorporarse a la vida laboral, es un indicador de los altos índices de pobreza infantil. Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México es uno de los países con las más altas tasas de pobreza infantil en el mundo, al alcanzar el 27.7% de la población.⁹⁰ La pobreza infantil es terreno fértil para la explotación sexual. Según denunció Elvira Luna, representante de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas (FEVIMTRA), se prevé que en México, podrían ser más de 20 mil infantes víctimas de la explotación sexual.⁹¹ El gobierno en México no sólo ha restringido el gasto social para combatir la pobreza infantil, sino que ha dejado impune a las redes del crimen organizado a nivel internacional, que lucran con la explotación sexual infantil. María Eugenia Villarreal, representante regional para América Latina de la Asociación contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes, denunció que “el combate a la explotación y comercialización infantil no es prioridad para los gobiernos de América Latina, incluyendo México, pues los recursos económicos destinados a dicha tarea son notoriamente insuficientes. Existen enormes hoyos en las legislaciones y códigos penales, además de complicidad –por omisión o acción- de las autoridades policiacas, que impiden el desmembramiento y castigo de las redes internacionales dedicadas a estos crímenes altamente violatorios de los derechos humanos.”⁹²

¿Y qué propone el gobierno para combatir la pobreza infantil, la explotación laboral de los niños, la comercialización y la explotación sexual de los infantes en México? Una beca del programa Oportunidades y un programa para combatir el sobre peso y la obesidad infantil. No cabe duda, las ocurrencias de Gordillo y Calderón son ofensivas.

Reforma curricular

Sobre la reforma curricular se adelanta que la escuela debe dar un “impulso a la productividad y la promoción de la competitividad para que las personas puedan desarrollar todo su potencial.”⁹³ La educación del sistema educativo mexicano, por lo visto, queda supeditada a las demandas del sector productivo, a los caprichos de la oferta y la demanda, y a los designios del gran capital, despojándose de todo sentido humanista, desechando la formación de una ciudadanía responsable que asuma la democracia como un sistema de vida, tal y como lo establece el artículo tercero constitucional.

El documento de la Alianza se propone “impulsar la reforma de los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica.”⁹⁴ Una reforma tan importante y trascendente para la vida del país, como nunca antes en la historia de la educación en México, se pretende realizar prácticamente sin consulta de la población involucrada, y a última hora la SEP pretende poner en marcha la reforma integral para educación primaria, mediante un piloteo de 5 mil escuelas en todo el país, durante el ciclo escolar 2008–2009.

La tercera semana de octubre del 2008, durante un curso de capacitación de tres días, la SEP realizó talleres en todo el país, con la asistencia de 29 mil docentes, para poner en práctica la reforma curricular en primaria. Los cambios contemplan aumentar de 800 a 900 horas anuales la carga curricular. El nuevo currículum establece nueve materias: español, inglés, matemáticas, exploración de la naturaleza y la sociedad (que incluyen ciencias naturales, geografía e historia), formación cívica y ética, educación artística y educación física.

Durante el ciclo escolar 2008–2009 se realizará una fase experimental en primero, segundo, quinto y sexto grados de primaria. Los dos primeros para articularlos con preescolar y los dos últimos para ligarlos con secundaria. Para el ciclo escolar 2009–2010 el piloteo se realizará en tercero y cuarto grado, al mismo tiempo se generalizará en los grados restantes. Finalmente, en el 2010–2011 se aplicará la reforma en todos los grados.

Además de los cambios curriculares programados, se introducirá en toda la educación primaria cursos sobre consumo, créditos, hipotecas, ahorros y tarjetas de crédito y débito. Para ello la SEP solicitó la ayuda de la Asociación de Bancos de México (ABM) y del Banco de México. Como primera acción se creó el Consejo Consultivo de Educación Económica y Financiera, conformado por la ABM, la Confederación Patronal de la República Mexicana, los grupos financieros BANAMEX y BBVA- BANCOMER, la SHCP, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, así como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

De la forma más descarnada posible, la planeación de la educación pública se la entrega el gobierno a los grandes grupos empresariales, desdeñando que la gran mayoría de los mexicanos no usan tarjetas de crédito o debido ya que no tienen ni siquiera los ingresos económicos mínimos para alimentarse. José Ángel Pescador Osuna comenta enfático: “una educación en economía que no responda a una verdadera formación integral, no es más que una carga ideológica ajena a la realidad del estudiante y sus familias, cuya inmensa mayoría no discute en ese núcleo cómo usar la tarjeta de crédito.”⁹⁵

Un grupo de reconocidos expertos en educación, adscritos al Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, entre los que se encuentran María de Ibarrola, Eva Taboada, Germán Álvarez, Ariadna Acevedo, Alejandra Pellicer, David Block, Eduardo Weeis y Susana Quintanilla, están exigiendo la suspensión de la Reforma Integral a la Educación Básica, entre otros motivos, porque disponer cambios curriculares en plazos perentorios, desata un proceso que promete desmembrar antes que articular la educación básica. Plantean que “el diseño curricular por competencias –como se establece en la pretendida reforma- todavía está sujeto a intenso debate internacional e implica desafíos pedagógicos y didácticos para los que no parece haber ninguna previsión. Además la iniciativa actual se efectúa bajo presión y de manera desarticulada entre diversas comisiones, dependencias públicas y empresas privadas, sin que la SEP asuma la responsabilidad de garantizar su calidad y consistencia.”⁹⁶

Se anuncia con bombo y platillo la “enseñanza del idioma inglés desde preescolar.”⁹⁷ Nuestros diseñadores curriculares desconocen que las investigaciones que han realizado los lingüistas han demostrado de forma contundente, que la enseñanza de una segunda lengua en niños mono hablantes, dificulta la construcción y uso de la lengua materna. Somos intolerantes con la cultura y derechos de nuestros pueblos indígenas, y vamos a asumir la enseñanza del inglés en el currículum de educación básica.

En materia curricular y en economía, México está a lo que dicten los grandes organizamos internacionales.

Evaluación

En cuanto hace al ámbito de la evaluación se establece el acuerdo de una “evaluación exhaustiva y periódica de todos los actores del proceso educativo: docentes, educandos, padres de familia y tutores.”⁹⁸ Nada se dice de la evaluación a las autoridades educativas y dirigentes sindicales que tanto les hace falta. Seguro se podrían identificar a algunos analfabetos funcionales en puestos de primer nivel en la estructura del SNTE.

Se acuerda “generar políticas públicas a partir de evaluaciones objetivas.”⁹⁹ A la basura todo aquello de la evaluación formativa, holística, centrada en el proceso más que en el producto. Hoy medir y cuantificar es sinónimo de evaluar. En el nuevo gobierno el paradigma de evaluación ha sido el examen de ENLACE, confundiendo evaluación objetiva como exámenes cuantitativos. Los resultados de ENLACE los ha empleado el gobierno para desprestigiar a las escuelas públicas argumentando que las escuelas privadas tienen mejor aprovechamiento escolar. Se desdeña las terribles desigualdades socio económicas entre los estudiantes de las escuela públicas y privadas. Según los resultados de la evaluación para el año 2008, en la asignatura de español de el nivel de primaria fue de: primaria CONAFE 435 puntos, primaria general 510.4 puntos, primaria indígena 427.9 puntos y primaria particular de 608.7 puntos. Para secundaria general 517.1 puntos, secundaria técnica 512.6 puntos, telesecundaria 472.9 puntos y secundaria particular 606.6 puntos. Para educación básica, los resultados favorecen a las escuelas particulares. De tales hechos el gobierno deduce que la educación privada es el modelo a seguir.¹⁰⁰

Sin embargo en la educación media superior, en el 2008, con relación a la habilidad lectora, las escuelas públicas obtuvieron una puntuación 9.1% insuficiente, 37.2% elemental, 47.4% bueno y 6.3% excelente. Las escuelas privadas obtuvieron una puntuación de 16.2% insuficiente, 36% elemental, 42.7% bueno y 5.1% excelente. Lo que se puede observar es que la educación pública en el nivel medio superior está por arriba de la privada.¹⁰¹

En educación básica los sectores más favorecidos acuden a las escuelas particulares, poniendo en desventaja a la escuela pública. Sin embargo, a partir del nivel medio superior, se hace evidente la deficiencia de la educación privada. Por tanto, no le funcionó al gobierno su estrategia para desprestigiar a la educación pública.

Por último se pretende “incidir en la calidad educativa con parámetros y criterios de desempeño internacional.”¹⁰² Es decir, que se va a castigar al magisterio hasta que los resultados de México en el examen de PISA, salgan semejantes a los demás países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se desdeña las grandes inequidades económicas y sociales entre México y estos países. Por ejemplo, México tiene un Producto Interno Bruto (PIB) de 768.4 billones de dólares, mientras Estados Unidos, el vecino del norte es de 12,416.5 billones de dólares; México tiene un PIB per cápita de 9,803 dólares y Estados Unidos de 39,676 dólares; México tiene un gasto por estudiante de secundaria de 1,377 dólares y Estados Unidos de 9,156 dólares.¹⁰³ Según publicó la OCDE, “México se ubica en la última posición en gasto por alumno, con una inversión promedio de 2mil 405 dólares al año, frente a una media de 7 mil 527 de los integrantes del organismo mundial.”¹⁰⁴ Es evidente que las grandes diferencias económicas y sociales que distinguen a México de los demás países integrantes de la OCDE, es un factor determinante para los magros resultados de obtenidos en el examen de PISA. Es un error imperdonable tratar de evaluar el nivel educativo de México, con estándares internacionales inequitativos. Es indudable que México padece una terrible desigualdad social, como ninguno de los países miembros de la OCDE, provocando magros resultados educativos. Es necesario hacer ver al gobierno y la sociedad en general, que el deficiente aprovechamiento escolar bajo estándares internacionales, no sólo es un problema educativo, relacionado de forma exclusiva con el desempeño del docente, sino que es el reflejo de la gran problemática económica, política y social que padecen los países subyugados por el imperialismo capitalista.

Las condiciones salariales es lo que debería servir como parámetro internacional. Lo que tenemos en México es un magisterio que en periodo vacacional se brinca la frontera del norte empleándose de jornalero agrícola, para compensar los ingresos que no consigue en Carrera Magisterial, y que con la implementación de la ACE, ni siquiera eso va a ser posible, ya que está obligado a participar en la implementación del programa Escuela Siempre Abierta. La Alianza de Gordillo y Calderón hace patente una visión empresarial de la educación, ajena a la realidad de la mayoría de los mexicanos.

Conclusiones

La Alianza para la Calidad de la Educación, signada por Gordillo y Calderón, tiene un sentido profundamente privatizador, atenta de forma grave contra los derechos laborales y las prerrogativas sindicales del magisterio, así como contra la educación pública del país. Es de tomarse en cuenta la opinión de Olac Fundetes Molinar, ex subsecretario de educación básica y normal de la SEP, cuando afirma que: “Esta propuesta, así como las medidas aplicadas durante los 20 meses de la actual administración federal, entre ellas el fetichismo por la prueba ENLACE, la aplicación de una reforma como la que está en curso a la educación secundaria, los cambios que se diseñan para la primaria y el arbitrario y descuidado examen de oposición para el otorgamiento de plazas docentes, hacen que se planteen para la educación básica, las horas más negras que yo recuerde.”¹⁰⁵ La educación pública en México está sufriendo un embate por parte de los representantes del gran capital, como no se tenga antecedente en los últimos tiempos.

Es importante reiterar que la ACE pone en práctica un modelo empresarial de educación, donde la ganancia y el lucro feroz se anteponen a las necesidades del ser humano y la sociedad. Como señala Hugo Aboites, la Alianza responde “exclusivamente a un modelo empresarial de la educación, donde los maestros dejan de ser los principales actores del proceso de enseñanza para convertirse en gestores que deben cumplir con parámetros de productividad, medida con evaluaciones externas que calificarán si se tiene o no determinadas habilidades y competencias, con lo que se pretende romper con el proceso educativo reconocido en la Constitución, por lo que la lucha contra la ACE no es por una plaza laboral, sino por la defensa de un sistema educativo público y constitucional.”¹⁰⁶

Ha surgido de forma alentadora un movimiento de resistencia contra la ACE, por parte del magisterio en los estados de Morelos, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, el Distrito Federal, Guerrero, Quinta Roo, Baja California, Baja California Sur, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla, Yucatán, Durango, Coahuila principalmente, que promete extenderse a todo el territorio nacional. Hasta el día de hoy, en el que se están redactando estas últimas líneas, el movimiento magisterial en el estado de Morelos lleva 41 días de paro de labores, obligando al gobierno federal y estatal a reconsiderar la puesta en marcha de la ACE. Se estableció una mesa de diálogo entre los más de 20 mil profesores del estado de Morelos y el gobierno, que no fructificó. En cambio, los maestros están convocando a los campesinos, obreros, indígenas y sociedad en general a constituir un frente de lucha que ponga en la picota al sistema social imperante y a sus testaferros, al igual que los hiciera la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Al mismo tiempo la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que aglutina al magisterio disidente, está convocando a una asamblea nacional de representante con sede en el estado de Morelos, con el propósito de aglutinar al magisterio a nivel nacional contra la ACE, la nueva ley del ISSSTE y el caciquismo del Elba Esther Gordillo en el SNTE.

Es de admirar que el movimiento magisterial en Morelos, haya pasado de una etapa contestaría de lucha contra la ACE, a la construcción de un proyecto alternativo de educación. Es necesario que el magisterio, al lado de todos los actores del Sistema Educativo Nacional, construyamos de forma participativa y dialógica un modelo educativo que posibilite un futuro donde no prevalezca el lucro, la opresión y explotación social.

Estoy convencido que la actividad científica entraña un afán irrenunciable por desenmascarar las facetas de la realidad ocultas para el sentido común. La improvisación de este pequeño ensayo tiene el propósito de mostrar el carácter privatizador que le subyace a las políticas educativas que tratan de imponer en contubernio Gordillo y Calderón. Si tal propósito se logró, le tocará juzgarlo al lector, por lo pronto, quedo más que satisfecho si el presente escrito sirve como referente para que alguna persona se incorpore a la lucha magisterial.

Hidalgo del Parral, Chih., a 28 de septiembre de 2008.

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domingo, 30 de agosto de 2009

Alianza por la calidad de la educación: contubernio privatizador

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